Al mismo momento que el juez Alejo Ramos Padilla se preparaba para iniciar su exposición en el Congreso donde detalló la red de espionaje ilegal que involucra a Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli e incluye vínculos con el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos, desde esa sede diplomática daban inicio a una actividad con el embajador Edward Prado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el jefe interino de los fiscales Eduardo Casal y jueces y fiscales a quienes la investigación que lleva adelante el juez de Dolores toca de cerca.
La foto del evento muestra la red de relaciones que, en muchos casos, se tejen en el entramado que describió e investiga el juez Ramos Padilla.
De seguro los organizadores del evento en la Embajada no podían prever que coincidiría con la presencia de Ramos Padilla en el Congreso. Pero es igual de seguro que no tuvieron reparo en difundir una foto donde muchos de los que aparecen sonrientes eran mencionados en el mapa del espionaje ilegal que empieza a develar la investigación de Ramos Padilla.
El anuncio del evento figura en la cuenta de Twitter oficial de la Embajada estadounidense, la misma que hace unos días publicó “Perdió Cristina” para luego borrarlo sin dar mayores explicaciones. “Comenzó el taller para compartir experiencias sobre el combate contra el crimen transnacional y el terrorismo. Participaron nuestro Embajador, la Min. de Seguridad argentina y el Procurador General. Un encuentro de intercambio con especialistas de ambos países en materia legal”, contaron desde su twitter oficial. El evento, que también figura en la web de la Embajada bajo el título “EEUU y Argentina, unidos contra el crimen internacional y el terrorismo”, fue auspiciado por el Departamento de Justicia estadounidense.
La propia Embajada se encargó de difundir una foto del evento donde quedan expuestos los asistentes. En en centro figura el embajador Prado, ex juez que en su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense afirmó: “Mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial”.
A su lado, sonriente, Bullrich, quien fue acompañada por Pablo Noceti, su ex asesor dedicado a embarrar, entre otros casos, la investigación por la muerte de Santiago Maldonado, y por Gerardo Milman, número 3 del ministerio. Junto la ministra se ve al procurador interino Casal. Es decir, estaban juntos el superior jerárquico del fiscal Stornelli y a la ministra que, ya se sabe, tuvo varios contactos con D’Alessio.
No se perdió el taller Juan Manuel Olima Espel, Secretario de Coordinación Institucional de la Procuración y, a su vez, titular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), el nombre que el interino Casal eligió para una unidad antiterrorista cuyo objetivo encubierto es la persecución de la protesta social. Esa unidad es una importación Made in USA. No es raro que nombraran allí a Olima Espel. Hace unos días, Horacio Verbitsky publicó una foto de Olima Espel con una gorra de la DEA, la agencia a la que dijo pertenecer D’Alessio.
En su alocución en el Congreso, que se producía a la par de ese taller, Ramos Padilla nombró varias veces a la Embajada de Estados Unidos. Por un lado, contó que le consultó a la Embajada si D’Alessio era miembro de algún organismo de inteligencia de ese país. No obtuvo respuesta. La única versión de que no integra la DEA, CIA, FBI o NSA la dieron Clarín y sus medios satélites, según fuentes diplomáticas que nunca nombraron. Por otro lado, Ramos Padilla recordó la influencia que esa embajada tiene sobre jueces y fiscales, en especial los que concurren a los festejos y a formaciones direccionadas desde el Departamento de Estado. “Fui objeto de operaciones porque voy a la marcha del 24 de marzo, pero aparece como natural que jueces y fiscales vayan a la Embajada de Estados Unidos y reciban instrucción sobre justicia“, dijo. Sabía de lo que hablaba. Estaba sucediendo en ese preciso instante.
Detras del trío Prado, Bullrich, Casal, en la foto aparece Juan Tomás Rodriguez Ponte. Se trata del director de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación”, la DAJuDeCO. En criollo, la oficina de escuchas que, desde que asumió Mauricio Macri, (des)controlan entre la Corte Suprema, la vieja guardia de Comodoro Py y Daniel Angelici. Rodriguez Ponte llegó a ese lugar por su trabajo previo como secretario del juez Ariel Lijo, que tuvo mucha incidencia en el armado de la nueva Ojota, como se conocía a la vieja oficina de escuchas de la SIDE. Por allí pasaron, por ejemplo, las escuchas cuyas supuestas transcripciones llegaron a manos de Elisa Carrió y de allí a la tapa de Clarín, en una operación para boicotear la investigación de Ramos Padilla en la que intentaron instalar que se trataba de una maniobra orquestada por ex funcionarios kirchneristas detenidos. Otro dato no menor es que Rodriguez Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mangano, a quien le tocó (por magia de los sorteos) junto al juez Julián Ercolini la denuncia de Stornelli contra D’Alessio en Comodoro Py y apoya la maniobra para sacarle la causa a Ramos Padilla.
Entre los nombres vinculados al escándalo D’Alessio y que asistieron al evento en la Embajada están el juez Marcelo Aguinsky, a quien D’Alessio mencionaba en sus prácticas extorsivas con el ex despachante de aduana Gabriel Traficante. También el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, que investiga a D’Alessio por lavado de dinero desde hace varios años y participó de los allanamientos que encabezó Ramos Padilla en el country donde vive D’Alessio.
En la foto, en el extremo derecho, se lo ve al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias. En El Cohete a la Luna, Verbitsky contó: “Designado por Gils Carbó a pedido de Comodoro Py, Iglesias generó vínculos con la DEA que la ex Procuradora no alentó. Tal como es su tradición, la organización prefiere comunicarse con niveles medios y no con las cúpulas, para acercar recursos e información en forma inorgánica”. A su lado está Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos.
Se lo ve también a Sergio Mola, recientemente nombrado fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación en un acto al que asistieron, como muestra de la falta de independencia del Ministerio Público Fiscal, la ministra de Seguridad Bullrich, su par bonaerense Cristian Ritondo y el procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand. La periodista Carla Pelliza publicó en El Destape que el “19 de febrero, el titular de la Fiscalía 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Diego Luciani, pidió que Mola se sume como coadyuvante en el marco del juicio oral contra CFK en la causa por una supuesta asociación ilícita para quedarse con plata del Estado mediante la obra pública vial en Santa Cruz. Según los argumentos, lo necesitaban por la ‘multiplicidad de imputados, la calidad y cantidad de letrados intervinientes, la complejidad de las maniobras investigadas, como así la prolongada duración del debate’“.
De los fiscales ascendidos en era Macri también está Mario Villar, actualmente fiscal ante la Cámara de Casación Penal. Sandra Arroyo Salgado, jueza de San Martin y ex esposa del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman, fue también al taller. Sobra recordar los vínculos de ambos con la Embajada y los servicios de inteligencia de ella y su ex marido. Otro que no se perdió el evento es Juan Félix Marteau, abogado que articula el mundo de las pantallas anti lavado de dinero, que fue funcionario en los primeros años de Macri y colocó buena parte del personal jerárquico de la Unidad de Información Financiera.
Por Ari Lijalad, El Destape
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