El evento se desarrollará en el espacio ubicado en Diagonal Brown y Rosales, en el horario de 12 a 22 horas en ambos días. Participarán viveristas, cooperativas florícolas y productores rurales de nuestro distrito, quienes presentarán cultivos, plantas, plantines, una amplia oferta de plantas autóctonas de nuestra ecorregión casio imposible de encontrar en la zona e insumos relacionados al sector.

Los asistentes podrán recorrer una variedad de stands de venta con productos a precios accesibles, y participar en talleres y charlas sobre el cuidado de las plantas y la flora. Además, habrá shows en vivo, Food Trucks con una amplia oferta gastronómica junto con música en vivo para disfrutar durante todo el evento.

“Invitamos a los vecinos a disfrutar de esta nueva edición de la Expo Vivero, que se llevará a cabo en la Plaza Brown de Adrogué. Serán dos jornadas llenas de actividades para todos, señaló Mariano Cascallares.

Además, se sumarán la Feria del programa Mi Pyme, con la participación de emprendedores locales, y la Feria de Productores Rurales, donde se podrán adquirir productos frescos como miel, quesos, chacinados, huevos entre otros.

El evento busca potenciar la producción local, promover el desarrollo de emprendedores y productores del distrito, y visibilizar la riqueza de nuestra zona rural, que representa más del 30% del territorio de Almirante Brown.

Cabe destacar que la Expo Vivero es una iniciativa promovida por la Comuna a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, con cooperativas agrícolas e instituciones afines. El objetivo es potenciar nuestra zona rural y fomentar el desarrollo económico de nuestro distrito.

La legisladora bonaerense se refirió al lanzamiento de la página web de "Transparencia Tributaria Municipal", impulsada por el Gobierno nacional. En ese sentido, sostuvo que forma parte de una estrategia para desviar la atención del impacto del ajuste económico sobre provincias y municipios.

"Hay que salir a la calle y perder menos tiempo en streams haciendo el papel de adolescente tardío que hace Toto permanentemente", lanzó la legisladora a través de sus redes sociales. 

Mendoza afirmó que el ministro "no se ocupa de hacer crecer la economía", sino que “la hunde deliberadamente en una recesión” que, según remarcó, se siente con mayor fuerza en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, también criticó la política de endeudamiento del Gobierno nacional y señaló que sus consecuencias se pagan con "recortes" en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y ciencia.

Según explicó, ese ajuste termina recayendo sobre los municipios, que deben afrontar una mayor demanda social con menos recursos. En ese marco, cuestionó la creación de la plataforma para publicar tasas municipales y consideró que se trata de una maniobra distractiva que apunta contra los gobiernos locales, que “contienen en el territorio las consecuencias de las decisiones del Ejecutivo nacional”.

La legisladora también denunció que el Gobierno nacional mantiene una "deuda histórica" con la provincia de Buenos Aires en concepto de Coparticipación Federal y que, lejos de saldarla, profundizó el recorte de transferencias. Además, advirtió sobre el impacto de la paralización de la obra pública y del modelo económico libertario, con efectos directos sobre el consumo y la recaudación municipal.

Mendoza sostuvo que estas políticas profundizan las necesidades del conurbano bonaerense y afectan de manera directa a los municipios, y remarcó: "No hay proyecto de comunidad sin su proyecto productivo". 

El primero en tomar la palabra fue Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato y secretario general del Sindicato del Seguro, quien dijo que la iniciativa es inconsulta con "la enorme cantidad de empleadores que están esperando una modernización". 

“El inicio de la ley bases pusieron período de pruebas y fondo de cese (..) para promover el trabajo: no generaron empleo genuino. El problema no es el cambio de la relaciones laborales, que sí hay que cambiarlas, pero entre los que tienen las fuerzas productivas y el trabajador”, expresó Sola. 

Para el representante sindical, la reforma del Gobierno “tiene grandes problemas de constitucionalidad". “Solicitamos que esto no sea una discusión entre gallos y medianoches”, dijo Sola ante las comisiones de Trabajo y de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. 

En tanto, Jorge Arguello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”. “No es una reforma, es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quintando más derechos”, argumentó el referente. 

“Algunos sectores de los empresarios no quieren esta ley. No les sirve. Sacarle todos los derechos a los trabajadores me parece una locura y que estamos equivocando el camino. Entendemos que hay algo nuevo en el mundo, pero hay que discutirlo”, agregó. 

El otro triunviro y secretario general de SEIVARA, Cristian Jerónimo, reiteró que la CGT no avaló en ningún momento el proyecto de la reforma laboral y dijo que no le aporta “nada al mundo del trabajo”. 

