Comienza a cerrarse así el cerco de la Justicia sobre ciertas figuras del establishment bahiense que desde el comienzo mismo de los juicios por delitos de lesa humanidad lograron, con distintas estrategias, quedar afuera de los procesos o bien ser sobreseídos, mientras la “mano de obra” de los crímenes quedó irremisiblemente atada a las causas.
Tal es el caso del juicio por la Triple A de Bahía Blanca, en el que comparecen, como miembros de una asociación ilícita, cuatro ex integrantes del grupo de tareas informal que intimidaba -y llegó a asesinar- a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Sur, así como a delegados obreros y militantes políticos señalados en terribles listas negras que eran redactadas en una comunidad de Inteligencia represiva de la que Montezanti formaba parte.
Lúmpenes, cobradores de deudas de juego, delincuentes comunes y hasta deportistas del medio bahiense (como Juan Carlos Curzio y Héctor Ángel Forcelli, en la causa que hoy se debate) eran reclutados en reductos nocturnos como el “Rancho X”, el “boliche de Landa”, “La Posta del Chivo” y el “Bowling Center”.
Los matones seleccionados, luego, debían presentarse en las oficinas de la Junta Nacional de Granos, la UOM, la CGT bahiense o el rectorado de la UNS, para firmar su contrato y pasar a cobrar una mensualidad, siempre con la venia de autoridades como el sindicalista y diputado Rodolfo Ponce o el rector interventor de la UNS y del Comahue Remus Tetu, que fueron dos caras muy visibles de la Triple A en el sur del país.
La “pata judicial” de aquella coordinación represiva ilegal que funcionó en Bahía Blanca desde principios de los años ’70 hasta principios de los ’80, estuvo compuesta por ciertos abogados, ciertos jueces y ciertos camaristas como el hoy imputado y procesado Néstor Montezanti.
Cuando algún crimen alevoso de aquella banda paraestatal debía ser investigado (por ejemplo, el asesinato de David Cilleruelo, en plena sede de la UNS), el sindicado como autor material, Jorge Argibay, buscaba como defensor a Montezanti. Si algún procedimiento ilegal –no necesariamente represivo- que se investigaba involucraba a algún miembro de la banda (por ejemplo, a Pablo Argibay, hijo y mano derecha del “Moncho” Argibay), el abogado defensor era rigurosamente Montezanti. Porque ese abogado sabía quién era el fiscal o juez “amigo” con el que había que hablar, para que un expediente fuera cajoneado, para que entrara en vía muerta o para que el acusado resultara definitivamente sobreseído.
Esta vez, los testimonios del juicio oral y las nuevas evidencias fueron tan abrumadoras que el juzgado federal número 1 de Bahía Blanca decidió procesar a Montezanti por ser parte de aquella asociación ilícita criminal que está comprometida en 22 homicidios consumados en Bahía Blanca y alrededores entre 1974 y 1975.
Una novedad importante que aportó el juicio por la Triple A bahiense fue la declaración de un testigo privilegiado como es el psicólogo Daniel Argibay, hijo de Jorge y hermano de Pablo Argibay, integrantes ambos de la asociación ilícita que hoy se investiga.
El relato de Daniel permite examinar la conexión de la represión ilegal bahiense con la represión ilegal en otros ámbitos como La Plata, Mar del Plata y Neuquén. En todos los casos reaparecen ciertos nombres (como el del varias veces condenado Raúl Antonio Guglielminetti) y también estructuras militares (como el destacamento 181 y el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército), que fueron y estuvieron operativas mucho antes del 24 de marzo de 1976.
No casualmente, uno de los primeros centros clandestinos de detención del país funcionó en 1975 en una escuela desafectada de Famaillá, provincia de Tucumán, y recibió el nombre de “La Escuelita”. Ese nombre se repitió en Bahía Blanca a la hora de habilitar un LRD (lugar de reunión de detenidos, en la jerga del terrorismo de Estado) en 1975, y luego en la zona de Neuquén y el Comahue. Hubo “Escuelitas” en donde se concentró, torturó y asesinó a detenidos tanto en Tucumán como en Bahía Blanca y Neuquén.
En una verdadera carrera contra el tiempo (puesto que la impunidad biológica no sólo representa la falta de juicio y castigo, sino la virtual imposibilidad de llegar a la verdad), jueces, fiscales y querellantes comprometidos con las causas de lesa humanidad tratan de acelerar los procesos y de reabrir ciertos expedientes archivados por negligencia o complicidad de funcionarios y referentes de las corporaciones afectadas.
Hay cada vez más conciencia, en distintos niveles del Gobierno y de la sociedad argentina, de que hechos recientes como la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, ocurrida en Bahía Blanca y el área circundante, presenta rasgos comunes con otras desapariciones forzadas y asesinatos consumados hace casi medio siglo.
Por eso, investigar, juzgar y condenar a los responsables de la violencia institucional representa la única posibilidad de comenzar a escribir una página diferente, en Bahía Blanca y en el resto del país. El procesamiento del ex camarista Montezanti va en esa dirección.
Por Oscar Taffetani, Telam
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