La justicia israelí prevé una pena de (lean bien) hasta dos años por balear por la espalda a un civil desarmado y otros tres por obstruir a la justicia, lo que pone en blanco sobre negro la condición moral del estado israelí.
El Ministerio de Justicia del país hebreo concluyó que la oficial "abusó de su posición, su estado y su permiso para portar un arma, y pisoteó la dignidad de la víctima, aprovechando su debilidad".
Una agente de la Policía fronteriza israelí, que el 25 de mayo de 2018 disparó con balas de goma por la espalda a un palestino desarmado en el puesto de control Al-Zaim, en Cisjordania, fue acusada este miércoles de agresión y uso precipitado y negligente de un arma, según informó el periódico Haaretz, citando al Ministerio de Justicia de Israel.
Tras una investigación, la unidad de mala conducta policial del Ministerio de Justicia concluyó que la oficial –que no ha sido identificada– "abusó de su posición, su estado y su permiso para portar un arma, y pisoteó la dignidad de la víctima, aprovechando su debilidad, solo por el gusto de hacerlo".
El incidente salió a la luz a principios de este noviembre, luego de que el canal 13 News filtrara un video de lo ocurrido. En esas imágenes se puede ver a la agente ordenándole al palestino que se marche, tras ser revisado.El hombre, cuya identidad no ha sido determinada y que nunca presentó una queja, rápidamente se aleja por una carretera vacía, con las manos arriba, mientras otros policías le gritan "¡Lárgate!" en árabe.
Segundos después, el palestino recibe un disparo en la espalda, y los agentes simplemente se dan la vuelta y se van.
¿"Caso excepcional"?
Informes posteriores aseguran que, después que se iniciara una investigación al respecto, la agente involucrada le pidió a sus compañeros que no compartieran lo que sucedió con nadie, y además le mintió a los investigadores sobre el paradero de su teléfono móvil.
Los detectives, no obstante, consiguieron correspondencia intercambiada entre los miembros de ese cuerpo de seguridad, donde se jactaban del incidente.
Tras conocerse el incidente, la Policía de Israel aseguró que se trata de «un caso excepcional, que no representa el trabajo de los agentes de la Policía fronteriza».
El organismo también notificó que la agente fue retirada del servicio y enviada al Ejército israelí, donde había trabajado antes. Otros oficiales presentes en el momento del incidente también fueron removidos de sus cargos o reasignados.
La ex oficial de Policía se enfrenta a un máximo de dos años de prisión por el cargo de agresión y hasta tres años de cárcel por manejo precipitado y negligente de un arma.
Ella y dos de sus colegas están además acusados de obstrucción de la justicia, por lo que podrían recibir hasta tres años tras las rejas.
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