Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte local, informaron que los operativos incluyen la realización de controles de alcoholemia para constatar la aptitud de los conductores, junto con la verificación completa de la documentación del chofer y del vehículo, garantizando que cada unidad se encuentre en condiciones reglamentarias.

Previo a cada salida los inspectores municipales también llevan adelante un exhaustivo control de las unidades, verificando su estado general y los elementos de seguridad obligatorios. Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que los contingentes viajen en condiciones óptimas y brindar tranquilidad a las familias.

Uno de los últimos operativos concretados tuvo lugar en el Club Pucará, donde se efectuaron los controles preventivos y la revisión pertinente antes de la partida de un contingente estudiantil.

Al respecto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó, “En Almirante Brown seguimos potenciando este importante servicio, donde realizamos controles a conductores de micros antes del inicio de los viajes educativos, recreativos o deportivos para garantizar la seguridad de los contingentes y llevar tranquilidad a las familias”. Además, remarcó la importancia de contar con un Estado Municipal presente, que trabaje de manera preventiva y cercana a la comunidad.

De esta manera, la Comuna reafirma su compromiso con la seguridad de los jóvenes que emprenden viajes de egresados y con todos los grupos que se trasladan en el distrito.

Finalmente, las instituciones interesadas pueden solicitar estos controles completando el formulario disponible en: http://www.educacion.brown.gob.ar/solicitudes-escolares o enviando un email a Transito@brown.gob.ar.

Las actividades comenzarán el martes 2 en la Plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este), continuarán el miércoles 3 en la Plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste) y finalizarán el jueves 4 en la Plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

A través de esta iniciativa, las y los lanusenses podrán acceder a toma de signos vitales, control de peso y talla, talleres de alimentación saludable y diversas actividades físicas grupales, entre ellas caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos coordinados por profesores de educación física.

También se ofrecerán charlas informativas sobre acceso al sistema de salud y programas de medicación, además de juegos y actividades lúdicas pensadas para toda la familia. Como en cada edición, se otorgarán turnos para nutrición.

Esta acción forma parte de la política pública que impulsa la gestión municipal para ampliar las oportunidades de cuidado, prevención y bienestar en cada barrio del distrito.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual impulsada por el gobernador Axel Kicillof declara la actividad audiovisual como “estratégica y productiva”; crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones; instituye un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor con representación sectorial y una red de salas y programas de profesionalización.

La norma fue aprobada con amplio consenso político, incluso en un contexto de fuerte tensión legislativa por el paquete de leyes que envió el oficialismo, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal, ya aprobados por el parlamento provincial, y el proyecto de financiamiento, que se cayó el viernes por falta de quórum.

Para el gobierno provincial, el objetivo es claro: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío federal por parte de la administración libertaria.

Dos modelos sobre el rol del Estado en la cultura

El contraste aparece al observar la política nacional: desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.

Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento.

También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo, luego parcialmente revertidas, y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un “sinceramiento” de un sector, según señalaron, sobredimensionado.

Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.

La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita: para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable.

Mientras que para Milei, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe “reducir su tamaño”, “ordenar gastos” y limitar su participación en la financiación de contenidos.

Un capítulo más en la puja Kicillof–Milei

El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos modelos políticos: el peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores estratégicos; los libertarios, a una reducción al mínimo de la intervención pública.

Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un Gobierno cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.

En este escenario, la verdadera “batalla cultural” sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos vacíos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas.

El documento afirmó que el fenómeno “no es aislado” sino parte de un ataque al “corazón productivo nacional”, con impactos severos en la industria, el comercio, el transporte y especialmente la construcción, que perdió más del 16% de sus trabajadores registrados. También cuestionó lo que definió como una narrativa “falsa” del Gobierno en defensa de las PyMES, al señalar que el 70% de los despidos proviene de grandes compañías y que la crisis se explica por el desplome del consumo, los salarios pulverizados y la falta de crédito.

El PJ sostuvo que la reforma laboral que impulsa el oficialismo “no nace en Argentina, nace en Washington”, al vincularla con el pliego de condiciones del FMI. Recordó que la flexibilización incluida en la Ley Bases no frenó la caída del empleo y “aceleró la destrucción de puestos de trabajo”. En ese marco, advirtió que el Ejecutivo busca consolidar “un modelo de precarización donde los trabajadores retroceden: menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

Frente a ese escenario, el peronismo remarcó que no se opone a una reforma laboral sino a “una precarización disfrazada de modernización”. Entre sus prioridades enumeró la recuperación del salario, la reducción de la jornada laboral y la implementación de regímenes que integren nuevas tecnologías con “protección real”, como la desconexión digital, licencias ampliadas, prevención de accidentes y participación en las ganancias. “La productividad no se logra con trabajadores atemorizados, sino con trabajadores formados y protegidos”, expresó.

El comunicado cerró citando a Eva Perón y Juan Domingo Perón, reafirmando que el país necesita “un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos”. Y definió una postura política hacia adelante: “No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.

El operativo estuvo centrado en la oficina que ocupaba Ornella Calvete, hija del señalado como intermediario entre las droguerías y funcionarios en la red de corrupción conocida como "el 3% para Karina"

La medida se llevó adelante en el espacio que utilizaba la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, que renunció de manera intempestiva tras el hallazgo de 700 mil dólares en una de sus varias casas.

Calvete es hija de Miguel Ángel Calvete, a quien la Justicia señala como presunto recaudador de coimas dentro de la trama de corrupción que involucra a funcionarios de la ANDIS.

Los dólares en casa

La exfuncionaria dejó su cargo luego de que trascendiera que, durante un procedimiento realizado el 9 de octubre, la Justicia encontró en el departamento que habita el inusitado monto en dólares y otras divisas. El dato se conoció recién después de las elecciones de medio término y derivó en su salida inmediata del Gobierno.