“Sabemos que hay que mejorar ciertas cuestiones, pero no hay mejor que los trabajadores y la contraparte, los empresarios, para construir el mejor proyecto en el cual entienden las necesidades de las distintas actividades”, siguió. 

Jerónimo se quejó porque el Gobierno libertario no los convocó para la discusión. También fustigó contra el Consejo de Mayo. “Han demostrado de vuelta que nos mintieron. Sin el aval del mundo del trabajo ellos avanzaron con un proyecto”, sintetizó Jerónimo.

La marcha contra la reforma laboral

Antes de la movilización de hoy, la CGT repudió una supuesta "provocación innecesaria" de funcionarios nacionales hacia los trabajadores. “Exigimos al Gobierno nacional que garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización”, publicó la central obrera. 

Un informe de CEPA advierte una fuerte caída del empleo registrado y del número de empresas desde fines de 2023, incluso en los sectores más dinámicos de la economía. La contracción laboral se produce en paralelo al avance de una reforma que flexibiliza condiciones de trabajo.

Según el informe Análisis de la dinámica laboral y de empleadores del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 a 492.223, lo que representa una reducción de 20.134 empresas, equivalente a unas 30 firmas menos por día, en un proceso que refleja “una tendencia negativa en el tejido empresarial”.

En el mismo período, el empleo registrado en unidades productivas se redujo un 2,85%, con una pérdida total de 280.984 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 a 9.576.189 trabajadores formales, lo que equivale a casi 420 empleos menos por día desde el inicio de la actual administración.

La caída del empleo se produjo aun cuando la economía mostró señales de crecimiento en 2025, impulsada por sectores como la intermediación financiera, la explotación de minas y canteras y la refinación de petróleo, que lideraron tanto el aumento del producto como los niveles de utilización de la capacidad instalada, con el complejo petrolero alcanzando el 82,2% en octubre.

Sobre esa contradicción, el director de Desarrollo Productivo Sostenible, Daniel Schteingart, advirtió a través de redes sociales que “el sector estrella de la economía argentina, petróleo y minería, está destruyendo empleo”, al precisar que hoy hay 87.500 puestos formales en esas actividades, frente a los 94.600 registrados en noviembre de 2023, debido a que “lo que genera Vaca Muerta no compensa lo que se pierde en las cuencas maduras”.

En este crítico escenario, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de reforma de la legislación del trabajo que, tal como alertan los sindicatos, avanza sobre la flexibilización, debilita la negociación colectiva mediante sanciones y restricciones. 

La presentación va contra Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman, socios de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A; y también incluye a Patricia Bullrich.

En la denuncia, Dalbón sostiene que Langeri Bullrich aparece vinculado a una red de más de 70 bares y locales gastronómicos, operados a través de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., cuya rápida expansión económica “no encuentra una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable”.

Según el texto, “dicha expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos que expliquen razonablemente ese crecimiento”.

La presentación judicial se apoya en investigaciones periodísticas que advierten sobre la multiplicidad de sociedades comerciales, algunas con domicilios coincidentes o vinculados a inmuebles asociados a Patricia Bullrich.

En particular, se menciona una propiedad ubicada en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, que tendría relevancia patrimonial y fiscal.

“El entramado societario se encontraría fragmentado en diversas firmas, lo cual podría responder a una estrategia deliberada de atomización destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial”, advierte la denuncia.

Dalbón también señala que algunas de las empresas habrían registrado cheques rechazados por falta de fondos, una situación que —según plantea— “contrasta marcadamente con la supuesta envergadura económica del grupo empresario” y podría ser indicio de desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia.

Además, la denuncia remarca que el grupo tendría presencia internacional, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que incrementa la complejidad del esquema y obliga a analizar posibles transferencias transfronterizas de fondos.

En uno de los párrafos del escrito, el abogado sostiene que “no existiría información pública clara ni verificable respecto del origen de los fondos iniciales utilizados para la apertura simultánea o sucesiva de numerosos locales gastronómicos”.

Advierte el abogado que la actividad comercial podría haber sido utilizada como “pantalla o mecanismo de legitimación” de capitales de origen ilícito.

El rol de Patricia Bullrich en la cadena de cafeterías "Tostado"

Respecto del rol de Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar “no implica por sí solo reproche penal alguno”, pero subraya que su posición institucional “exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido o tolerancia estatal”.

El letrado enfatiza en un “elemento de singular relevancia institucional: la existencia de vínculos directos y familiares con una funcionaria de altísimas esferas del poder político, circunstancia que, sin implicar por sí sola reproche penal alguno, exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido, utilización de influencias o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades económicas de significativa envergadura”.

