Las nuevas reglamentaciones legales son la coronación de una importante lucha social que atravesó de manera transversal a la sociedad.
Interrupción Voluntaria del Embarazo
El anexo del decreto 516/2021 de la ley 27610, sancionada el 30 de diciembre de 2020, contiene los detalles de la reglamentación "del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Atención postaborto" y lleva la firma de la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado.
La normativa precisa de qué manera se va a llevar a la práctica el "ejercicio del derecho a la confidencialidad y las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado". También se dispone cómo se aplicará el contenido de la ley en el marco de "la situación de las personas con capacidad de restringida" y también se fijan cuáles serán "los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia".
En el caso de la objeción de conciencia, "el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante".
"El deber de confidencialidad" que debe cumplir "toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas" por la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por lo cual ningún profesional de la salud "podrá entregar información obtenida en el marco de la atención sanitaria a ninguna persona, salvo que exista orden judicial expresa".
“El deber de confidencialidad es extensivo a toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas en ley. En virtud de este derecho y del deber de guardar secreto profesional, el personal de salud no podrá entregar información obtenida, salvo que exista orden judicial expresa”, es otra de las obligaciones que establece la reglamentación.
El decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y las ministras Carla Vizzotti (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad).
Ley de los 1000 días
El Plan de los 1000 días ofrece acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros tres años de vida de los niños y las niñas a todas las personas gestantes que no cuenten con los recursos necesarios o se encuentren transitando situaciones específicas contempladas por el plan. El objetivo es bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, así como prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico.
Puntos principales:
La Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasará de tener seis mensualidades a nueve para abarcar la totalidad de la gestación.
Se amplía el pago por nacimiento y por adopción a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), hasta ahora excluidas de este beneficio.
Se prevé la provisión pública y gratuita de productos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, como medicamentos, vacunas, leche y alimentos.
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