El operativo de este viernes tuvo como objetivo ampliar el relevamiento de pruebas dentro del Ministerio que comanda Luis Caputo. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes se concentraron en la búsqueda de material informático y documentación que pudiera estar vinculada al circuito de contrataciones bajo sospecha. «Se llevaron computadoras y documentación» para analizar, precisaron.

La trama también alcanza vínculos internos dentro del Ministerio de Economía: Ornella Calvete mantiene una relación de pareja con Javier Cardini, quien luego del escándalo renunció a su cargo de subsecretario de Gestión Productiva. Él dependía directamente del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Con la renuncia de Calvete, el hallazgo de fondos millonarios y los nuevos allanamientos en dependencias oficiales, la causa vuelve a escalar y suma presión sobre el esquema de contrataciones y presuntas coimas que investiga la Justicia federal.

La casta y su órbita siguen intactos

Miguel Ángel Calvete es conocido por sus vínculos con instituciones del comercio minorista y la industria alimenticia. La Fiscalía del caso Andis lo considera el «nexo clave» en el presunto entramado de corrupción. Su hija, Ornella, se incorporó al Ministerio de Economía bajo la gestión de Luis Caputo. Allí asumió roles que la posicionaron en la toma de decisiones sobre políticas industriales y aduaneras, particularmente en Tierra del Fuego.

El patrimonio declarado de la joven en julio de 2025 ante la Oficina Anticorrupción ascendía a unos 46 millones de pesos argentinos y 45.000 dólares. Esas cifras contrastan con los dólares incautados en su departamento del barrio porteño de Palermo por orden del fiscal Franco Picardi.

Tres días antes de ese operativo, el 12 de septiembre de 2025, Ornella había enviado un mensaje a su padre: «Por si entran acá y me ven con la mosca… Digo que me la prestó alguien, olvidate», en referencia a la presencia de al menos 15 policías en la planta baja de su edificio.

Este intercambio, secuestrado por la Justicia, evidencia un intento de encubrimiento y profundiza las sospechas sobre el origen de los fondos. La fiscalía indaga si estos dólares provienen de retornos ilícitos en licitaciones de la ANDIS, particularmente en contratos con proveedores farmacéuticos y de prótesis, donde se denunciaron sobreprecios del 300%.

Los vínculos familiares y políticos

Miguel Ángel Calvete fue apuntado como la «mano derecha» del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ex amigo y abogado personal del presidente Javier Milei. Por eso, lo consideran una suerte de organizador de las comisiones irregulares.

La ANDIS, agencia clave para la distribución de fondos a personas con discapacidad, se ha convertido en el epicentro de un esquema de defraudación que involucra a empresarios y funcionarios. Entre las pruebas, chats que mencionan un «3% a KM» –interpretado como una referencia a Karina Milei, hermana del presidente– y reuniones con proveedores como Ortopedia Alemana.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Melconián enfatizó que las preocupaciones sobre la política económica y el frente cambiario "son los mismos" que antes, a pesar de los cambios políticos recientes.

De esta manera, el economista sostuvo que los problemas de fondo no residen en el tipo de cambio en sí, sino en cuestiones macroeconómicas que impactan directamente en la actividad y el poder adquisitivo de la población.

Melconián refutó la idea de que la contracción económica se deba a la falta de competitividad cambiaria. Para él, el principal motor de la caída del Producto Bruto Interno es la "falta de demanda", producto de: la severa debilidad del poder adquisitivo en la microeconomía y la escasez de crédito.

El economista ilustró el impacto social del ajuste: "El que mejor está es el salario promedio privado formal y está 20 abajo de la época de Macri". Instó al Gobierno a reconocer el "efecto devastador" que el ajuste fiscal ha tenido sobre el consumo y la informalidad.

Melconian analizó la lnconsistencia cambiaria y la deuda

En el frente externo, Melconián delineó tres discusiones cruciales: la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Su prioridad número uno es fiscal: una vez realizado el "reseteo de la política económica", el sector público debe "comprar dólares con el superávit fiscal en pesos para pagar los intereses de la deuda".

Melconián estimó que Argentina tiene vencimientos en dólares por intereses que requieren 10 billones de dólares solo para 2026 y 2027. Recién después de cubrir esta obligación, si quedan divisas, se puede iniciar el proceso de acumulación de reservas.

Respecto a la política cambiaria, criticó la inconsistencia de querer flexibilizar el mercado manteniendo una banda de flotación fija (por ejemplo, en $1.500 por dólar). El economista sentenció: “La que rompe la armonía del mercado cambiario es la dolarización de las personas”. 

Detalló que, desde la apertura del mercado para individuos, el público compró U$S32.000 millones, de los cuales solo el 20% regresó como depósitos.

Para Melconián, el debate sobre si fijar o liberar el tipo de cambio desvía la atención de estos componentes fiscales y monetarios clave, esenciales para la estabilidad económica. 

MIentras los salarios siguen planchados y los acuerdos paritarios aprobados a la suba son vetados por el gobierno, los principales indicadores de servicios esenciales siguen aumentandoy se avanza en una reforma que busca precarizar el empleo para que los trabajadores tengan menos posibilidades de efectuar sus reclamos. 

Prepagas

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las principales empresas de medicina prepaga ya definieron los aumentos en sus cuotas a partir de diciembre.

Los aumentos vienen en sintonía con el último dato de inflación de octubre difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) puesto en 2,3% para el décimo mes del año, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.

Los márgenes para aumentar el valor en las cuotas de los afiliados viene quedando por encima de la inflación en el rubro de Salud.

Según lo difundido por el INDEC, en octubre subió 1,5% en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%.

Sin embargo, los incrementos en los valores de sus planes muestra una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

De esta manera, el valor de las cuotas queda en sintonnía con el IPC de octubre:

Galeno: 2,3%.

