Vecinos y vecinas del paraje La Porteña, donde se encuentra la Escuela 33, vienen denunciando desde hace años esta contaminación: “La ordenanza de prohibición de fumigaciones a 150 metros no se cumple, las denuncias se archivan y, ahora, intentan negar estos estudios”, resume Silvia Gómez Ábalos.
En octubre pasado, la comunidad de La Porteña, un paraje rural de Tandil, presentaron una nota ante el Municipio denunciando las fumigaciones con agroquímicos en los límites de la escuela primaria 33 donde asisten sus hijos e hijas. Un expediente de la Municipalidad confirmó pocos días después la “aplicación de agroquímicos hasta el límite entre potrero y escuela”; es decir, a 0 metros de distancia del establecimiento escolar, violando una ordenanza municipal que prohíbe las fumigaciones a menos de 150 metros.
La presentación de los vecinos y vecinas fue después de que se conociera un estudio que relevó la presencia de agrotóxicos en el suelo y agua de 15 escuelas rurales de Tandil; entre ellas, la 33 de La Porteña. “Esto fue importante porque evidencia que la ordenanza no se está cumpliendo y demuestra el daño al medioambiente, a la tierra y la salud”, valora Silvia Gómez Ábalos, vecina de La Porteña.
La investigación, dirigida por la Doctora en ecología Graciela Canziani del área de extensión de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), detectó 16 activos de plaguicidas y su presencia en todas las muestras tomadas. Los resultados permiten inferir que todas o, por lo menos, la gran mayoría de las escuelas rurales de la zona están expuestas a la misma contaminación.
“Entre los 16 ingredientes químicos que detectamos, hay activos de clase 4, 3, y 2; estos últimos, corresponde a la calificación de muy grave para la salud y el medioambiente, como el ácido 2,4 D”, explica Canziani. Y agrega: “Una de los argumentos para cuestionar estos resultados que se utilizó es sobre la concentración, dicen que son concentraciones inocuas, pero no es así; si bien no hablamos de concentración letal aguda, que mata en el momento, son dosis que si bien son bajas, actúan como disruptores endocrinos, es decir afecta el funcionamiento funcional del organismo humano. A largo plazo, genera enfermedades: celiaquía, diabetes, hipertiroidismo”.
Silvia denunció por primera vez las fumigaciones en el campo lindante a la escuela 33 en 2011, en ese momento asistía al establecimiento su hijo mayor. Dos años después fue el padre de otro alumno. Hasta el momento, esas denuncias sólo lograron que el dueño del campo deje de fumigar en horario escolar: “Hace 9 años que llevo a los chicos y siempre se fumigo hasta el alambrado”.
Canziani observa que, esta medida, tampoco representa ninguna situación de seguridad: “La aplicación de plaguicida tiene una primera deriva que es lo gaseoso que queda en la atmósfera. Y a lo largo de los siguientes días, hay derivas secundarias que pueden durar hasta 48 horas y terciarias que, de de acuerdo a las condiciones ambientales, pueden estar en el ambiente varias semanas”, explica.
Pero los efectos de los agroquímicos continúan: “No hay ninguna garantía cierta de cuánto tarda en degradarse el producto en el suelo, pueden tardar hasta tres años en el suelo. Sin embargo, esto tampoco esto es ninguna garantía, porque algunos sustancias se degradan pero los subproductos son más peligrosos, como el ampa en el glifosato”, agrega la bióloga.
En el último tiempo, el agronegocio fue extendiendo las fronteras de cultivo bajo un modelo de producción industrial basado en el uso de sustancias químicas para nutrir el suelo y combatir las plagas.
“Es un método muy dañino, que elimina formas de vida en el entorno ambiental y deteriora el suelo. Hay porcentajes muy altos de pérdida de carbono y otros nutrientes en todos los suelos. Y la pérdida de calidad del suelo impacta también al cambio climático. El sistema dominante de agricultura está contribuyendo al calentamiento global, sacando el carbono del suelo para ponerlo en la atmósfera”, explica Canziani.
A pesar de los intentos por sostener la inocuidad de estos agrotóxicos, las pruebas sobre el daño que producen en el ambiente y la salud se multiplican a diario. En la provincia de Buenos Aires, la situación fue reconocida por distintas instancias judiciales a lo largo de estos años; incluso, en 2012 la Corte bonaerense —máximo órgano judicial—declaró ilegal las fumigaciones con agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
En paralelo, la movilización y lucha de vecinos y vecinas de pueblos fumigados logró que en el último tiempo se establezcan restricciones para las aspersiones aéreas y terrestres. Hay unas 40 localidades de toda la Provincia que sancionaron ordenanzas para determinar una distancia de exclusión de fumigaciones que van de los 50 a los 2.000 metros. Sin embargo, tanto la manda judicial como las ordenanzas poco se cumplen.
El caso de Tandil es un claro ejemplo, no sólo por su incumplimiento, sino porque mantiene uno de los espacios de exclusión más reducidos: el artículo 7 de la ordenanza 12.316 de 2011 prohíbe “la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios”.
“Es una medida muy pobre que no sirve para proteger la salud. Necesitamos una nueva ordenanza que extienda la zona de exclusión y que recategorice la toxicidad de los químicos que se utilizan”, resume Silvia. Y grafica para explicar la situación: “Por ejemplo, la toxicidad del glifosato, el herbicida más utilizado, es muy baja para los daños que produce. El problema es que la toxicidad se clasifica de acuerdo a la dosis letal media, es decir si resulta mortal, pero no contempla los problemas de salud que puede generar su exposición ni el agravamiento a lo largo de los años que incluso puede llegar a la muerte”. El glifosato ya fue considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud y prohibido en varios países.
Luego de exponer los resultados de su estudio, el grupo de investigación de la UNICEN presentó ante el Concejo Deliberante de Tandil un anteproyecto de ordenanza que menciona los 2.000 metros de exclusión para las fumigaciones terrestres y la prohibición de asperciones aéreas en todo el partido. Ese proyecto fue acompañado por vecinos y vecinas de los parajes rurales, y esperan que este año sea tratado por el cuerpo de concejales.
“Queremos también generar conciencia y utilizar ese cordón verde para abastecer de alimentos agroecológicos a la comunidad. Necesitamos construir otro tipo de agricultura, cambiar el modelo productivo porque nada puede sostenerse sin tierra ni agua limpia”, dice Silvia. Y cierra: “Ningún progreso económico es importante si están enfermando a la sociedad”.
(ANDAR)
Publicar un comentario