La alianza derechista conformada por el PRO, la Unión Cívica radical, la Coalición Cívica, el Gen y otros socios menores de la derecha y el conservadurismo argentinos violó en sus cuatro años de gestión de gobierno a nivel nacional prácticamente todas las normas de convivencia democrática.
Convirtió el espionaje, el chantaje (en forma de carpetazos), la violencia, la represión y el patoterismo mediático en elementos cotidianos de gestión y para ellos armó una amplísima red de funcionarios, espías, periodistas (autodenominados independientes) y miembros del Poder Judicial.
No se salvaba nadie de esa red de espionaje que incluía organizaciones sociales, comedores sociales, partidos políticos, gremialistas, y cuanto protagonista social pudiera interferir en sus intereses, copiando en este modus operandi las costumbres de sus padres putativos ideológicos (la dictadura cívico militar de la cual los padres de muchos de sus integrantes fueron parte, y algunos de ellos también, por cierto). A Cambiemos - Juntos (por el cambio) solo les faltó asesinar, violar, torturar y desaparecer personas (aunque muchos dirán que Santiago Maldonado dice que no).
Lo cierto es que obscenamente se 'apretaba' a los funcionarios judiciales que no eran parte de su 'proyecto' como el caso de la Procuradora General Gils Carbó o el juez Garzoglio, involucrado en la causa que origina esta nota.
Funcionarios, espías, jueces 'amigos' y fiscales 'del palo' eran parte y todo esto queda al desnudo en esta causa seguida en principio a Hugo y Pablo Moyano y luego ampliada a su abogado defensor, el ex juez federal de Lomas de Zamora Daniel Llermanos.
el propio Llermanos ha dado a conocer una extensa carta abierta que reproducimos a continuación y que detalla puntillosamente con nombre, apellido y cargos a los implicados en esta gigantesca trama paraestatal para llevar a prisión a sus defendidos.
Resulta indignante como ciudadanos leer, informarse, sobre el descarado abuso de poder del gobierno de la alianza derechista; mucho más aún si se recuerda el cínico discurso moralizante que aún hoy siguen esgrimiendo. Hablando de República luego de haber colocado dos amigotes como jueces de la Suprema Corte por decreto; después de haber obligado a renunciar de manera prepotente y bajo amenazas a su hija a la Procuradora General y colocado a otro amigote como interino como Julio Conte Grand (sigue hasta la fecha) en el cargo y como se burlaban de la sociedad impunemente.
Va llegando la hora de decir basta. de reclamar al gobierno nacional medidas claras que desactiven esta suerte de gobierno paralelo donde los cófrades cambiemitas se amparan entre si (como Conte Grand, sosteniendo en el cargo al vergonzante fiscal Stornelli, procesado por asociación ilícita, coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos solo por mostrar un botón de prueba, aunque hay decenas).
Argentina se encuentra en una situación de crisis, jaqueada por una monumental deuda externa contraída por el gobierno derechista de Juntos (por el Cambio, ex Cambiemos) y con una crisis severa institucional, donde se tolera gravísimos hechos de violación de deberes como funcionarios públicos a miembros del Poder Judicial y del anterior Poder Ejecutivo.
Ya todo el mundo llama a los tribunales federales porteños Comodor PRO, y descaradamente los abogados defensores del anterior gobierno y los miembros de esta entente (que aún llamamos judicial) acompañan sus intentos.
Como ya expresamos en párrafos anteriores de esta nota... ¡va siendo hora.
A continuación la Carta Abierta escrita por Daniel Llermanos
Carta abierta
DENUNCIÉ “ARMADO ILEGAL” INSTIGADO POR FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS DE MACRI y de VIDAL.
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, LA ASOCIACIÓN JUDICIAL BONAERENSE y NUMEROSAS ENTIDADES DE DD HH PIDIERON JUICIO POLÍTICO A LOS RESPONSABLES.
La Sentencia del Tribunal de Casación
El 26 de noviembre de 2021, por unanimidad, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, ANULÓ la persecución penal seguida en mi perjuicio –valiéndose de una “causa armada ilegalmente” el 11/2/19 (nro. IPP-07-00-013471-19/00), prohijada por el Fiscal General Sebastián Scalera y funcionarios nacionales- que tuvo “firme apoyo” de los Camaristas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Dres. Alejandro Adrián Rojas y Pablo Alberto Little. El Tribunal ordenó que continúe la investigación el JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO en el marco de la Causa 7129/18 en la que yo soy QUERELLANTE en virtud de haber sufrido la familia MOYANO y el firmante delitos de INTELIGENCIA ILEGAL con el empleo de fuerzas PARAESTATALES.
Antecedentes
El 13 de marzo de 2018 yo había denunciado en el Juzgado Federal que se estaban cometiendo –a instancias del Fiscal General Scalera- en la tramitación de la IPP 00-018870/17-00, conocida como Causa INDEPENDIENTE, numerosos delitos para intentar que los detenidos declarasen falsamente contra Hugo y Pablo Moyano, con el fin de procesarlos y detenerlos. Los hechos denunciados fueron PROBADOS mediante el testimonio de un ABOGADO de la AFI que se encontraba en funciones dentro del Organismo, presentaciones escritas de dos detenidos y numerosos indicios.