Swiss Medical: 2,3%.

OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la región de la Patagonia.

Prevención Salud: 2,3%.

Avalian: 2,3%.

Hospital Alemán: 2,3%.

Sociedad Italiana: 2,3%.

Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sin embargo, hubo una empresa de medicina prepaga le informó al Gobierno sobre los ajustes en sus valores mensuales que quedó por encima del último dato de inflación.

Se trata de Accord Salud, que incrementó su valor un 2,4% y se posiciona 0,1 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC.

Transporte

El lunes vuelven a aumentar los colectivos, subtes y peajes de la Ciudad, al igual que en la provincia de Buenos Aires.

El ajuste que se aplica es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%, al tiempo que el mismo aumento se aplicará en la provincia de Buenos Aires, que para el mes entrante le agregó una suba adicional del 10%.

Colectivos: el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el costo será de $658. 

Para las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, el boleto iniciará en $593 y escalará hasta $760.

0 a 3 kilómetros: $593,52.

3 a 6 kilómetros: $659,5.

6 a 12 kilómetros: $710,31.

12 a 27 kilómetros: $761,15.

Para las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650.

0 a 3 kilómetros: $658,44.

3 a 6 kilómetros: $733,5.

6 a 12 kilómetros: $790.

12 a 27 kilómetros: $846,57.

más de 27 kilómetros: $902,73.

Subte y autopistas en CABA: el costo del viaje en subte se va a $1.206. En cuanto a los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia.

Servicios públicos

Las facturas de electricidad y gas seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Los incrementos para diciembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas).

Las facturas eléctricas recibirán un aumento del 3,6% para Edenor y del 3,53% para Edesur con relación a los precios pagados en noviembre.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

En ese sentido, el Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados, y dispuso la consulta pública en donde será sometido el nuevo diseño.

Dejarán de existir los niveles N1, N2 y N3 y pasarán a estar ubicados en dos grandes grupos: hogares con subsidios y hogares sin subsidios. Se espera implementar este nuevo esquema a partir del 2026.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres tendrán que afrontar un incremento del 28,67% para el último mes del año. De esta manera, se consolida la desaceleración en el incremento de los alquileres.

El Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos más emblemáticos del Conurbano bonaerense, será oficialmente reconocido como Sitio de Memoria del Mercosur en un acto que se realizará este jueves 4 de diciembre a las 17, en las calles Siciliano y Vernet. La señalización forma parte de las actividades por los 50 años del inicio del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que dejó miles de víctimas en la región.

La iniciativa nació por mandato de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur y fue elaborada por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del bloque. A partir de este programa, los Estados parte se comprometen a identificar los centros clandestinos vinculados a ese operativo regional. El Pozo de Banfield será el primero en recibir esta distinción tanto en la Argentina como en la provincia de Buenos Aires, un hecho que pone en valor décadas de lucha de sobrevivientes, organismos y familias.

El sitio tiene una profunda significación histórica: por sus calabozos pasaron más de 350 personas detenidas-desaparecidas, entre ellas los jóvenes secuestrados durante la Noche de los Lápices. Allí funcionó también una maternidad clandestina donde se produjeron apropiaciones ilegales de bebés, uno de los crímenes más aberrantes del terrorismo de Estado. Tras años de reclamo popular, el predio fue desafectado en 2006 y, desde 2015, consolidado como Espacio para la Memoria.

Hoy, el lugar es gestionado de manera conjunta por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Municipio de Lomas de Zamora y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield. En sus instalaciones se realizan visitas guiadas, talleres, proyecciones y presentaciones culturales que mantienen activa la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia. En un contexto en el que ciertos sectores insisten en relativizar los crímenes de la dictadura, el reconocimiento regional reafirma el compromiso de la comunidad y del Mercosur con la defensa de los derechos humanos.

Las autoridades de estos países asiáticos se apresuraron a intentar encontrar a los desaparecidos, además de despejar carreteras y retirar escombros, luego de que las zonas fueran golpeadas por lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra. Si bien las lluvias remiten en algunas áreas, varias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios interrumpidos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Indonesia es la nación más impactada hasta el momento, registrando al menos 442 muertos y 402 desaparecidos, de acuerdo con un balance de la agencia de gestión de catástrofes.

En Tailandia, donde las inundaciones fueron calificadas como unas de las peores de la década, al menos 162 personas perdieron la vida. Las autoridades continuaban distribuyendo ayuda a decenas de miles de afectados que quedaron sin hogar.

Por su parte, en Malasia, las inundaciones sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis y dejaron un saldo de dos muertos.KAAIEAQ3iNlhv4XiQtcqxw

Finalmente, el Centro de Gestión de Catástrofes de Sri Lanka indicó que al menos 212 personas murieron tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 218 siguen desaparecidas.

El Presupuesto browniano para el año entrante no contempla Fondos Afectados de origen Nacional, dada la incertidumbre existente frente a esos recursos.

Asimismo, la estimación presupuestaria de Alte Brown -distrito que conduce Mariano Cascallares- hace foco en el cuidado del gasto y evita ser expansiva.

Mientras tanto, los ejes prioritarios en asignación de recursos con el 76.66% son las áreas de Higiene Urbana, Prevención y Seguridad Ciudadana, Salud, Desarrollo Social y Recursos Humanos e Infraestructura, conformando las principales áreas de gestión municipal, para continuar dando respuestas y soluciones a los vecinos.

La proyección de cara al 2026 también incluye financiamiento para poder terminar obras que tenían financiamiento nacional, como por ejemplo la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

El dato político destacado es que el Presupuesto Municipal para el año 2026 fue aprobado por 17 votos a favor y siete en contra. Y fue acompañado en general y en particular por el bloque de Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical (UCR).

El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, indicó que "también se aprobaron las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria en una Asamblea en la cual participaron Mayores Contribuyentes y concejales”.

