¿Cómo la intendenta podía desconocer lo que hacía la policía en su territorio?, se preguntan familiares de la masacre de Monte en una carta pública escrita luego de la interpelación legislativa a Sandra Mayol. La intendenta intenta desligar las responsabilidades políticas y minimizar la persecución brutal del 20 de mayo como un acto de personas individuales y no funcionarios públicos que responden a los lineamientos operativos de las políticas de seguridad, las familias denuncian que el operativo saturación —impulsado por el Municipio— sólo puso en riesgo la vida de nuestros jóvenes. Mientras tanto, la causa tiene 13 imputados, 11 con prisión preventiva, entre ellos el ex secretario de seguridad municipal.
El lunes 22, dos meses y dos días después de la masacre de Monte, y luego de negarse a asistir más de una vez al llamado por parte del Concejo Deliberante, la intendenta Sandra Mayol se presentó a la interpelación pública, solicitada por las familias de las víctimas de la masacre, y respondió —sin posibilidad de repreguntas— técnica y jurídicamente el cuestionario elaborado por el cuerpo legislativo.
“Nos fuimos del recinto como llegamos: sin respuestas”, resumen los familiares en una carta pública que dieron a conocer hoy. “La Intendenta mantuvo distancia, no se acercó a los familiares ni ella ni ninguno de todos los funcionarios que la acompañaban- Esos funcionarios a los que sí vimos ayer y a los que jamás vimos en nuestro hogares, dado que -obviamente- los damnificados somos nosotros”.
Ante la acusación de la jefa municipal de “politizar el hecho”, las familias de las víctimas remarcaron que la citación se logró por la lucha de ellos, ante el silencio de todos los representantes del pueblo. Y agregan con indignación: “¿Le parece imprudente ser citada en campaña electoral, sin tener en cuenta la gravedad de la Masacre ocurrida en nuestra ciudad recientemente a manos de la fuerza policial? No deja de sorprendernos”.
En su defensa, la intendenta Mayol intentó desligar las responsabilidades políticas por la masacre, adujo desconocer cómo actuaban las fuerzas de seguridad en su propio municipio y, peor aún, minimizó la persecución mortal del 20 de mayo y el encubrimiento posterior como “actos delictivos” de personas que, circunstancialmente, ejercían funciones públicas pero que no representan ni responden a los lineamientos y prácticas operativas de la fuerza policial en ese distrito.
Sin embargo, las familias insisten en remarcar lo que parece obvio: “[La masacre] no fue un hecho aislado, no fue un policía malo; la cúpula de la policía de Monte fue decapitada y el Subsecretario de Seguridad del Municipio participó de este atroz delito y hoy se encuentra detenido”, dicen en referencia al comisario retirado Claudio Martínez, imputado por encubrimiento tras descubrirse que manipuló las filmaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo.
Recientemente, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe donde se describe de manera minuciosa las prácticas policiales ilegales y violentas previas a la masacre, relevadas a través de testimonios de la comunidad. En la carta pública, las mismas familias señalan que “son demasiados los hechos de violencia policial y corrupción en nuestro pueblo que llegan diariamente a nuestro conocimiento”.
Por un lado, jóvenes y adolescentes reconocen una relación con las fuerzas policiales marcada por la tensión, la arbitrariedad y la violencia. También en las personas adultas está presente la misma percepción: en este caso, hablan de una relación con la policía de Monte atravesada por la corrupción y la discrecionalidad.
Golpes y torturas a jóvenes, requisas ilegales, amenazas y humillaciones, coimas y sobornos, aparecen relatados como hechos rutinarios. Otro dato alarmante es la detención de menores de edad en la comisaría de Monte: entre enero de 2018 y mayo de 2019, 42 menores de 18 años fueron detenidos en esa comisaría en condiciones de absoluta ilegalidad.
Ante la emergencia de cada uno de estos relatos, las familias de las víctimas de la masacre se preguntan: ¿Quién controlaba a quienes debían cuidarnos? Y más importante aún: ¿Cómo puede ser que la intendenta no supiera nada de esto?
Tras la interpelación, queda para ellos una única certeza: la falta de autocrítica. Según familiares, la intendenta, muy lejos de la realidad, “no realizó ningún cambio en la seguridad y, a su entender, la seguridad no fue vulnerada”. La prueba más inmediata de ello es la designación de María Alejandra Cotignola en reemplazo del imputado Martínez.
Cotignola es policía retirada y además es familiar de uno de los agentes detenidos y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos. Desde el primer momento, la CPM y familiares le reclamaron —y lo siguen haciendo— a la intendenta Mayol que revoque su designación. Pero, una vez más, la respuesta de la jefa municipal es el silencio.
