La delegación estuvo integrada por José Schulman de Liga Argentina por los Derechos Humanos; Emanuel Desojo, de Abogados por la Justicia Social de La Plata y Maximiliano Rusconi, de la organización “Iniciativa Justicia”, quienes fueron recibidos este jueves en Lima, Perú, por Diego García Sayán Larrabure (foto), Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidad para la independencia de los magistrados y abogados.
Según el comunicado emitido por los denunciantes luego de la reunión con el Relator de la ONU, uno de los objetivos fue denunciar la “grave situación que atraviesa nuestro país debido a Ia existencia de presas y presos políticos”, en nuestro país a partir de la asunción del Presidente Mauricio Macri.
Complicidad judicial
Durante la reunión con García-Sayán Larrabure, le plantearon diversas denuncias sobre presiones indebidas al Poder Judicial, armado de causas fraudulentas, violaciones al debido proceso y al efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio, además de la persecución a jueces que llevan adelante investigaciones en las que podrían verse involucrados funcionarios del gobierno y/o sus aliados, así como la persecución implementada por el gobierno de Macri, contra sus opositores en la disputa política a través del mecanismo conocido como Lawfare, que utiliza indebidamente instrumentos jurídicos con fines de persecución política.
En tal sentido, para desarrollar este propósito se requiere de un poder judicial cómplice que disponga de jueces que incumplan con su obligación de imparcialidad y fiscales que lejos están de presentar acusaciones fundadas en elementos de prueba, violentando de esta forma, las garantías constitucionales de debido proceso y un adecuado ejercicio del derecho de defensa por quienes deben garantizarlos.
Complicidad mediática
A ello, se suman los medios masivos de comunicación que imponen su hegemonía informativa y creadora de opinión pública al compartir el interés común de desprestigiar a gobiernos y/o dirigentes políticos populares. Claramente la maniobra se completa con la participación del poder político que promueve, con funcionarios y operadores de diverso rango y nivel, el ataque a las y los opositores. Como dato general pero no por eso menos impactante, son los grandes grupos económicos (alineados al capital financiero) y sus aliados políticos quienes encuentran enormes beneficios con este despreciable método.
En la presentación se solicitaron diversas medidas al Relator en el marco de sus competencias específicas, con el objeto de “garantizar la independencia de los magistrados de nuestro país y, en consecuencia, las garantías constitucionales del debido proceso y el ejercicio efectivo de defensa en juicio”.
El Relator recepcionó las denuncias presentadas por los representantes de las organizaciones que formaron parte de la comitiva y solicitó información complementaria que será puesta a su disposición.
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