Añadió que tanto la Fiscal y Tarifaria como el Presupuesto “se trabajaron en Comisión, que fueron debatidos y discutidos lográndose importantes consensos y despachos favorables de las reuniones de comisiones de Hacienda y Asuntos Legales”.

Finalmente se indicó que la proyección aprobada mantiene el régimen de promoción industrial para el Sector Industrial Planificado (SIPAB) apoyando con ese esfuerzo a las pymes en materia de producción y trabajo.

Fuentes del Ejecutivo que conduce Mariano Cascallares resaltaron el hecho de que el Presupuesto y los proyectos de Ordenanzas Fiscal y la Tarifaria ingresaron al Concejo Deliberante respetando los plazos y las formas que establecidos por ley.

Finalmente se indicó que en Almirante Brown con el pago al contado de la Tasa Municipal anual se otorga un 10% de descuento y se agrega la opción de cancelar en dos tramos sin interés con vencimientos en enero y marzo, respectivamente.

Durante las recorridas, Magdalena Sierra agradeció a las familias por elegir el sistema educativo y reconoció el trabajo que realizan las directoras, docentes y no docentes: “Con Jorge Ferraresi estamos siempre pensando en cómo mejorar este sistema educativo, lo pensamos, lo llevamos a la acción y le dedicamos presupuesto, pero no podríamos solos, hay todo un equipo detrás”.

Los 39 jardines de infantes están distribuidos en todas las localidades de la ciudad y reciben a niños y niñas de entre 3 a 5 años. Magdalena Sierra destacó la importancia del cuidado de la primera infancia ya que “es donde se marcan y desarrollan muchas de las características para el desarrollo de las personas”.

También la jefa de Gabinete destacó la importancia del rol del Estado como el igualador de oportunidades: “Creemos que el Estado debe estar para garantizar que todos los niños tengan las mismas posibilidades de cumplir sus sueños”. En los últimos años, se han llevado adelante obras de refacción y puesta en valor en los jardines a partir de la inversión del gobierno local. Actualmente, hay algunas instituciones que cuentan con jornada completa y se prevé que los 39 jardines de infantes cuenten con jornada completa para 2027. 

Manrique fue contundente al señalar que la discusión del Gobierno parte de un “relato” que no se sostiene en la realidad. Recordó que las reformas laborales aplicadas en momentos de crisis -a fines de los ’80, en los ’90 y en 2001- tuvieron como resultado inmediato la destrucción del aparato productivo. “Lo más claro es lo que expresó Sturzenegger. Cuando se rompe la relación de fuerza entre el trabajador y el empresario, siempre se impone la voluntad del empresario”, afirmó en una entrevista por Splendid AM 990, a la tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Y advirtió: “Si queremos crear empleo, no tenemos que reformar leyes laborales. Tenemos que revitalizar la economía, reactivar el consumo y fortalecer el mercado interno. Ningún empresario va a tomar personal que no necesita, aunque ese trabajador fuera gratis”.

En la misma línea, cuestionó el modelo económico vigente: “Este es un modelo financiero, ni siquiera productivo. Es un esquema de desindustrialización. Se cierran 30 fábricas por día, hay más de 250 mil despedidos registrados desde que asumió Milei. Con esta lógica, no va a haber más trabajo”.

El dirigente también se refirió a los argumentos que, a su entender, utiliza el Gobierno para justificar la reforma: “Al empresariado se le perdonaron deudas para que blanqueen trabajadores y no blanquearon a nadie”. “Si le pregunto a cualquier funcionario qué motor van a activar con esta reforma para que el empresariado empiece a tomar gente, no lo pueden contestar porque no es verdad”, remarcó.

Manrique apuntó contra lo que definió como la “casta empresaria”, que -según dijo- acompaña al Gobierno en mesas de discusión como el Consejo del Salario pero luego reclama por las consecuencias de la política aperturista.

“Mirá a la UIA, CAME, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Te proponen aumentos miserables en el salario mínimo y después se quejan por las importaciones. Hasta Mercado Libre pide regulaciones ahora. Roca protesta por la ropa importada. Batimos el parche en un lado y ponemos los huevos en otro”, lanzó.

Consultado sobre la situación del sector automotriz, el gremialista describió un escenario aún crítico: se perdieron entre 3.500 y 4.000 empleos este año, y las plantas trabajan al 45 o 50% de su capacidad.

“Estamos en transición hasta septiembre u octubre del año que viene. Recién en 2027 vamos a volver a una producción normal. Después, casi todo el resto de los rubros baja un 1% todos los meses”, señaló.

Para Manrique, el clima social también refleja un retroceso profundo en términos culturales y solidarios. “Pasamos de la idea de que nadie se salva solo, del Papa, al ‘sálvese quien pueda’ del 2001. Es tristísimo. La gente está endeudada, angustiada, los servicios aumentan, se van los subsidios. Mucha gente convalidó este rumbo votando en octubre, pero también se equivocó la que no votó. No votar es refrendar al que gobierna”, reflexionó.

Corrupción en el corazón del Gobierno: Paulón denuncia doble estándar en la Justicia

El rol de la CGT

Manrique sostuvo que la etapa de las declaraciones terminó y que la central obrera debe asumir un papel más activo frente al plan gubernamental.

“La CGT debería dejar de ir al Consejo de Mayo. Ya participó, ya dijo que no. Si el Gobierno insiste con estas ideas, hay que retirarse y poner los puntos sobre las íes”, planteó.

El diputado adelantó que su espacio trabaja en una propuesta alternativa de “modernización laboral”, que ingresará como dictamen de minoría, y advirtió que ninguna estrategia será suficiente sin movilización.KAAIEAQ3iNkIqZJq1a5Xng

“Cuando el Gobierno no entra en razón, no escucha o escuchar da lo mismo, lo único que nos queda es la calle. La política y la movilización tienen que conjugarse con inteligencia para frenar reformas que solo van a romper el tejido social y agrandar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen”, concluyó.

