Los militares insisten en que a los soldados se les ordenó cruzar el río Ilave porque eran atacados por campesinos con piedras, pero los pobladores, a los que respaldan imágenes de video, sostienen que fue un capitán el que dio la orden sin importarle que algunos uniformados ni siquiera sabían nadar.
“Esta culpa (la) tiene la presidenta ¿hasta cuándo? Tiene que dar un paso al costado, es por causa de este gobierno, que no quiere retroceder, por eso es el culpable”, lamentó el campesino Samuel Canaza al enterarse de que su hijo Juan fue uno los que murieron en las aguas del Ilave.
“A esta señora nunca le vamos a perdonar haber matado a nuestros hijos; esta es una dictadura, nosotros no vamos a parar hasta que se vaya”, dijo la pobladora Bertha Sucari al semanario limeño Hildebrandt en sus Trece.
La tragedia, que cobró la vida de seis soldados de entre 18 y 20 años, todos originarios de la zona, se produjo dos meses después de que 18 civiles murieran en Puno, varios de ellos a balazos, en la represión de movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte y la celebración de elecciones.
Puno, departamento en la frontera con Bolivia con casi 1,3 millones de habitantes, la mayoría indígenas aimaras y quechuas, sigue en huelga desde el 4 de enero, a diferencia de otras regiones, que levantaron total o parcialmente las medidas de fuerza para atender sus necesidades económicas.
“Tenemos un encargo de nuestro pueblo: hacer todo para que la dictadora se vaya; ella nos ofendió cuando dijo que Puno no es Perú, hemos dejado a nuestros hijos y familias para venir a luchar”, advirtió en Lima la dirigente comunal puneña Martha Condori.
Las protestas que estallaron en diciembre, después de que el Congreso destituyera al presidente Pedro Castillo y lo reemplazara por la entonces vicepresidente Boluarte, tuvieron como epicentro a los departamentos del sur andino, donde conviven quechuas, aimaras y mestizos.
En solo un día, el 9 de enero, 18 civiles murieron en choques con las Fuerzas Armadas en la ciudad de Juliaca, la mayor de Puno. Los hechos se desencadenaron cuando un grupo de pobladores quiso tomar el aeropuerto internacional Manco Capac en esa localidad a 3.800 metros de altura.
“Tenemos que proteger a los 33 millones de peruanos, Puno no es Perú”, dijo luego Boluarte en un encuentro con corresponsales extranjeros que la cuestionaron sobre lo que sucedía en ese departamento a 1.500 kilómetros al sur de Lima.
La frase, de la que la mandataria argumentó después que había sido “malinterpretada”, abrió más la brecha entre la capital y una región que desde siglos atrás se siente postergada.
Cuando las cosas pasaban por un momento de calma relativa, la muerte de los soldados atizó el fuego. Según la versión militar, la patrulla, de unos 15 miembros, era hostilizada por pobladores con piedras y palos, por lo que su jefe, el capitán Josué Frisancho, ordenó el cruce a nado del Ilave.
Esa versión es contradicha no solo por los campesinos, sino por un enviado del diario limeño La República, Liubomir Fernández, que estaba en el lugar. Según el reportero, es cierto que hubo intercambio de insultos entre militares y labriegos, pero la distancia entre ambos grupos era tal que no se pasaba de los gritos.
Fernández, quien dijo que recibió amenazas por sus afirmaciones, relató que los soldados fueron enviados para reforzar el poblado de Juli, donde había disturbios, pero en el camino fueron interceptados por campesinos que hicieron valer su mayor número para forzarlos a volver al cuartel.
“Los comuneros, que literalmente los custodiaban (a los soldados), los dejaron en la carretera y la patrulla militar se distanció; cuando se habían alejado algunos efectivos hicieron tiros al aire y todos nos lanzamos al suelo por temor a una bala perdida; no había aimaras cerca de los uniformados, nadie los estaba atacando”, dijo el periodista.
Fue entonces que Frisancho ordenó cortar camino hacia Juli por el Ilave. Varios soldados no sabían nadar bien, llevaban mochilas pesadas y el río estaba movido. Así sobrevino la tragedia.
“Los oficiales no quieren hacerse cargo, están desesperados, no se quieren desmentir, quieren dar otra información; un general dijo que no debemos hablar algo que denigre al Ejército, que no relatemos a detalle todo lo que pasó”, dijo un sobreviviente en declaraciones publicadas por la página de internet Wayka.
“Dicen que la población nos había acorralado, pero no había nada de gente ahí; para cruzar el río la gente estaba dispersa, apenas había unos 20 que nos gritaban ‘asesinos’; el capitán nos mandó nadar, algunos dijeron que no sabían nadar, pero aun así teníamos que cruzar; a mí se me ha he dicho difícil llegar a la orilla con el peso de la mochila y el armamento”, agregó.
Para el ex comandante del Ejército Otto Guibovich, general retirado que fue parlamentario de la derecha, “la principal culpa la tienen los azuzadores”. “Hay una campaña, un ataque internacional que quiere que el Perú se someta al Socialismo del Siglo XXI a la fuerza”, sostuvo.
Las interpretaciones del gobierno y sus aliados sobre la rebeldía de Puno hablan de una supuesta influencia de Bolivia y en particular del expresidente aimara Evo Morales, aunque no presentaron pruebas de respaldo humano o logístico.
Esas lecturas, que contrastan con las que hacen los puneños sobre la postergación y el desamparo como explicación de su malestar, apartan más en el discurso al departamento, en el que, empero, una amplia mayoría, según reportes locales, reivindica su peruanidad y rechaza aventuras separatistas.
Aunque las protestas bajaron de intensidad en el resto del país, el malestar persiste. Un 93% de los peruanos, según las encuestas, exige que el Ejecutivo y el Legislativo se vayan a más tardar en 2024 y no esperen al fin del período en 2026, debido al rechazo popular a esos poderes, que en el primer caso bordea el 76% y en el segundo el 90%.
El Congreso, aliado ahora en su mayoría con el gobierno, dilató la decisión de convocar unas elecciones generales anticipadas.
Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima
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