En la sentencia, la CSJ ordenó recientemente a la fuerza de Carabineros de la región de Biobio (en el centro del país), “abstenerse de emplear sustancias químicas para restablecer el orden público, mientras no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente”.
De hecho, la referida orden determina que la limitación se mantendrá hasta que cuenten con un protocolo aprobado por las autoridades de salud.
El intendente de Biobío, Sergio Giacamán, se refirió a la decisión de la Corte Suprema y expresó que le corresponde a Carabineros entregar toda la información necesaria, incluyendo las pruebas sobre si los elementos usados en las protestas han afectado o no a los manifestantes.
“Lo que Carabineros tiene que hacer es demostrar si es que genera algún tipo de afectación y en ese proceso está Carabineros”, declaró Giacamán.
El caso se inició después de que dos jóvenes denunciaran haber sufrido lesiones en la piel tras ser mojados por carros (foto) que lanzaban la mezcla de agua con gas lacrimógeno CS que emplean para dispersar a las multitudes.
Carabineros siguen usando perdigones contra manifestantes en Chile
Los hechos han provocado el recurso de protección por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y tras la apelación de la Octava Zona Policial de Carabineros, prohíbe el uso del gas CS, el cual se adiciona al agua de los “guanacos” y que también se usa en las bombas lacrimógenas.
El pasado 16 de diciembre, el Movimiento de Salud de Resistencia (MSR) de Chile anunció que un estudio científico reveló que el agua lanzada por los Carabineros contra los manifestantes contiene soda cáustica y compuestos de gas pimienta.
Joven chileno pierde la vista por heridas de balines en protestas
De acuerdo con el INDH, la crisis social en Chile ha dejado al menos 26 personas fallecidas y 3449 han resultado heridas por la represión policial desde el día 17 de octubre hasta el 6 de diciembre.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, reconoció el 18 de noviembre los abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, y se comprometió a penalizarlos.
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