La entidad fabril estimó un retroceso cercano al 2% en octubre y marcó que la actividad continúa muy por debajo de los niveles de 2022 y 2023, con señales dispares entre los complejos productivos.

Los datos disponibles exhibieron un escenario variado, donde algunos rubros experimentaron mejoras puntuales y otros continuaron afectados por la debilidad de la demanda interna. La central remarcó que esta dinámica se repite desde hace meses y condiciona la recuperación del sector.

En los complejos vinculados a la construcción se verificó esta heterogeneidad: los despachos de cemento crecieron 5,4% mensual, pero el Índice Construya retrocedió 2,2%. Aun con estos movimientos, la construcción sigue siendo el segmento más golpeado, con pérdidas superiores al 20% respecto a 2022 y 2023.

Otros rubros mostraron mayor avance tras varios meses de inestabilidad. La producción de metales básicos subió 3,5%, la metalmecánica avanzó 0,3% y también hubo incrementos en bebidas (1,6%) y automotriz (1,2%), este último traccionado por un mejor desempeño exportador.

Al mismo tiempo, la UIA alertó por el frente externo. Las ventas a Brasil cayeron 6,2% mensual, en paralelo con una fuerte contracción de la liquidación de divisas agroindustriales, que se redujo 80% en octubre tras la baja temporal de retenciones al complejo cerealero-oleaginoso.

Con estos resultados, la entidad permanece en alerta por el estancamiento acumulado de la industria, ubicado alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. 

Paulón detalló que la causa Andis -que investiga presuntos sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad- logró en pocos meses un avance significativo: “Se preservaron pruebas, se determinó un entramado de corrupción que más o menos está claro, que todos suponemos que siempre opera así”. Atribuyó esa celeridad al “trabajo muy rápido y muy eficiente que hicieron el juez y el fiscal” tras conocerse el audio filtrado que detonó la investigación.

La situación contrasta con la causa Libra, iniciada en febrero, que a su juicio “está completamente estancada”. El diputado, en una entrevista por Splendid AM 990, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que el Poder Ejecutivo es quien retiene la información central: “Hay una pregunta que la comisión investigadora no logró responder porque la tiene que responder el Presidente: quién le dio el código alfanumérico de 47 dígitos” necesario para ejecutar la operación con criptomonedas. Según Paulón, el mandatario “evidentemente no quiere dar” ese dato y la Justicia tampoco lo citó, pese a que “con un peritaje de sus dispositivos todo podría resolverse”.

Una “matriz conceptual” basada en la recaudación paralela

El legislador socialista fue más allá y apuntó que los hechos investigados no son casos aislados, sino parte de lo que definió como la “matriz conceptual del proyecto político de La Libertad Avanza”. Recordó que apenas iniciado el mandato comenzaron las denuncias por retención de parte de los sueldos de directivos del PAMI supuestamente para financiar al espacio político.

También mencionó prácticas atribuidas al círculo íntimo del Presidente antes de la elección: “Había denuncias de que la hermana del Presidente cobraba en dólares para permitir reuniones con él”. A esto sumó episodios vinculados al Ministerio de Petovelo, donde “se utilizaban recursos de cooperación internacional para pagar sobresueldos en dólares”. Para Paulón, todos estos elementos muestran que “desde el primer minuto hay una matriz pensada para ver dónde robar”.

Encubrimientos y alertas internas: el caso Mastro Pietro

El diputado también denunció que “el poder termina funcionando para encubrir no solo los hechos de corrupción, sino a los protagonistas”. En ese sentido, señaló el episodio del empresario Mastro Pietro, presuntamente ligado al lavado de fondos del caso Andis. Según Paulón, el empresario fue advertido “desde adentro de Migraciones y la PSA” de que se libraría una orden de detención mientras hacía escala en Tucumán.KAAIEAQ3iNkIqZJq1a5Xng

“Llega tarde a Buenos Aires, demora la llegada, y cuando ingresa nadie controla nada”, relató. Después, los organismos argumentaron que la alerta “llegó tarde”. Para el legislador, esto confirma un esquema donde “el poder facilita el encubrimiento” de los involucrados en tramas de corrupción.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, la costa de Gaza, que para muchos pescadores representa su única fuente de ingresos y alimento, sigue siendo escenario de violencia y represión.

En las recientes semanas, la marina israelí ha detenido a decenas de pescadores, ha confiscado sus botes y en varios casos, ha abierto fuego contra embarcaciones que se aventuraban al mar.

Hace días, las fuerzas navales del régimen arrestaron a cinco pescadores. Varios fueron obligados a tirarse al agua sin ropa, sus lanchas fueron destruidas y sus equipos incautados.

El acoso sistemático a la pesca ha devastado un sector que antes proveía miles de toneladas de pescado al año; hoy, el 94 % de la pesca en Gaza se ha perdido.

La baja producción pesquera en Gaza incrementa aún más la inseguridad alimentaria en la Franja, que ya sufre un colapso estructural tras años de guerra, bloqueo y destrucción masiva.

Miles de familias dependen de lo que sacan del mar, y con la destrucción de botes y equipos, muchos se han quedado sin medios para subsistir en medio de una economía colapsada.

El Partido Liberal (PL) de Brasil anunció la suspensión del salario que percibía el expresidente Jair Bolsonaro como su presidente honorario, después de que este comenzara a cumplir en prisión preventiva una condena que supera los 27 años por su participación en la trama golpista del 8 de enero de 2023.

Desde abril de 2023, tres meses después de dejar el poder, el exmandatario recibía 46.300 reales mensuales (cerca de nueve mil dólares) por su función en la organización política.

