Por este hecho que configura el presunto delito de negociación incompatible, la procuradora anticorrupción Yudith Villegas Espinoza ha solicitado la detención preliminar de las personas implicadas en el presunto favorecimiento a la compañía Sinopharm.
Ellos son el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay Boza; el exvicerrector de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Alejandro Bussalleu Rivera; el exdirector de Ciencia y Tecnología de la Cancillería, Jorge Jarama Alván; el exrepresentante de la exministra Pilar Mazzetti, Carlos Castillo Solórzano; el exrepresentante del Ministerio de Salud Mario Tavera Salazar; y el exrepresentante de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero funcionario de la Cancillería, Óscar Suárez Peña.
La procuradora anticorrupción elevó el mismo pedido para el suspendido jefe del equipo de ensayos clínicos de la UPCH, Germán Málaga Rodríguez.
Todos fueron inmunizados con Sinopharm –y en algunos casos junto con sus familiares– al margen del programa de ensayos, cuando todavía no se contaba con los resultados clínicos, y cuando todavía no se había oficializado la contratación del producto que propuso el Gobierno de la República Popular China. La hipótesis de la procuradora anticorrupción es que la vacunación anticipada a los funcionarios pudo haber influido sobre la recomendación que hicieron para contratar a Sinopharm, lo que constituiría un grave delito porque había otros productos propuestos: la vacuna rusa Sputnik V y la del laboratorio Pfizer.
“La Comisión Sectorial Multisectorial de la que formaron parte (Cachay, Bussellau, Jarama, Castillo, Tavera y Suárez) tenía como función emitir recomendaciones para el procedimiento de adquisición de vacunas, por lo tanto debían mantener una postura imparcial acerca del producto (vacuna Sinopharm). Contrario a ello, y abusando de su posición dentro de la Comisión Sectorial, se inocularon la vacuna Sinopharm contra el Covid-19”, explica la procuradora en su pedido de detención preliminar.
Grave concertación
El papel de Málaga también es clave, porque él como jefe del equipo de ensayos clínicos de la UPCH solicitó un lote adicional de 2.000 dosis de vacunas, que fueron usadas fuera del proyecto experimental y se aplicaron indiscriminadamente a los allegados, entre ellos a los 6 miembros del Comité Multisectorial.
La Procuraduría Anticorrupción no descarta que la intención era influir sobre los miembros del comité: “(En el caso del) jefe de ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, Germán Málaga, en razón de su cargo habría abusado de su posición al inocularse la vacuna Sinopharm. (Y) habría facilitado que los miembros de la Comisión Multisectorial manifiesten su interés indebido en las negociaciones para adquirir la vacuna Sinopharm, pues permitió que fuesen inoculados no solo ellos sino otros funcionarios y servidores públicos de otros sectores del Estado, así como particulares”, señala la procuradora.
Precisamente, ayer la primera ministra Violeta Bermúdez afirmó que fue la Cancillería la que requirió el lote adicional de 2.000 vacunas de Sinopharm.
El ex canciller Mario López explicó a La República que el requerimiento lo hizo Málaga: “El laboratorio chino consultó al equipo de estudio sobre el número de prototipos de vacuna que se requieren para ser aplicados voluntariamente a los investigadores y personal relacionado a los ensayos clínicos (conforme al acuerdo y protocolo firmado entre entidades privadas, Sinopharm y UPCH). Ante ese pedido, el equipo de estudio solicita a la Cancillería que se responda a Sinopharm que serán necesarios 1.000 prototipos de vacunas, es decir 2.000 dosis”.
A continuación, “la Cancillería, en su calidad de interlocutor con el gobierno chino y con Sinopharm, sirvió únicamente de transmisor del requerimiento del equipo de estudio. De ninguna manera fue la Cancillería la que definió el número de dosis ni los miembros del proyecto a los que se les iba a administrar el prototipo de vacuna. A la Cancillería no le corresponde hacerlo”, apuntó el excanciller.
Para la Procuraduría existe una evidente relación de causa y efecto: los integrantes de la comisión se vacunaron con el producto chino y luego recomendaron contratar a Sinopharm.
“(Los miembros de la comisión) fueron inoculados con Sinopharm incluso antes de que el Estado peruano suscribiera el contrato con Sinopharm para la adquisición de un millón de dosis, pues dicho contrato se perfeccionó en enero del 2021. Hecho que resulta aun más relevante si se considera que a la fecha el Estado peruano está en negociaciones para cerrar un acuerdo por 38 millones de vacunas”, advirtió la Procuraduría.
Un hecho de relevante importancia es que los componentes del Comité Multisectorial se inclinaron por Sinopharm a pesar de que les fueron ofrecidas otras alternativas, de mayor eficacia y mejor precio. Pero parece que los efectos de la inoculación con Sinopharm hicieron que se decidan por el producto chino.
“Es pertinente señalar que la vacuna rusa Sputnik V fue ofrecida al gobierno del presidente Martín Vizcarra en julio del 2020; (…) sin embargo, el gobierno peruano envió una nota diplomática señalando un desistimiento de comprar las vacunas. Pese a dicha negativa, el 29 de enero del 2021, G&P Pharmax ofrece nuevamente la vacuna Sputnik V a la exministra de Salud Pilar Mazzetti. Pero Mazzetti ya se había vacunado con Sinopharm el 12 de enero”, señala la procuradora Yudith Villegas.
Sin embargo, la propuesta rusa, de acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción, sería un mejor producto para inmunizar contra el Covid-19: “La vacuna rusa en fase 3 tiene un 91,6% de eficacia frente a la vacuna Sinopharm con 79% de eficacia, la misma que no ha sido aprobada por ningún organismo internacional, ni la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ya se está aplicando en el Perú”, concluye la Procuraduría Anticorrupción.
Publicar un comentario