Para desacreditar la grave denuncia, Sebastián Scalera urdió con la cúpula del Ministerio de Seguridad de la Nación y los principales Ministros del Gabinete de Maria Eugenia Vidal, numerosas actividades ilegales. Entre otras: 1) La suspensión del JUEZ LUIS CARZOGLIO, la colocación de cámaras de audio y video en la Alcaidía de Melchor Romero. 2) El “armado” del expediente espurio (ahora anulado) imputándome, de manera mendaz, la supuesta comisión de delitos en perjuicio de funcionarios judiciales. 3) El “equipo” de Fiscales de Scalera llegó a pedir TRES VECES MI DETENCIÓN y otras medidas como ALLANAMIENTOS DE MI ESTUDIO y DOMICILIO, medidas que el Juez interviniente, Jorge López, NO CONVALIDÓ porque carecían de fundamento.
Está claro que el “móvil del delito de prevaricato” era encubrir los anteriores delitos cometidos en la causa de Independiente. Scalera contó para prevaricar con el apoyo de fiscales de su Dependencia y el “acompañamiento” de los Camaristas mencionados. La persecución perseguía además otro fin: Revocar el sobreseimiento dictado a favor de Pablo Moyano por la Jueza Brenda Madrid. El primer freno judicial lo puso el JUEZ CARZOGLIO, el segundo el JUEZ JORGE LÓPEZ, el tercero, EL TRIBUNAL DE CASACIÓN.
Pedidos de Juicio Político
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a raíz del desplazamiento del Fiscal General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Enrique Ferrari y la persecución a MOYANO expresó:
“…manifestamos nuestra preocupación (por)… injerencias arbitrarias y por fuera de la norma, tuvo y tiene por objeto direccionar expedientes judiciales de manera selectiva. Asimismo, dicho mecanismo, implicó también el amedrentamiento sistemático, intimidación y presión, hacia aquellos Magistrados y Funcionarios judiciales, cuyos decisorios resultaron contrarios a la gestión gubernamental de turno. Ahora bien, este sistema no se erigió fortuitamente. Forma parte de una trama con hondas raíces en la historia institucional y democrática de nuestro país…los últimos cuatro años de gestión de la alianza Cambiemos…(se) volcaron a injerir irregularmente sobre los poderes judiciales…sus abogados y allegados…” (Carta de la Comisión Provincial por la Memoria -Ley 26827 “Derechos Humanos”- del 15 de julio de 2020, Nota 1672/2020, dirigida al Presidente de la SCJBA Dr. Daniel Fernando Soria. Firman Adolfo Pérez Esquivel, Presidente y Roberto Cipriano García, Secretario).
Luego de la carta citada, recientemente, el 27 de mayo de 2021, con la firma de Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos, Roberto Cipriano García , Victor De Gennaro y Nora Cortiñas –entre otras prestigiosas personalidades- se peticionó el procedimiento de enjuiciamiento previsto en la ley 13.661 de los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert (todos ellos involucrados en la persecución contra Hugo Moyano, Pablo Moyano y el doctor Llermanos) peticionándose el apartamiento preventivo de los nombrados advirtiéndose que la trama delictiva ha sido corroborada por la justicia federal en diversos expedientes tales como el 88/19, a cargo del Juzgado Federal de Dolores y la causa FLP 14.149/2020 -junto con su acumulada 5056/2020-, que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional n° 2 de Lomas de Zamora, y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), ha comprobado mediante sus facultades de control parlamentario, la injerencia ilegal y arbitraria de agencias de inteligencia nacional en causas de Lomas de Zamora como en los supuestos de la llamada Club del Atlético Independiente, bajo el número de IPP 07-00-18870-17. Se ha comprobado la relación sostenida del Fiscal Scalera con representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Ministerio de Seguridad de la Nación, a quienes según sus afirmaciones recibía con cierta regularidad en su oficina, y asimismo denunció la confección de investigaciones secretas y reservadas en las cuales se requería información privada de determinadas personas con la intención de perjudicarlos, presionarlos o influir en sus decisiones.
Se menciona que el Fiscal General Ferrari imputó al fiscal Scalera por hacer investigaciones con objeto de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios, (Doctrina de "Lawfare"), entre otros, en donde han participado Funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera, cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora… declinando la autonomía procesal provincial para asignar la investigación a la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo entonces de Patricia Bullrich …. y la Agencia Federal de Inteligencia.
Se consigna en el informe que uno de los actores principales de dicha trama delictiva, el Sr. Pablo Alvarez -ex jefe de la “barra brava” de Independiente-, apodado “Bebote”, era el indicado para que, mediante la figura mencionada, declarara contra Hugo y Pablo Moyano intentando vincularlos al accionar delictivo y así lograr su detención, y obtuviera luego beneficios procesales, consentidos con el Fiscal Scalera. Esta situación era impulsada por el abogado patrocinante de Álvarez, el Dr. Rubén Resnik, quién según la denuncia presentada por el Juez Vitale, mantenía una estrecha relación personal, profesional y laboral (asesor) con el entonces Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman.