La directiva del PL explicó que la remuneración permanecerá suspendida hasta que se cumpla su sanción, debido a que por imperativos legales la suspensión de los derechos políticos del expresidente le impide ejercer actividades partidarias remuneradas.

La Ley 9.096/1995 de Brasil exige la suspensión de las actividades y la remuneración para cualquier persona en la situación judicial de Bolsonaro. Hasta finales de octubre del año en curso, el partido ya había pagado al exmandatario más de 402 mil reales (unos 75 mil dólares) en concepto de servicios y otros gastos.

Jair Bolsonaro comenzó a cumplir su condena, cuya sentencia fue certificada como firme por el Supremo Tribunal Federal (STF) el martes 25 de noviembre. Actualmente, permanece recluido en una sala de la Policía Federal en Brasilia, donde ya se encontraba detenido preventivamente desde el sábado 22 por riesgo de fuga, tras haber intentado dañar su tobillera electrónica.

Además de perder su cargo y sueldo en el partido, la condena, sumada a la Ley de Antecedentes Limpios, inhabilita al exjefe de Estado para postularse a cualquier cargo hasta las elecciones de 2060, extendiendo la suspensión de sus derechos políticos a 35 años y tres meses.

A pesar de la medida, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, restó importancia a la situación, señalando que la suspensión de las actividades y el salario era una medida obligatoria por ley y no una decisión voluntaria del partido. El hijo del exgobernante garantizó que, aunque la defensa anunció un recurso de apelación contra la pena, su padre no tendrá carencias económicas mientras él viva.

"Este es un nuevo ingreso que consolida el crecimiento de nuestra Alta Casa de Estudios y que confirma el arraigo territorial de la institución con estudiantes de Alte Brown y la región, y donde más del 80 por ciento de ellos son primera generación de universitarios en sus familias", indicó el jefe comunal browniano.

En efecto, un total de 3.713 estudiantes eligieron a la educación pública para su formación superior quienes comenzarán a cursar el próximo año en las diversas carreras que ofrece la UNaB en su Campus Universitario de Burzaco.

Estas cifras afianzan el rol protagónico de la institución en toda la región como una universidad joven y cuyo crecimiento es acompañado con el avance de obras de infraestructura llevadas adelante con el respaldo de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown.

Cabe señalar que si bien la UNaB cuenta con una oferta académica diversificada la flamante licenciatura en Enfermería, que se sumó este año al programa educativo para dar respuesta y canalizar el interés de la comunidad por profesiones con salida laboral directa y fuerte compromiso social, fue la carrera más elegida con 654 inscriptos.

La siguen en el ranking la Tecnicatura Universitaria en Programación, con 613 inscriptos; la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico con 435 y la Licenciatura en Administración con 370 anotados.

Se destacan también la licenciatura en Logística y Transporte y la Tecnicatura en Comunicación Digital, ratificando así el perfil productivo y tecnológico de la institución educativa.

“Estamos felices y orgullosos porque nuestra Universidad sigue creciendo de forma exponencial no solo multiplicando la cantidad de estudiantes sino también sumando nuevas carreras, como la licenciatura en Enfermería que fue la más elegida, con mayor número de inscriptos. Continuamos construyendo futuro a través de la educación pública, gratuita y de calidad”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

Finalmente Cascallares ratificó que se avanza con el proceso licitatorio para retomar la obra de la nueva Estación de Trenes de la UNaB, al tiempo que junto a la Provincia de Buenos Aires se avanzará sumando más infraestructura edilicia en el Campus Universitario que funciona en la Ex Quinta Rocca de Burzaco.

En el CAPS de KM26,700, el intendente Andrés Watson entregó 22 computadoras. Además, otorgó otras 22 en la dependencia de Santa Rosa y 29 en el edificio sanitario ubicado en Bosques Norte.

El Alcalde remarcó “la articulación con la gestión de Axel Kicillof con la premisa de fortalecer la informatización: un punto clave no solo para tener los datos clínicos de cada vecino o vecina disponibles en cualquier efector de sanidad de Florencio Varela, sino también de la provincia”.

Asimismo, el Jefe Comunal consideró al “recurso humano una pieza fundamental en el servicio de asistencia adecuada a la ciudadanía”.

En sintonía, la secretaria de Salud -Adriana Alonso- reparó en “el trato hacia la comunidad para sentir el acompañamiento en un momento difícil”. Por otra parte, sostuvo: “La aplicación del sistema tecnológico aseguró una mejor prestación”.

La Legislatura aprobó el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la emergencia provincial y municipal hasta marzo de 2027. El endeudamiento por u$s3.035 millones quedó en suspenso por diferencias sobre el reparto de fondos a los municipios.

El texto sancionado fundamenta la emergencia en la “profunda recesión” y en la “detracción” de transferencias automáticas y no automáticas por parte del Estado nacional. Según la norma, ese escenario afectó el federalismo fiscal y comprometió servicios esenciales en territorio bonaerense. En la sesión nocturna, la Legislatura aprobó un gasto total de 43 billones de pesos. También sancionó los presupuestos de Diputados y Senadores, que suman el 0,9% del total, unos $387.000 millones, aunque sin difusión detallada.

La única pieza pendiente es la Ley de Financiamiento. Kicillof reclama la autorización para tomar deuda por u$s3.035 millones para cancelar obligaciones previas. “El Presupuesto y la Ley Impositiva son dos leyes importantes. Falta la Ley de Financiamiento”, señaló Gustavo Pulti, diputado provincial de Unión por la Patria. “La provincia no debería tener problemas para financiarse con un tercio de lo que le quitó Nación, ya que se participa a los 135 municipios y se garantiza un fondo no supeditado al mercado”.

