Además, se agrega el informe del CELS sobre el balance de los juicios desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los muros de impunidad no fueron derrotados totalmente sino parcialmente. Un ejemplo más que didáctico es el rol de los capellanes de las Fuerzas Armadas, sotanas del terrorismo de Estado con Obispos y Monjas. Tres ejemplos en San Luis, el fallecido obispo Juan Laise porque Italia rechazo el pedido de extradición.
En Córdoba, la monja Monserrat Tribo cuando tenía que ser citada no como acusada, sino testimonial, en la causa del nieto de Sonia Torres, se fugó a Barcelona a un convento. Más que obvio el pasaje del avión, de ida, contó con la colaboración económica del Obispado de esa provincia, dado que habitaba en un geriátrico.
Meses después el jefe de la Comisión Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, dejó entrever que el Papa le había pedido para que la monja abra la boca y su conciencia y cuente a quienes había entregado el bebé nacido en la Casa Cuna, que fue CCD.
Inclusive formó una comisión para que aborde la cuestión, como dijo uno de sus miembros a esta agencia. Pasó el tiempo y la promesa quedó en la cruz del olvido.
Tucumán en la megacausa de Jefatura II y Arsenales II, gracias al presidente del Tribunal Gabriel Dante Casas fue absuelto el sacerdote José “Pepe” Mijalchuck, quien fue visto por sobrevivientes de aquellos CCD y sin embargo fue absuelto por falta de pruebas, según Casas, lo que no compartió el juez Juan Carlos Reynaga, integrante del Tribunal.
Durante el proceso judicial, la Iglesia organizó una campaña de defensa que incluía caravanas de colectivos. El “padre Pepe” fue denunciado en 2005 ante la justicia federal, sin embargo, un año después fue nombrado “Prelado de Honor de Su Santidad” por el papa Benedicto XVI.
Mientras se encuentra en proceso de instrucción, al juez federal de Tucumán, Manlio Martínez, en las causa por los hermanos Isauro y Arturo Arancibia, ambos docentes, asesinados en la sede del sindicato ATEP, el 24 de marzo del 76 en la misma es querellante CTERA, y el fusilamiento de combatientes, por no cumplir con sus obligaciones como magistrado, como todos los jueces y fiscales de la dictadura, la mayoría de ellos en sus cargos antes del 24 de marzo del 76, y no renunciaron, sino todo lo contrario. Cruzaron el Jordán, sin pudor alguno.
Lo mismo sucede en Santiago del Estero, la Cámara de Casación Penal anuló la absolución del ex juez federal Santiago David Olmedo de Arzuaga en el juicio por la Megacausa III, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Santiago del Estero.
Los jueces anularon la decisión del Tribunal Oral Federal de la provincia y le indicaron que condene al ex juez. El fallo, firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se produjo en la causa que investigó la responsabilidad de policías, militares y autoridades judiciales en 38 crímenes.
Formosa, los ex jueces provinciales Bernardo Montoya, Sergio Martínez y Jorge Vazquez Rey, imputados por su complicidad con la represión, gozan de impunidad porque los jueces se inhiben para integran el tribunal y por ahora la causa sigue paralizada.
Este año quienes fueron condenados en Salta, el ex juez federal Ricardo Lona a 15 años, en el Chaco al ex fiscal Domingo Mazzoni, a 11, en San Luis, el ex juez federal Eduardo Allende a 15, en la Rioja, al ex juez federal Roberto Catalán, la segunda condena a 4.
Guerrilla fabril
Esta semana la Justicia realizó una inspección ocular a la planta de Molinos en Avellaneda en el marco de la causa de la represión a sus trabajadores y sus familias.
Marco Augusto Vázquez (CGT de la Resistencia), Santos Ojeda y Carlos Espíndola, quienes integraban la comisión interna junto a Freitas y José Pascuarrosa.
También fueron secuestrados y desaparecidos los militantes Francisco Fernández (JTP), Rubén Mattaboni (JTP y Montoneros), Eduardo Rosen (Montoneros), René Albornoz (Montoneros), Roberto Ribolta, Héctor Vidal (PRT) y Humberto Dippólito (FAP). Ricardo Almaraz, José Luis Zalazar, José Vega, Alfredo Patiño, Juan Omar Durante, Carlos Robles, Graciela Vitale, Elba Musaschio (ejecutada y su hija apropiada) y Marta Inés Avila figuran entre los trabajadores de Molinos secuestrados y desaparecidos.
De la planta ubicada en Paseo Colón, en el barrio de Barracas, fueron secuestrados los delegados Juan Pasquarrosa (JTP) y Héctor Dadin Vacere (Organización Comunista Poder Obrero).
Un juicio donde el Sindicato de Aceiteros Capital Federal y GBA es querellante, una presencia sindical iniciada hace más de 5 años en Salta por ADIUNSa, en una megacausa. Un gesto que ahora también se da con la UOM de Villa Constitución, entre otros.
En Corrientes mientras se espera que Casación Penal resuelva la apelación a la inocencia del militar y estanciero Torres Queirel, en el juicio realizado el año pasado, los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín García pidieron la declaración a indagatoria a Navajas Artaza, por represión a los trabajadores de sus empresas en Virasoro.
Cabe recordar que el empresario de la dictadura no fue culpado en el anterior pedido dado que 17 jueces federales del NEA se inhibieron de juzgarlo. Alegaron que no podían intervenir en la causa dado que tenían vinculación con los Navajas Artaza. El último directamente sobreseyó al empresario sin siquiera tomarle declaración indagatoria. En tanto en Jujuy, está previsto una inspección ocular a Mina Aguilar y el Ingenio Ledesma, en el marco del juicio que se está llevando a cabo.
Finalmente, como un ejemplo de que las causas de Lesa Humanidad no tienen almanaque, en Mendoza el Fiscal Dante Vega, incluyó las acciones del terrorismo de Estado en la dictadura del general Lanusse, el secuestro de los militantes Sara Palacio y Marcelo Verd.
En su texto, la historia de organizaciones revolucionarias en los inicios de la década setentista. Dante Vega fue fiscal del juicio de la justicia de la dictadura en esa provincia, condenados a perpetua, también lo fue en el juicio de Paco Urondo, la Masacre de Trelew, entre otros. Un ejemplo de que la memoria es rebeldía contra el olvido y la impunidad.
Por Lucho Soria, ANRed
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