En paralelo, y mientras reclaman alguna respuesta del Municipio, las familias siguen empujando el reclamo de justicia. Esta semana, la Cámara de Apelaciones de La Plata rechazó los recursos presentados por la defensa de Claudio Martínez, Manuel Durán, Nadia Gennaro y Manuel Monreal —uno de los dos policías que disparó contra el vehículo y el autor del disparo que impactó en el glúteo de Gonzalo— y confirmó la prisión preventiva para los cuatro.
Actualmente, la causa tiene cuatro policías imputados por homicidio agravado y lesiones graves, y otros ocho policías y el ex secretario de seguridad municipal de San Miguel del Monte por encubrimiento, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica. De los trece imputados, 11 están detenidos; y de esos 11, sólo Gennaro recibió la excarcelación y cumple prisión bajo una medida morigetoria del encierro.
La misma Cámara también confirmó la falta de mérito dictada para los policías Juan Manuel Gutiérrez y Cristian Righero, a pesar de que tanto la fiscalía como todos los particulares damnificados —entre ellos la CPM— habían reclamado que se revierta la decisión del Juez de Garantías Silva Pelozi.
En su resolución, la Cámara sostiene que a esta altura de la investigación “no puede sostenerse que los imputados Gutiérrez y Righero tuvieran conocimiento de los sucesos que se atribuyen a otros funcionarios policiales”. Como sostuvo al momento de apelar la decisión de Silva Pelozi, para la CPM los magistrados no hicieron una valoración contextual de la prueba: iban a bordo del tercer patrullero que acudió al llamado por la persecución del Fiat Spazio, y fueron de los primeros en llegar al lugar donde se produjo el impacto entre el auto y el acoplado. Los dos formaron parte de las diligencias que se realizaron esa noche y mantuvieron diálogos con los compañeros de fuerza que participaron de la persecución, con lo cual resulta improbable que no supieran lo que pasó.
La decisión tampoco toma en cuenta la actitud de los policías en los días siguientes; a pesar de las pruebas que hicieron pública luego de la masacre y que ponían evidencia la responsabilidad policial en el hecho, ninguno de los dos se puso a disposición de la justicia ni colaboró con la investigación aportando lo que sabían por estar en la escena del crimen desde el primer momento.
La justicia y la condena de todos los responsables es una medida reparatoria, también lo es la decisión de revertir las políticas de seguridad que vienen posibilitando la reiteración de estos hechos: “Para que nunca más se les arrebate la vida a nadie mediante el amparo y la complicidad política que sólo teje impunidad”, cierra la carta pública que dieron a conocer las familias de Danilo, Camila, Gonzalo, Aníbal y Rocío.
Carta de los Padres de las Víctimas
Carta abierta de familiares de las Víctimas de la Masacre de Monte:
Con relación a la carta abierta que escribiera la Intendenta de Monte y a la interpelación realizada el pasado queremos manifestar:
En primer lugar queremos destacar que fuimos las familias quienes ante el silencio de “TODOS” los representantes del pueblo exigimos –apersonándonos en el Concejo Deliberante- que se hablase de la más grave violación a los derechos humanos, aberrante y gravísima, ocurrida en la historia de Monte.
Tanto el homicidio y lesiones graves que tuvo a nuestros hijos como víctimas, como el encubrimiento posterior de los hechos y las responsabilidades, fueron llevados a cabo por miembros de instituciones en un accionar corporativo, y por lo cual hoy existen 13 personas imputadas en la causa judicial que investiga lo sucedido –la mayoría de ellas detenidas- de los cuales uno de ellos era el Subsecretario de Seguridad del Municipio; con dependencia directa de la Intendenta y el resto eran efectivos policiales portadores de armas reglamentarias que tenían el deber de cuidar a nuestros hijos y a los de todo el pueblo.
De allí se abrieron un sinnúmero de interrogantes, entre otros: Quién nos cuidaba?
Quién controlaba a quienes debían cuidarnos?. Cómo controlaban?. Alguien controlaba?
Se delegan funciones en alguien y luego no se controla?. Hay informes documentados?
Hay Estadísticas?
Sobre qué diagnóstico se definió el operativo saturación y se instaló más policía de diferentes fuerzas de seguridad en nuestra ciudad? Se tuvo en cuenta que lo único que se logró fue colocar en mayor riesgo la vida de nuestros jóvenes, por su actuar violento y desmedido?
Si no ingresa una denuncia por Mesa de Entradas de la Municipalidad, se desconocen problemas graves que acontecen en un pueblo de 20.000 habitantes?. Se desconoce que la policía detenía ilegalmente a menores de edad y no se comunicaba a sus padres?
Cuáles eran las políticas de seguridad? Cuáles las estrategias preventivas?
Cómo se seleccionaba a los policías que venían a nuestro pueblo? Cómo se garantiza la seguridad de ahora en más?
Qué va a cambiar?