El principal punto de fricción se concentró en el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Aunque se había acordado un total de $352.000 millones, persistió el desacuerdo sobre cuánto de ese monto se girará de manera directa a los municipios. “Quisieron reducir el monto fijo de 180.000 millones a 30.000 millones. Es inaceptable”, dijo un legislador de UCR + Cambio Federal, que acompañó en general el Presupuesto y la Ley Impositiva.

En el debate por el endeudamiento, el artículo 3 de la versión original distribuía el 8% de un crédito de u$s1.990 millones hacia los municipios. Luego, el Ejecutivo aceptó aplicar ese porcentaje sobre el total del endeudamiento reclamado, es decir, u$s3.035 millones. Aun así, sectores de Unión por la Patria ligados a La Cámpora afirmaron que el monto real solicitado por Kicillof ascendía a u$s3.685 millones, por encima de lo informado por el ministro de Economía, Pablo López.

Horas antes de la sesión, Kicillof se reunió con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, referente de Máximo Kirchner. Allí se definió el apoyo al Presupuesto y la Ley Impositiva, y se acordó continuar en los próximos días la negociación sobre la presidencia de Diputados, la estrategia parlamentaria del oficialismo y la definición final de la Ley de Financiamiento.

La Ley Impositiva incorporó además una modificación que generó rechazo opositor: una alícuota del 9% sobre las rentas obtenidas por entidades financieras a través de la compra de títulos públicos nacionales. La nueva carga no alcanza a bonos provinciales, municipales ni a obligaciones negociables privadas. El artículo 99 ajustó las exenciones del Código Fiscal para el sector financiero. “Es demencial”, sostuvo el diputado del PRO Matías Ranzani, que pidió al Ejecutivo no promulgar ese cambio. El bloque opositor votó en contra, pero la medida fue aprobada por mayoría.

EMERGENCIA ECONÓMICA

La emergencia económica habilita procedimientos excepcionales, reduce trámites y permite decisiones más ágiles. También otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias, como modificar alícuotas y reasignar partidas. Su uso fue clave durante la gestión de Carlos Menem y volvió a generalizarse desde la crisis de 2002 a través de sucesivas prórrogas. La última fue en 2015, y la administración de Mauricio Macri decidió dejarla caer recién en 2018, luego de utilizarla durante parte de su mandato.

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal. El letrado representa a Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, Mastropietro viajó el sábado 15 desde Miami hacia Buenos Aires en un avión privado que realizó una escala imprevista en Tucumán, donde efectuó una llamada cuyo destinatario no fue identificado.

El juez Sebastián Casanello había ordenado la requisa de sus dispositivos electrónicos a su arribo al Aeroparque Jorge Newbery. Al ingresar al país, los agentes de PSA y Migraciones no realizaron el procedimiento y el empresario abandonó la terminal aérea. Tras ser advertidos por el juzgado, los organismos lo interceptaron fuera del aeropuerto, pero Mastropietro afirmó que no tenía consigo el celular y sostuvo que había desaparecido.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que Migraciones detectó la restricción después de que el pasajero ya había egresado y que se procedió a contactar a PSA y al juzgado. La PSA señaló que, al realizarse la requisa fuera del aeropuerto, el empresario no portaba dispositivos. En tanto, el juzgado ordenó permitir su retiro y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.

La situación podría derivar en una denuncia, mientras continúa en investigación otro episodio registrado a fines de febrero, cuando un avión privado procedente de Miami arribó al país con una empleada del empresario Leonardo Scatturice y diez valijas que no fueron revisadas, hecho que se confirmó posteriormente mediante registros fílmicos del aeropuerto.

El empleo asalariado formal registró una caída ininterrumpida desde el mes de mayo. Los datos desagregados de agosto reflejan la magnitud del achique:

Puestos totales perdidos: 13.100

Pérdida en el sector privado: 10.600 puestos de trabajo.

Pérdida en el sector público: 1.700 puestos de trabajo.

La contracción, que afecta principalmente a las empresas, describe un panorama de estancamiento donde solo el empleo formal en casas particulares logró mantenerse estable.

El salario mínimo en un valor inferior al de 2001

En paralelo a la caída del empleo, el estudio del IIEP revela el colapso histórico del poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el SMVM acumuló una caída real del 35%.

El salario mínimo real de octubre de 2025 se ubica en un valor inferior al registrado en el año 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

El valor actual del SMVM representa solo un tercio (36%) del valor máximo de la serie histórica, alcanzado en septiembre de 2011 (una erosión del 64%).

La contracción del poder adquisitivo se profundizó notablemente en los últimos meses, con caídas en julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%) y octubre (-2,3%), consolidando una tendencia decreciente desde la aceleración inflacionaria iniciada a finales de 2023.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país Dmitri Medvédev ha declarado este viernes en sus redes sociales que “el colapso” del Gobierno “corrupto” de Ucrania, liderado por el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, “se ha derrumbado”.

“No será él [Zelenski] quien firme el tratado de paz”, ha dicho tildando al Gobierno ucraniano de “ilegítimo”. “El colapso de su sistema es inevitable”, ha rematado Medvédev.

Esta misma jornada, Zelenski anunció la dimisión del jefe de su oficina, Andréi Yermak, acorralado por las investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).

En los actuales momentos, Ucrania enfrenta un escándalo de corrupción que ha derivado en la renuncia de dos ministros, la detención de varios funcionarios y el señalamiento directo del presidente ucraniano.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania reveló una trama “de alto nivel” en la empresa estatal Energoatom, que habría desviado hasta 100 millones de dólares en sobornos, y con la cual Yermak habría estado muy vinculado.

Antes de llegar al poder en 2019, Zelenski había centrado su campaña en la promesa de combatir la corrupción.

En ese contexto, Honduras pone en juego la posibilidad de  profundizar el ciclo de transformación iniciado por el gobierno de  Castro. Bajo su mandato, se han logrado avances significativos en áreas como pobreza, seguridad y políticas sociales, dando lugar a un nuevo rumbo para el país, luego de un oscuro período en el que la dictadura terminó por fusionarse con un narco-estado.

