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La Defensoría del Pueblo presentó un informe donde denuncia violaciones a los DDHH en la represión de 2019

(19/03/21 - Ecuador)-.El Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.

Esa es una de las conclusiones de la comisión creada por la Defensoría del Pueblo para investigar las protestas de octubre del año 2019, que se produjeron luego de que el Gobierno emitiera un decreto que elevaba el precio de los combustibles.

Según el informe, ese grupo integrado por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines, Xavier Zavala, denominado Comisión Especial para la Verdad y Justicia, durante los días del paro nacional, registró que se cometieron presuntas violaciones de derechos humanos, principalmente por integrantes de la Policía Nacional contra la población civil.

Conclusiones

En el documento se asegura que la comisión recibió 519 testimonios. De ellos, 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado.

De los 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, el grupo sostiene que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional (75%) y 34 por personal de Fuerzas Armadas (13%).

Además establecieron que al menos 26 personas de entidades públicas no habrían actuado conforme a sus competencias lo que corresponde al 10%, entre ellas personal de la Fiscalía.

De acuerdo con el informe, hubo 123 violaciones al derecho a la integridad personal; 38 violaciones al derecho a la libertad personal; 6 ejecuciones extrajudiciales; 22 atentados contra el derecho a la vida; 3 casos de violencia sexual; 20 lesiones oculares.

Adicionalmente registró que 81 personas sufrieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.

También al menos tres personas habrían sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales y mujeres policías habrían sufrido violencia sexual de parte de los manifestantes.

Recomendaciones

La comisión hizo además varias recomendaciones, entre ellas: que el Estado deba remover obstáculos para judicializar las violaciones de los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad, garantizar el derecho a la protesta, restituir a las víctimas en sus derechos o compensando por los perjuicios sufridos, ofrecer disculpas públicas.

En el marco de la entrega del informe, realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), se difundió un video en el que se mostraron imágenes violentas de las protestas. En el documento se sostuvo que la comisión fue imparcial y realizó su trabajo con enfoque de derechos.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo, al recibir el informe, sostuvo que permitirá determinar y vislumbrar la “actuación ilegal” de agentes estatales que configuraron violaciones a los derechos humanos y que podrían derivar en acciones internacionales de acuerdo con la gravedad de los hechos.

Carrión afirmó que las víctimas exigen a esa entidad y a otras estatales el acompañamiento para judicializar las violaciones a los derechos humanos.

Es fundamental que los procesos judiciales inicien de forma inmediata, y mi apelación siempre a la Fiscalía pero sobre todo a la Función Judicial, para iniciar el correspondiente enjuiciamiento que determine la verdad de lo ocurrido, la responsabilidad del jefe de Estado, del presidente de la República del Ecuador, como máximo representante del Estado, acusado de vulneraciones a los derechos humanos, y con ellos el ministro de Defensa, la exministra de Gobierno, que formaron parte del frente de seguridad interna y externa…

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