El informe resalta que: Los Sres. Hugo y Pablo Moyano fueron una especie de “objetivo” de la entonces alianza de gobierno nacional, en particular por parte de la cartera de seguridad a cargo de Patricia Bullrich y de la AFI. Respecto de esta última agencia, en el marco del expediente FLP 14149/2020 (conexa causa FLP 5056/2020, del registro del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora) entre las inmensa cantidad de procesamientos dispuestos -alrededor de cuarenta- se verificó la producción de inteligencia ilegal sobre los dirigentes gremiales Pablo y Hugo Moyano, y la interceptación ilegal de imágenes y comunicaciones en la Alcaidía Departamental 3 de La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) durante, al menos, el periodo que va desde el 8 al 24 de agosto de 2018. Allí se encontraba alojado Pablo “Bebote” Álvarez y ante una potencial detención, se alojaría el Sr. Pablo Moyano. En el allanamiento producido en la Alcaidía Departamental de Melchor Romero se hallaron micrófonos y dispositivos electrónicos de vigilancia subrepticios, en la sala de abogados de dicha unidad. Este “alambrado”, como se conoce en la jerga de inteligencia, habría sido implantado por agentes de la AFI, en connivencia con autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y posiblemente, el Ministerio de Justicia provincial. Uno de los motivos habría sido vigilar ilegalmente, entre otros, al imputado Damián Lagaronne, cuyo letrado Facundo Melo, se encuentra procesado junto al ex Director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz. El objetivo principal fue direccionar el testimonio de Lagaronne en perjuicio del dirigente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano. La investigación judicial ha corroborado el doble carácter de agente de inteligencia y abogado de Damián Lagaronne (compañero de Álvarez en la barra brava y privado de la libertad en el mismo penal), del procesado Facundo Melo.
En el relato de los hechos que se le imputan, los Fiscales reconstruyeron que: “Melo se comunicó telefónicamente y grabó sus conversaciones tanto con Paula (a quien sindica como esposa de su cliente) como con el propio Lagaronne. En el transcurso de la conversación Melo realiza repetidas referencias a una causa con trámite en Lomas de Zamora, de la que se considera parte (a tenor de sus dichos), en el marco de la cual estaría “tramitando un arresto”, cometido para el cual le sería de utilidad lo aportado por Álvarez” (…) en oportunidad de prestar sendas declaraciones indagatorias, toda vez que hicieron referencia a un presunto interés de Alan Ruiz en obligar a Melo a interceder ante su defendido en perjuicio de los Moyano. Al respecto, declaró Sáez: “Alan Ruiz empezó a ahondar con el tema de Pablo y Hugo Moyano, estaba muy interesado en ese tema. Ahí es donde tuvo un cortocircuito con Facundo Melo porque quería obligarlo a que él como abogado de uno de los que estaba detenido en la causa de independiente de apellido Lagarone, para que empiece a inducirlo para que declare en contra de Pablo o en contra de Hugo”.
El Juez Carzoglio fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento ante la acción impulsada por el Procurador General Conte Grand. Cabe destacar en relación a esto, que el apartamiento de Carzoglio impulsado por el Procurador se produjo en un trámite exprés dos meses luego de haberse filtrado información sobre sus sumarios disciplinarios en los principales medios de comunicación. Asimismo, el Magistrado denunció la filtración a la prensa de la resolución en la que denegó la detención de Pablo Moyano y amenazas a su familia en relación a dicho decisorio. Allí Ferrari expuso que “el ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano (actualmente procesado por la justicia federal), fue uno de los agentes a los que el Juez Carzoglio acusó de un apriete para detener a Pablo Moyano. Carzoglio relató públicamente que lo habían ido a ver el jefe de asuntos jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano y el de Finanzas Fernando Di Pasquale”.
Señaló también que participó de estos hechos, “Fernando “Chino” Crones, del área de inteligencia del Ministerio de Seguridad, vinculado con Gerardo Millman”. Respecto de ello, Ferrari destacó que la presencia de funcionarios de la AFI en el juzgado de Carzoglio, fue confirmada por las entonces autoridades de la agencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, durante una audiencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, del Congreso de la Nación, celebrada en abril del 2019.
Cabe destacar que el funcionamiento de estas Bases que produjeron amplias tareas de inteligencia ilegal, funcionaron en un período de tiempo en el que se desplegaron muchos de los hechos que los Dres. Vitale y Ferrari denuncian. Más aún, el referido procesado Facundo Melo, abogado de Damián Lagaronne y espía de la AFI, cumplió funciones en la Base AFI de la Ciudad de Quilmes.
Pasos siguientes
Como ya puntualicé, en la Causa 7129, a cargo del Juez Ariel Lijo, soy QUERELLANTE y en ese ámbito estoy solicitando medidas probatorias tendientes a que se procese a funcionarios de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, del MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, el FISCAL GENERAL SEBASTIÁN SCALERA y los Fiscales ROSSI, BISQUERT y Martínez.
Director del diario reporte Sur
Fotografía: Archivo reporte Sur
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