Qué medidas se van a tomar ante el fracaso de las políticas de seguridad
implementada hasta el momento?
Realmente va a cambiar algo?
Fue así que para encontrar respuestas a estos interrogantes, los concejales de distintos bloques votaron por mayoría, la citación formal a una interpelación a la Sra. Intendenta Sandra Mayol, motivados –sin dudas- por nuestro insistente requerimiento y actuando en consecuencia.
La Intendenta pretende que debemos esperar el transcurso de las
elecciones para obtener respuestas.? En serio, le parece imprudente ser citada en campaña electoral, sin tener en cuenta la gravedad de la Masacre ocurrida en nuestra ciudad recientemente a manos de la fuerza policial? No deja de sorprendernos.
Sin dudas es la gravedad institucional de lo sucedido la que llevó al entendimiento de que la presencia de la Intendente frente a los representantes del pueblo elegidos por los ciudadanos era necesaria. No fue un hecho aislado, no fue un policía malo; la cúpula de la policía de Monte fue decapitada y el Subsecretario de Seguridad del Municipio participó de este atroz delito y hoy se encuentra detenido.
Luego de la interpelación en la cual esperábamos que la Intendenta explicara su accionar de gobierno respecto de lo sucedido, nos fuimos del recinto como llegamos, sin respuestas.
No se despejó ninguna duda. Lo que se hizo fue un enorme operativo de seguridad como si fuésemos peligrosos, la Intendenta mantuvo distancia, no se acercó a los familiares ni ella ni ninguno de todos los funcionarios que la acompañaban- Esos funcionarios a los que sí vimos ayer y a los que jamás vimos en nuestro hogares, dado que -obviamente- los damnificados somos nosotros.
Se limitó a leer un cuestionario previamente preparado en el que solo se dijeron palabras en un vocabulario técnico-jurídico, inentendibles para muchas personas comunes que no manejamos términos legales. Los que buscábamos respuestas éramos nosotros. En una especie de reticencia soberbia y como en un contraataque a las preguntas., negándose incluso a contestar repreguntas sino las tenía estudiadas de antemano. Insensibilidad, frialdad, falta de respeto, falta de autocrítica…
Una vez más repetimos que no estamos en contra de una persona, que solo buscamos respuestas respecto del cumplimiento de funciones de quien es la representante máxima del pueblo.
Continuamos sosteniendo que las dudas no se despejaron, entendemos que se está tratando el tema como un hecho aislado y se le intenta restar importancia, no realizó ningún cambio en la seguridad y a su entender la seguridad no fue vulnerada… muy lejos de la realidad.
Pareciera ser que una campaña electoral resulta más importante que asumir las
responsabilidades frente a un hecho gravísimo y reconsiderar como se gestionan las políticas de seguridad del pueblo, respetando los derechos y los ciudadanos y las ciudadanas, Con dolor vemos que no se está a la altura de las circunstancias.
Somos padres, tíos, hermanos, abuelos, hijos, que nos encontramos atravesados por el dolor más grande que puede sufrir una persona, dolor ocasionado no solo por los responsables directos, sino básicamente por políticas de seguridad que generaron las condiciones óptimas para un actuar sin límites por parte de la policía que mostró su lado más crudo el 20 de mayo.
Esas políticas continúan intactas, son demasiados los hechos de violencia policial y corrupción en nuestro pueblo que llegan diariamente a nuestro conocimiento, las que evacuamos con las herramientas que tenemos hasta hoy, con
asesoramiento, acompañamiento y denuncias.
Por eso no vamos a permitir que la máxima autoridad política del pueblo nos diga, como sucedió, que no tenía conocimiento de lo que pasaba en nuestras calles con los efectivos de la policía. Porque si la Intendenta no sabía, es inoperancia, y si sabía es complicidad.
Todo esto exhibe crudamente la incapacidad demostrada para garantizar políticas democráticas de seguridad con garantías para que nuestros jóvenes puedan llevar su vida en libertad en nuestra ciudad.
Por todo esto, no nos vamos a callar, vamos a cuestionar cada política que directa o indirectamente garantice impunidad. Porque nos dimos cuenta que el silencio y la falta de compromiso social, son armas que matan silenciosamente, y somos nosotros, el pueblo, los que mediante el simple uso de la palabra y la pregunta, podemos revertir tal situación.
Para que en el futuro inminente no haya nunca más un Danilo, una Camila, un Gonzalo, y un Aníbal, que se les arrebate la vida mediante el amparo y la complicidad política que solo teje impunidad. Y tampoco una Rocío que deberá convivir de por vida con este dolor inmenso de perder a sus amiguitos a manos de quienes debían protegerlos.
Por memoria, verdad y justicia.
Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal Presentes.
Fuerza Ro!!
El estado es responsable.
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