La ciudadanía se prepara para llevar a cabo una votación crucial, donde están en disputa aproximadamente 449 cargos, incluyendo la presidencia y más de 300 alcaldías. La Constitución prohíbe la reelección presidencial, garantizando que ningún presidente en el cargo pueda aspirar a un nuevo período. Este marco normativo establece un mandato de cuatro años, lo que resalta la importancia de esta elección en el camino hacia el futuro político de Honduras.

El sistema de Transmisión Rápida de Actas (TREP)  será un componente vital en la transparencia del proceso.

Los tres candidatos que las encuestas posicionan en un escenario de tres tercios  son Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura. Rixi Moncada, heredera del proceso de refundación  y recuperación democrática iniciado por Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación, se presenta como la continuidad del proyecto de refundación, prometiendo fortalecer políticas sociales y económicas. Salvador Nasralla, del Partido Liberal, busca distanciarse del gobierno actual y enfocar su campaña hacia una alianza con Estados Unidos, mientras que Nasry Asfura del Partido Nacional intenta recuperar la confianza tras escándalos de corrupción que han marcado a su partido.

Mientras tanto, el gobierno de Castro ha presentado cifras alentadoras sobre la reducción de pobreza, indicando que la pobreza por hogares cayó del 73.6% en 2021 al 62.9% en 2024, una mejora que se ha visto reflejada también en una disminución de los índices de homicidio.

En noviembre de 2024, la mandataria aseveró ante Naciones Unidas que durante su mandato la pobreza se redujo en 12 puntos.

Desde la llegada de Xiomara Castro al poder en 2022, Honduras ha experimentado una profunda reconfiguración política y social que rompió con el histórico bipartidismo imperante en Honduras y trabajó en la reconstrucción de un país en ruinas, a partir de un programa basado en la ampliación de derechos económicos políticos y sociales y un espíritu integracionista hacia la región centroamericana y latinoamericana.

La gestión de Libre, ostenta el gabinete más joven de la región, integrado por los cuadros políticos que se forjaron en el Frente que resistió el Golpe de Estado en 2009 y los embates de la narco dictadura que lo sucedió.

En su primer año de gobierno, Castro derogó las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), un conjunto de zonas francas que favorecía a la élite política y económica para la explotación de territorio y sus recursos naturales mediante el establecimiento de un vacío institucional. En favor de la estabilidad laboral de las y los trabajadores anuló la Ley de Empleo por Hora y para combatir la corrupción derogó la Ley de Secretos. Otorgó subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica para los más pobres; prohibió la minería de cielo abierto; rescató la Empresa de Energía Eléctrica; reactivó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  (BANADESA) y aumentó los presupuestos de salud y educación. Esto se suma a la intención de dictar la Ley de Justicia Tributaria para una reforma impositiva progresiva que deje de privilegiar a los sectores más pudientes del país. El impulso a la infraestructura ha sido otro pilar fundamental para la generación de empleo. Honduras lleva a cabo una política de pavimentación de carreteras sin precedentes en su historia, abarcando no solo las vías principales, sino también caminos que, durante la temporada de lluvias, quedaban intransitables. Esta mejora ha permitido conectar comunidades antes aisladas y facilitar la comercialización de las cosechas. Además, se han implementado bonos ganaderos para fortalecer la producción agrícola en un país que aún depende de la importación de alimentos.

Estas políticas encuentran detractores en las fracciones de la sociedad con poder más concentrado, lo que se tradujo en intentos desestabilizadores.

A escasos días del proceso electoral, Donald Trump realizó un posteo en su red Truth Social, en el que manifestó que en Honduras la democracia se encuentra “en tela de juicio” y mencionó la necesidad de evitar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tomara control del país.

“Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, expresó y  agregó que Asfura “defiende la democracia y lucha contra Maduro”.

El 26 de noviembre, un día antes del posicionamiento de Trump, la encuestadora Tresearch Internacional posicionó ganadora a Rixi Moncada, con 20 puntos de distancia sobre Nasrala.

Durante la campaña el gobierno denunció en reiteradas ocasiones  intentos de desestabilización por parte de sectores de la derecha, que de acuerdo con las denuncias, organizaron maniobras para desacreditar el proceso electoral, incluyendo la  manipulación mediática y la búsqueda de apoyo externo para presentar un relato de crisis.

Funcionarios y misiones de EE.UU. como Christopher Landau, subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe, han manifestado públicamente su preocupación por la integridad electoral. Desde el Congreso,  se organizaron audiencias sobre Honduras, y hubo intentos de actores opositores hondureños de buscar respaldo en Washington.

En octubre, Marlon Ochoa, consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó ante el Ministerio Público  24 audios como  prueba de un plan para desacreditar y boicotear el proceso y, eventualmente, desconocer resultados. Allí se habla de “empresas fachada” para el contrato del TREP y de intentos de controlar la transmisión de datos para generar una crisis de legitimidad post-electoral: “Hemos entregado una USB que contiene 24 audios, en los audios se constata la voz de una consejera propietaria y se escucha la voz de un jefe de bancada de uno de los dos partidos tradicional y también se identifican las voces de miembros activos de la oficialidad de las Fuerzas Armadas de Honduras”, afirmó.

Por su parte la presidenta Xiomara Castro instruyó a las Fuerzas Armadas a ponerse a disposición del CNE para custodiar el proceso y neutralizar intentos de boicot.

Las elecciones de este domingo llegan en un clima cargado de tensiones. La injerencia extranjera ensombrece una vez  más el destino  democrático del país.

Pero en medio de las manidas estrategias para socavar proyectos populares,  hay una fuerza que sigue en pie: un pueblo que ha demostrado una y otra vez el poder de la resistencia y de la organización.

*Paula Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL.