La movilización, que demanda justicia, partió el 19 de octubre desde la localidad de Cararollo, departamento de Oruro, y prevé ingresar este lunes al centro de la ciudad de La Paz.
El sábado, una delegación de la marcha dejó en la Casa Grande del Pueblo un pliego petitorio de 22 puntos y pidió una audiencia con el presidente Luis Arce.
“Nosotros solo pedimos justicia; ¿hasta cuándo vamos a caminar? Me duele mucho (esta situación); (espero) que estas lágrimas no sean en vano”, dijo entonces entre sollozos Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba).
Luego, el director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, aseguró que se atenderá el pliego petitorio. De hecho, “varios de los puntos ya están siendo atendidos o están en proceso de atención”, sostuvo.
Incluso, el viceministro de Justicia, César Siles, anunció este domingo que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños a las víctimas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –donde se registraron 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.
Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de “cobertura legal” a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.
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