“Las malas planificaciones y las reubicaciones sin el consentimiento de los refugiados implicados, tienen el potencial de crear una nueva crisis”, ha advertido la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Myanmar (Birmania), Yanghee Lee.
Con estos comentarios, Lee ha mostrado su alta preocupación por el plan del Gobierno bangladesí para enviar el próximo mes de abril a unos 23 000 de musulmanes rohingyas a una zona llamada Bhasan Char, cuyo nombre significa “isla flotante”.
“Hay varias cosas que desconozco incluso después de mi visita, entre las que destaca si la isla es realmente habitable”, ha denunciado la relatora de las Naciones Unidas, cuestionando que el citado lugar no puede albergar a miles de personas.
Más de 900 000 rohingyas se vieron obligados desde el año 2017 a escapar de su país, en su mayoría con destino a Bangladés, cuando el Ejército birmano y las tribus budistas intensificaron su ataques contra esta minoría musulmana, especialmente en el estado de Rajine, en el oeste de Myanmar (Birmania). Durante esos ataques, miles de rohingyas fueron asesinados.
Las malas planificaciones y las reubicaciones sin el consentimiento de los refugiados implicados tienen el potencial de crear una nueva crisis”, ha advertido la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Myanmar (Birmania), Yanghee Lee.
Lee, que está vetada por el Gobierno de Myanmar, también ha asegurado que, desde el pasado mes de noviembre, unos 10 000 civiles han abandonado sus hogares en el estado birmano de Rajine debido a las violaciones y la falta de ayuda humanitaria.
Además, ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que traslade al Tribunal Penal Internacional (TPI) las atrocidades cometidas contra los musulmanes rohingyas y otros grupos étnicos en Myanmar.
En agosto del año pasado, una Misión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar concluyó que el Ejército birmano había llevado a cabo un “genocidio” y otras violaciones graves de derechos contra dichos musulmanes.
En septiembre de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) también abrió una investigación preliminar sobre los crímenes del Ejército birmano contra los Rohingya. Aunque el Gobierno birmano rechazó la jurisdicción de la Corte, ésta aseguró que puede ejercer su competencia sobre el caso.
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