Es el cuarto proceso oral y están imputados un policía federal retirado y un ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército
Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tras dar por finalizado el acto de inicio del proceso oral, resolvieron que las audiencias se reanudarán el próximo viernes 26, con las primeras declaraciones de los imputados y testigos. En este juicio intervienen, en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Alejandro Alagia y el auxiliar fiscal Agustín Vanella.
El agente de la Policía Federal Argentina e integrante de la Superintendencia de Seguridad Federal Miguel Ángel Britos llegó al debate oral acusado por el delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía, mientras que el integrante del Batallón de Inteligencia 601 Ariel Darío Pituelli, lo hizo por amenazas con el propósito de obligar a otro elemento del Batallón a “hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”.
Según detalló la acusación, al solicitar el juicio oral, ambos imputados participaron de actividades ilícitas que dependían del Comando I del Primer Cuerpo del Ejército, vinculadas con la “maquinaria estatal del terror, en tanto engranajes del sistema clandestino de represión ilegal instaurado durante el terrorismo de estado”.
El circuito represivo conocido como ABO se denominó secuencialmente "Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”, debido a que cada uno de los establecimientos fue remplazando al anterior. Este proceso oral corresponde al cuarto tramo de la causa sobre crímenes cometidos allí, aunque los hechos se centran en acciones perpetradas en el primero de los mencionados lugares de detención.
El CCD "Atlético" funcionó hasta diciembre de 1977 en el subsuelo de la División Suministros de la Policía Federal, en la avenida Paseo Colón. Fue desmantelado antes de 1978-79, ya que el lugar se encontraba en el trazado de la primera autopista de la CABA en construcción (AU1), bautizada Autopista 25 de Mayo.
Muertes y coacciones tras el cautiverio
A Britos se le imputa su responsabilidad en un operativo ilegal que culminó con el asesinato del perseguido político Eduardo Edelmiro Ruival y la privación ilegal de la libertad a la militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Adriana Claudia Marandet, quien luego de su cautiverio permanece desaparecida. A Pituelli se lo acusa por la coacción que sufrieron las víctimas Alberto Rubén Gildengers y Elsa Liliana Ortega luego de ser liberadas.
La fiscalía sostiene que Britos intervino en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- a Marandet y en el homicidio -agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas- de su pareja Ruival. El hecho ocurrió el 17 de febrero de 1977 en el domicilio de las víctimas, en la calle Pergamino 397 de Capital Federal.
Según detalló el requerimiento de elevación a juicio, la existencia del operativo ilegal que terminó en una muerte y en una privación ilegal de la libertad ya fue comprobada en el histórico Juicio a las Juntas. Ambos casos fueron tratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al gobierno argentino en noviembre de 1978 que se pusiera en libertad inmediata a la señora de Ruibal o fuera sometida al debido proceso y se le aseguraran condiciones de detención que no vulneraran los derechos humanos.
En relación con Pituelli, la acusación lo señala por las tareas de seguimiento y control sobre Ortega y Gildengers, ejecutadas luego de haber sido ambas personas liberadas del CCD “Atlético” entre el 21 de abril de 1977 y agosto de 1977.
El objetivo del agente de Inteligencia era consumar amenazas con el fin de condicionar y limitar la libertad concedida. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que las víctimas “fueron sometidas a coacciones que se velaban eufemísticamente con la excusa de la protección”.
Pituelli realizaba a los perseguidos políticos preguntas vinculadas con la supuesta convocatoria a “citas” militantes, utilizando “la misma lógica de la represión clandestina sistemática instaurada en los centros de detención y tortura: el terror, la despersonalización y cosificación de las víctimas con el horizonte de su despolitización, su aislamiento y reclusión en lo privado”.
Con la fachada de protección y tras la liberación, para el MPF se produjo "la despersonalización y cosificación de las víctimas con el horizonte de su despolitización, su aislamiento y reclusión en lo privado"
“Fue en ese contexto de absoluta vulnerabilidad y temor que Ortega y Gilgengers fueron colocados bajo la ´protección´ de Pituelli, de modo que los controles ejercidos por Pituelli, configuraron un estado de amenaza permanente, latente, destinada a coartar su libertad en un sentido mucho más amplio que la mera locomoción, ligado a la posibilidad de desarrollar un plan de vida autónomo”, se explicita en la pieza del MPF.
El circuito ABO
El circuito represivo ABO tuvo inicio a mediados de 1976. El primer CCD en entrar en actividad del circuito mencionado fue "Atlético", que funcionó hasta diciembre de 1977 en el subsuelo de la División Suministros de la Policía Federal, en la avenida Paseo Colón.
Para 1978 debía estar desmantelado y demolidas las instalaciones, ya que se encontraba en el trazado de la primera de las autopistas proyectadas durante la intendencia de facto del brigadier –fallecido impune-- Osvaldo Cacciatore.
Los detenidos en “Atlético” fueron trasladados unos meses después, antes del inicio del Mundial de Fútbol 1978, a “El Banco”, y finalmente a “El Olimpo”, que era un taller mecánico policial que debió ser adaptado como centro de reclusión clandestina.
“El Banco” funcionó entre fines de 1977 y mediados de 1978, en un predio rodeado por edificaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en las cercanías de la Autopista Riccheri.
Finalmente, el 16 de agosto de 1978, comenzó a funcionar “El Olimpo”, localizado en Lacarra y Ramón L. Falcón, en el barrio porteño de Floresta.
El CCD “Olimpo” concluyó su funcionamiento a inicios del año 1979, cuando fue desmantelado.
En "Olimpo", el sistema represivo ilegal contaba con más organización que en los predios anteriores.
A modo de amedrentamiento, el CCD contaba con una sala de Inteligencia con un cartel que rezaba “Bienvenido al Olimpo de los Dioses”, firmado por “Los Centuriones”.
El coronel del Ejército –fallecido impune-- Roberto Roualdés, afectado al Cuerpo I de Ejército y hombre de enlace con la Armada, se jactó ante Emilio Fermín Mignone, fundador del CELS, cuando éste le preguntaba por su hija secuestrada, de ser “El señor de la vida y de la muerte en el Olimpo”.
En los tres centros fueron perpetrados múltiples crímenes de lesa humanidad: privaciones ilegales de libertad, torturas, asesinatos y violencia sexual, entre otros. Algunos de los verdugos y algunos de esos crímenes pueden ser juzgados y condenados, casi medio siglo después.
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