Medidas de prueba solicitadas por el abogado Gregorio Dalbón

Entre las medidas solicitadas, Dalbón pidió allanamientos, el secuestro de documentación societaria y contable, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a organismos fiscales, además de requerir que los denunciados sean citados a declaración indagatoria.

La causa quedó por sorteo en manos del juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano, que deberán evaluar la apertura formal de la investigación.

El caso quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien interviene para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Si bien desde los medios oficialistas se habla insistentemente de suicidio, algunas fuentes comienzan a preguntarse  si fue un suicidio o un asesinato.

La víctima era un soldado de 21 años perteneciente al Escuadrón Chacabuco, unidad encargada de la custodia en Olivos. El efectivo formaba parte del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" del Ejército Argentino, responsable de la seguridad presidencial en la residencia oficial y que cuenta además con un cuartel propio en otro predio.

Según informó la Casa Rosada, la investigación judicial continúa en curso y todas las hipótesis permanecen abiertas. No obstante, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por LA NACION, una de las líneas que se analiza es la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio. El fallecimiento fue comunicado oficialmente a través de la Oficina del Presidente y del Ministerio de Defensa.

El hallazgo de una carta 

En el lugar intervino la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, aunque la principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un suicidio. Junto al cuerpo, según confirmaron altas fuentes del caso, se halló una carta que habría sido escrita por el propio soldado y dirigida a sus camaradas y a su familia. 

En el escrito el joven manifestaba que mantenía una importante deuda económica. El cuerpo de R.A.G. fue encontrado dentro de uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos, con el arma a su lado, y el disparo que le causó la muerte habría sido efectuado con un fusil FAL. 

R.A.G. era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones. Su perfil comercial y crediticio, al que accedió Infobae, registra deudas impagas de distinta antigüedad por un monto cercano a los dos millones de pesos con bancos y entidades financieras. 

El pago de su salario dependía de la Contaduría General del Ejército, mientras que la Casa Militar —encargada de la custodia de la Residencia Presidencial— depende de la Secretaría General de la Presidencia. Toda la información reunida hasta el momento ya fue puesta a disposición de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tiene a su cargo la investigación.

Según anticiparon a LPO fuentes internas del Mercado, la firma de la autorización corrió a cargo de Silvana Paula Fontana, gerente de la Unidad General Jurídico-Administrativa y de Jorge Gabriel Jozame Novoa, gerente de la Unidad General Operativa.

Fontana responde directamente a Miguelez, que ya la había designado en su anterior gestión en el Mercado Central durante el gobierno de Mauricio Macri, de donde se fue con causas penales por corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras. En ambas gestiones de Miguelez también fue nombrada como gerente María Gabriela Durán, quien junto a Fontana resultó clave para instrumentar las maniobras de contratación y cobertura administrativa.

En 2018, la Oficina Anticorrupción hizo un informe de 90 páginas detallando irregularidades en la gestión del Mercado y se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas. Esa acusación se sostuvo en el testimonio arrepentido del ex gerente general del Mercado.

Por esta razón Miguelez todavía está siendo investigado en el Juzgado Federal de Morón en una causa por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.

Denuncian que Miguelez pagó 180 millones en horas extras en el Mercado Central sin autorización del directorio 

El pago exorbitante de horas extras se da en medio del desmanejo del Mercado Central que ya fue objetado por el síndico del organismo. Como explicó LPO, el último informe realizado por el síndico reveló que de los 80 puntos auditados, Miguelez cumplió sólo tres.

La situación no cambió en los últimos meses: el Mercado Central vive una situación de abandono por la falta de higiene tal, que se pueden ver ratas gigantes entre la comida.

Miguelez es un protegido de Mauricio Macri y su continuidad en el cargo se vuelve incomprensible, salvo por un detalle: es muy cercano al ministro Toto Caputo.

El 18 de diciembre, a las 9 de la mañana, dara incio la audiencia premilinar en la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje del juicio contra seis defensores ambientales de Punilla, imputados por su participación en una protesta pacifica realizada en agosto de 2022 en la ciudad de Cosquín contra la construcción de la Autovía de Punilla. La manifestación, que incluyó cortes y movilizaciones, se enmarcó en la resistencia de asambleas y vecinos que vienen cuestionando el proyecto vial por el desmonte de monte nativo y los riesgos sobre cuencas hídricas de la región.

Según denuncian organizaciones convocantes, la causa penal forma parte de “una avanzada judicial en la criminalización y judicialización de la protesta” impulsada por el gobierno provincial encabezado por Martín Llaryora, en sintonía con la política nacional, con el objetivo de disciplinar las luchas ambientales y sociales. La central sindical advierte que se busca enviar un mensaje ejemplificador a quienes cuestionan el modelo extractivista y el agronegocio que domina la provincia desde hace décadas.

Las y los vecinos de Punilla fueron elevados a juicio luego de haber participado, en agosto de 2022, de una manifestación en defensa del ambiente en la que solicitaron información pública sobre el uso de suelo al entonces intendente Gabriel Musso. La respuesta fue represión policial e imputaciones.

Las organizaciones que acompañan a les imputades sostienen que el único “delito” cometido fue defender el monte nativo y el derecho al agua, sintetizado en consignas que hoy se multiplican en pancartas y redes: “Defender el monte nativo no es delito” y “Absolución ya de lxs defensores ambientales de Punilla”. Desde asambleas socioambientales, ferias agroecológicas y sindicatos llaman a concentrar frente a los tribunales de Cruz del Eje durante el inicio del debate oral y apelan a la solidaridad para afrontar gastos legales y de traslado.

Los y las imputadas deberán afrontar traslados, gastos legales y ausencias laborales, por lo que convocan a organizaciones sociales, ambientales, sindicales, de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía en general a acompañar pacificamnete la causa y a estar presentes el 18 de diciembre a las 9 horas en la puerta de los Tribunales de Cruz del Eje.

Referentes ambientales remarcan que el caso se inscribe en una tendencia regional de persecución a quienes cuestionan proyectos de infraestructura o extractivistas sin “licencia social”, como en el caso de la Autovía de Punilla, señalada por avanzar sobre zonas rojas de protección de bosque nativo. Plantean que el juicio no sólo pone en el banquillo a seis personas, sino al propio derecho a la protesta y a la defensa de los bienes comunes en Córdoba.

La publicación presenta una ficha con los datos más relevantes de cada juicio y contiene el acceso a las sentencias completas. Está disponible para su descarga desde esta página en formato .pdf.

El trabajo, de 210 páginas, se puede descargar a continuación en formato .pdf. Las sentencias aparecen ordenadas por año y cada resumen incluye una ficha sobre la cantidad de víctimas y de acusados que integraron el objeto de los procesos, una síntesis de los hechos arribados a juicio y acreditados, entre ellos la comisión de delitos sexuales y la privación ilegítima de la libertad de niños, niñas y adolescentes, así como las responsabilidades de funcionarios judiciales y de empresarios, y datos contextuales. Cada caso está identificado con el nombre genérico con el que es reconocido en las jurisdicciones y contiene el enlace para el acceso a las sentencia completa.

El Dossier de sentencias desarrolla la información desde los primeros dos juicios orales realizados en 2006, tras la reapertura de las causas por crímenes del terrorismo de Estado, en los que fueron condenados Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón (alias "turco Julián"), en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

Lukashenko ha subrayado que la única salida viable es detener los enfrentamientos e iniciar conversaciones de paz, aunque ha reconocido que los detalles de un eventual acuerdo podrían tardar meses o incluso años en concretarse. “Lo importante es que se detengan los ataques”, ha subrayado.

El mandatario bielorruso ha puesto como ejemplo el tratado entre Rusia y Japón, que pese a no haberse concluido plenamente, ha permitido la cooperación durante décadas. Con ello quiso ilustrar acuerdos que pueden servir para estabilizar relaciones y evitar nuevas batallas, aunque las partes se mantengan técnicamente en guerra.

En sus declaraciones, Lukashenko también ha criticado el papel de Europa en los Acuerdos de Minsk de 2015, calificando la postura de los países europeos como “estúpida” y asegurando que nunca buscaron realmente la paz, sino preparar una futura guerra. Ha recordado que en aquel momento sugirió incluir a Estados Unidos en las negociaciones, pues “sin Washington no habrá paz”. A su juicio, si los acuerdos se hubieran implementado, el conflicto actual jamás habría estallado.

Asimismo, Lukashenko ha afirmado que el presidente estadounidense Donald Trump estaría “preparado para actuar como garante” de un eventual acuerdo de paz, y ha pedido acelerar los tiempos para evitar que Ucrania siga rearmándose con apoyo de Estados Unidos y sus socios europeos.

Desde febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial cuyos objetivos, según Moscú, son proteger a la población de origen ruso en Ucrania frente a un supuesto genocidio por parte de Kiev y neutralizar los riesgos para su seguridad derivados de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este y las fronteras rusas.

Sheinbaum ha adoptado este miércoles un firme posicionamiento ante la escalada de tensión y hostilidades de Estados Unidos, haciendo un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma su papel frente a las agresiones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Venezuela.

“Hago un llamado a Naciones Unidas para que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, ha subrayado Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La declaración de la presidenta se produce tras el anuncio de Trump el martes, mediante el cual calificó al Gobierno venezolano como una “organización terrorista” y ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros y buques sancionados.

“Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación de Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, ha enfatizado Sheinbaum.

La mandataria, en respaldo a Venezuela, ha señalado que el país está completamente rodeado por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Ha agregado que mientras Estados Unidos no devuelva el petróleo, las tierras y otros activos que, según ella, fueron previamente sustraídos, la presión solo aumentará y la conmoción para Washington será como nunca antes la han visto.

En este contexto, Sheinbaum ha condenado las medidas coercitivas unilaterales de Trump. Al referirse al bloqueo de buques petroleros ordenado por el mandatario estadounidense, ha afirmado que “el bloqueo parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos, como el bloqueo a Cuba”, subrayando así su crítica a las sanciones económicas por los efectos humanitarios que generan.

En conclusión, la presidenta Sheinbaum ha hecho un llamado al “mundo entero” para garantizar que no se produzca una intervención. “Esperemos que no se dé”, ha manifestado con un tono de preocupación.

El martes, Donald Trump anunció que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental en el marco de su llamada lucha contra las drogas, dejando numerosas víctimas y causando la muerte de al menos 95 personas.

Venezuela ha calificado estas maniobras de “agresión”, subrayando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

Fue durante una recorrida en la que participaron Mariano Cascallares; el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis; el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete municipal Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko.

“Estamos muy felices con la habilitación vehicular del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada porque se trata de una obra estratégica que transforma la conectividad de toda la zona y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos”, destacó Cascallares, quien destacó que "este es el segundo Paso Bajo Nivel que habilitamos en una semana luego de que el viernes pasado abriéramos el de Longchamps".

A su turno Katopodis aseguró que "los vecinos de Alte Brown deben saber y tener en claro que en ningún lugar del país un intendente está llevando a cabo obras de esta dimensión. Acá Mariano Cascallares tiene las cuentas de orden y le devuelve a los vecinos los impuestos en obras concretas. Claramente en Alte Brown hay una fórmula, una hoja de ruta, de como hacer para mejorarle la calidad de vida a la gente". indicó para finalizar: "Los vecinos quieren más obra pública y Mariano cumple con ese mandato".

Finalmente Juan Fabiani sostuvo que "tengo la suerte de formar parte de un equipo que en pocos días inauguró el Paso Bajo Nivel de Longchamps, el nuevo Jardín de Infantes de Yapeyú, otra Escuela Secundaria nueva y ahora este Paso Bajo Nivel de Calzada". 

El nuevo Paso Bajo Nivel se encuentra en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ferrocarril General Roca (ramal Temperley–Bosques). Cuenta con circulación de doble mano y permite el paso de todo tipo de vehículos, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles.

La obra incorpora además dos cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido. Durante la recorrida estuvo también el delegado municipal, Claudio Villagra.

Cabe recordar finalmente que el Municipio browniano habilitó recientemente el nuevo Paso Bajo Nivel de la calle Diehl en Longchamps y este año inauguró el Viaducto Papa Francisco en la zona de la rotonda Los Pinos, todas obras estructurales que consolidan un fuerte avance en infraestructura vial para todo nuestro distrito.

Justamente, por este frente asumieron su banca Teresita Oropeza, Gerardo Preste, Ornela Grilli, Jonathan Da Cruz, Andrea Giúdice, Pablo Ibañez y Candela Damatto. Por el lado de “La Libertad Avanza” juraron Candela Ucello y Sergio Pesado.

Además, por unanimidad se eligió nuevamente a Luis Blasetti como presidente del cuerpo, a Agustina Pardo y Nicolás Secco como vicepresidente primero y segundo respectivamente y a Maira Beltrami como secretaria.

Por otra parte, en el Centro Cultural La Vieja Estación, se realizó la jura de los nuevos consejeros escolares titulares. Ellos son Magali Lombardi, Federico Birocho y Natalia Espeche. También fueron presentados los consejeros suplentes: César Fleming, Maria Florencia Cisnero y Mariano Ferioli,

Cabe destacar que Lombardi fue electa como presidenta del Consejo, mientras que Birocho será vicepresidente y Espeche como tesorera.

Con las propuestas de las 17 áreas de trabajo - Adultos mayores, Ambiente, Comunidades migrantes, Cultura, Deportes, Discapacidad y accesibilidad, Educación, Juventud, Mujeres, géneros y diversidad, Participación de la comunidad, Políticas sociales y DDHH, Producción y comercio, Salud, Seguridad y Justicia, Clubes de barrio y Asociaciones civiles, Culto y comunidades de fe, Tierras, Hábitat y Urbanismo - se va a construir la Agenda de Gestión 2026.

“Vivimos en una época que nos empuja a encerrarnos. A mirar la pantalla de nuestro teléfono y olvidar al que tenemos al lado. Sin embargo, muchísimos lomenses este sábado hicieron lo contrario y derrotaron al algoritmo”, añadió el Jefe Comunal y señaló: “Quiero pedirles que nos miremos a los ojos en Comunidad, como en la Antigua Grecia en la que muchos vieron que la plenitud humana sólo era posible de alcanzar en la Polis, en el espacio público, en el Ágora. Hoy, en Lomas, recreamos esa Ágora. Este Congreso de la Comunidad es nuestra plaza pública. Juntos reivindicamos la política en su sentido más noble y antiguo: como la herramienta para transformar la realidad a través de la palabra y el acuerdo. En Paz. Sin violencia”.

“Estamos construyendo un modelo híbrido: la calidez y la empatía de la militancia barrial, potenciada por la eficiencia y la velocidad de la inteligencia artificial. Eso es modernizar el Estado. En definitiva, estamos uniendo las puntas de la historia. Vamos a seguir construyendo, con la memoria en nuestras raíces y la mirada en el futuro, una tierra solidaria, la tierra de las Lomas de Zamora”, concluyó Federico Otermín.

El posteo trascendió luego de que el organismo informara que la inflación se aceleró en noviembre, con fuertes aumentos en Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (3,4%) y una incidencia marcada de Alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró el menor incremento del mes con apenas 0,5%, cifras que alimentaron la respuesta política de la ex mandataria.

En su mensaje, la exmandataria sostuvo que el indicador oficial se conoce “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, y lo vinculó además al nuevo préstamo del FMI por USD 20 mil millones, la caída del consumo y el cierre de fábricas y comercios, en un contexto que describió como crítico para la actividad económica.

Cristina también recordó la disputa por el “IPC Congreso”, que la oposición impulsaba hace una década, y señaló que “no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri”, en respuesta a quienes cuestionaban las estadísticas oficiales de aquel período.

A la hora de comparar gestiones, la expresidenta subrayó que en noviembre de 2015 el índice que difundían sus opositores resultaba más bajo que el actual y afirmó que, mientras tanto, su administración no tenía deuda con el Fondo Monetario y había cancelado préstamos "que otros habían pedido y gastado".

En esa línea, la exmandataria enumeró políticas sociales y productivas vigentes durante su gestión: “Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio", enfatizó. 

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el breve, pero potente, discurso de Pedro Rosemblat a la hora de aceptar su Martín Fierro al Mejor Programa Político por su ciclo "Industria Nacional (Gelatina)".

Según cubrió la Agencia Noticias Argentinas, el periodista lanzó una picante e irónica frase destinada al streaming Carajo, también nominado a la misma terna, donde los señaló de tener una supuesta financiación estatal encubierta de parte del Gobierno de Javier Milei. 

“Nos pone muy contentos. Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho, eso nos genera muchísimo orgullo. Compartimos la terna con excelentes programas”, agradeció el creador del streaming, destacando que su proyecto es independiente y autogestionado.

“A mí, particularmente, me produce especial alegría ganarle a Carajo que, de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito. Gracias”, disparó.

En cuestión de minutos, su discurso se viralizó en redes sociales.

De esta forma, el periodista dio a entender que el streaming Carajo recibe una financiación estatal encubierta de parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el fin de difundir propaganda a favor del actual mandatario argentino.

Luego de que el gobierno de Javier Milei enviara el proyecto de reforma laboral al Senado, el triunviro de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, advirtió este sábado que el texto "tiene una redacción muy maliciosa".

"Terminó decantando en un proyecto que lo veníamos viendo, porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo. Entendemos que es un proyecto regresivo que quita derechos individuales y colectivos. No creemos que la salida de poder incorporar nuevos trabajadores al sector formal sea con un proyecto de esta magnitud, porque vemos que tiene una redacción muy maliciosa", sentenció Jerónimo en diálogo con Radio Mitre.

Como contraataque al proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió durante el jueves al Congreso, la CGT ya confirmó la realización de una movilización el próximo jueves 18 frente a la Casa Rosada. "Queremos mostrar el descontento que tiene el mundo del trabajo hacia una medida que está muy clara que va a contramano de lo que necesita la Argentina", argumentó.

En ese marco, Jerónimo rechazó que la movilización tenga que ver únicamente con la restricción del aporte solidario: "No, nada que ver. Eso es algo que quiere instalar el Gobierno".

"Nosotros planteamos muy claramente que apelábamos a la responsabilidad institucional del Gobierno, a que llame a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió eso, nunca el Gobierno quiso dialogar con las contrapartes naturales que es el sector empresario y el sindical", cuestionó el sindicalista.

Para el titular del Sindicato del Vidrio, el Ejecutivo terminó "sacando proyectos unilaterales y por imposición, que a la hora de la verdad no tienen ningún impacto real en la economía del mundo del trabajo".

A modo de ejemplo, recordó las modificaciones laborales incluidas en la Ley Bases, entre ellas la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral, la quita de multas y la figura del trabajador independiente. "Eso no generó un solo puesto de trabajo, todo lo contrario", criticó el dirigente sindical y detalló que, tras esas medidas, "se perdieron 276 mil puestos de trabajo y cerraron 20 mil empresas pymes".

"Nosotros no es que estamos cerrados a decir 'no queremos que se modifique nada', pero queremos que se construya en ámbitos de diálogo y negociación, lo cual este Gobierno no construye", disparó.

El triunviro de la CGT planteó que el mundo del trabajo necesita actualizaciones, pero remarcó que el camino no puede ser la imposición unilateral del Gobierno. "Estamos dispuestos a discutir todo en la medida que se construya una mesa de trabajo y realmente se profundicen los temas. Cuando se improvisan, las discusiones terminan saliendo mal", indicó.

En otro tramo de la entrevista, Jerónimo amplió las críticas hacia el modelo económico. “Necesitamos sacar a la economía real de la recesión y dejar de privilegiar la especulación financiera. La apertura indiscriminada destruye nuestra matriz productiva”, afirmó.

Además, alertó sobre la situación de quienes trabajan en plataformas digitales. “El proyecto los deja desamparados, sin derechos, cuando en otros países se los regula”, señaló.

La medida, que variará según la región debido al criterio de micro pricing utilizado por la compañía, busca impactar la inflación de diciembre. 

Marín explicó que la reducción no será homogénea en todo el país, sino que se ajustará a las diferencias estructurales entre regiones. 

Esta estrategia forma parte de una política de precios que él describe como un "acuerdo de honestidad con los consumidores". 

YPF continuará monitoreando factores como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para determinar los precios.__IP__

Sobre el gasoil, Marín mencionó que la situación es diferente, indicando que habrá aumentos en algunos tipos de productos. 

Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía, fue citada por el juez federal Sebastián Casanello a prestar declaración indagatoria en una nueva ronda de interrogatorios dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por la compra de medicamentos cuando estaba a cargo de Diego Spagnuolo.

Calvete era funcionaria pública con el cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, pero tuvo que renunciar cuando se desató el escándalo. La exfuncionaria fue acusada por el fiscal Franco Picardi de "diversas maniobras de corrupción". Cuando allanaron su casa el pasado 9 de octubre, se secuestraron cerca de 700.000 dólares y 19.190.000 pesos.

A su vez, se encontraron varias conversaciones de Ornella con su padre, Miguel Ángel Calvete. Entre los audios, se halló uno con una particular referencia la situación investigada: “Escuchame Pedro, si no me atendés, me quedo el 3%. No me hagas ‘karinearte’ la comisión”.

Ornella le dice Pedro porque así lo habría dispuesto su padre. Lo del 3 por ciento y la palabra “karinearte” hacen referencia a los primeros presuntos audios de Spagnuolo, en el cual se aseguraba que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, se quedaba con ese porcentaje de las coimas. El audio de Ornella es de septiembre pasado cuando ya se conocían los audios del ex titular de la ANDIS.

"UNA LAMBO" y "EL 3%"

En la causa constan conversaciones entre Ornella y su padre Miguel Ángel, que es un eslabón fundamental en la causa y que está preso por una condena por un caso de facilitación económica de la prostitución.

En una de las conversaciones, el 10 de septiembre de 2025, Ornella insiste a su padre por un hombre, Claudio de Ortopedia Alemana. Según el requerimiento fiscal “su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”. Por su parte, Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

En otra conversación, Ornella le dice a su padre que la pone muy feliz que se vaya de vacaciones por unos “añitos” y que se lo merece. A los pocos días de dicha conversación, Ornella le pregunta a Miguel Ángel Calvete cómo debe tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana, si tiene que ponerle los puntos o arrancarle la cabeza y luego se reconoce hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”.

En el teléfono celular de Calvete se halló una conversación con Ornella antes de las elecciones. Su hija le manifestó: “No vayas a votar, no seas boludo”. Para el fiscal ello implica una advertencia en relación con el riesgo de detención que pesaba sobre Calvete a raíz de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 8 por la causa de facilitación a la prostitución. Entre los citados en la nueva tanda de indagatorias figuran Diego Martín D’Giano para el 18 de diciembre, Patricia Canevasio también para el mismo día, y Julio César Viera para el día 19 de diciembre.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°5 de la Capital Federal condenó ayer a 25 años de prisión a dos de los tres expenitenciarios que fueron juzgados por la denominada “Masacre del Pabellón Séptimo”, ocurrida en 1978 en la que 153 detenidos fueron sometidos a tormentos y 65 de ellos murieron como resultado de la represión violenta y el incendio que se produjo en consecuencia en la Unidad Penitenciaria N°2 de Devoto. La pena para los condenados es la misma que habían solicitado en sus alegatos el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOF, Abel Córdoba, y la querella que representa a sobrevivientes y familiares.

El tribunal, integrado por los jueces Nicolás Toselli (presidente) y Daniel Obligado y la jueza Adriana Palliotti, impuso las condenas para el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz, de 93 años, y para el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez, de 92 años.

Ambos fueron condenados en calidad de coautores funcionales del delito de imposición de tormentos reiterados en 88 oportunidades y tormentos seguidos de muerte reiterados en 65 oportunidades, que concurren materialmente entre sí.

En tanto, el tercer imputado que había llegado a juicio, el excelador Gregorio Bernardo Zerda (74), -para quien la fiscalía había solicitado la pena de 22 años de prisión por el mismo delito-, fue absuelto.

En su resolución, el tribunal declaró que los hechos abordados en el juicio son graves violaciones a los derechos humanos y en consecuencia rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción planteado por la defensa.

Además del fiscal general Córdoba, durante el juicio también intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, las auxiliares fiscales María Laura Grigera, Viviana Sánchez y Mara López Legaspi. El tribunal informó que el próximo 16 de marzo de 2026 se conocerán los fundamentos de la resolución.

Últimas palabras y rechazo a planteo de la defensa

El último día del juicio abrió con la audiencia en la que el fiscal Córdoba contestó un planteo de la defensa de Ruiz respecto a la violación de principio de congruencia, y solicitó su rechazo, decisión que finalmente adoptó el Tribunal.

A continuación, antes de conocerse su absolución, Zerda fue el único de los acusados que hizo uso de las palabras finales ante el tribual. En este marco, hizo un relato de su historia familiar y aseguró que tuvo una buena formación en el Servicio Penitenciario Federal y que sólo cumplió órdenes.

La acusación fiscal

En su alegato -que se inició el 15 de octubre pasado y se extendió durante tres audiencias-, los representantes del MPF detallaron las circunstancias de la represión y el incendio provocados el 14 de marzo de 1978 en el  Pabellón 7mo. de ese penal federal situado en el barrio porteño de Villa Devoto, y analizó tanto las responsabilidades de los acusados como la actuación de las agencias estatales en el caso, tanto militares como judiciales hasta llegar a este juicio.

La fiscalía calificó los hechos como crímenes contra la humanidad de acuerdo a los requisitos del artículo 7 del Estatuto de Roma. Analizó que el contexto histórico es definitorio en ese análisis, al igual que la adscripción de los imputados al plan criminal en curso en la época. También puntualizó que para esa calificación prima la conducta de los acusados y no la condición de “presos comunes” de los detenidos.

El juicio había comenzado en octubre de 2024 y al mes siguiente el tribunal y las partes y algunos testigos participaron de una inspección ocular en el penal, donde dos de los sobrevivientes reconocieron los sitios donde ocurrieron los hechos.

En un comunicado, la gobernación de Al-Quds detalló que los colonos sionistas irrumpieron en la zona de Al-Hayy, en Mukhmas, y talaron aproximadamente 40 olivos pertenecientes a un poblador palestino.

La institución calificó el ataque de un patrón sostenido de violencia contra la población palestina y sus tierras, y agregó que se produjo días después de que el ejército israelí demoliera un parque y un área de juegos en la localidad, en un contexto creciente de presiones para imponer el control sobre la zona.

Tal como apostilla el comunicado, los colonos israelíes establecieron recientemente un puesto de avanzada cerca de Mukhmas, que se ha convertido en punto de reunión y base para reiterados ataques contra agricultores locales y tierras agrícolas.

Por su parte, la Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro, un organismo oficial palestino, informó que colonos israelíes perpetraron 621 ataques contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada solo en noviembre.

De acuerdo a cifras palestinas, desde octubre de 2023, las fuerzas y los colonos israelíes han causado la muerte de  1093 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluido Al-Quds, han herido a cerca de 11 000 y han detenido a unos 21 000.

En una opinión histórica emitida en julio pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds.

Para Díaz-Canel, las recientes amenazas militares y agresiones de Estados Unidos contra Venezuela —entre ellas el masivo despliegue militar en el Caribe, los ataques a embarcaciones y el anuncio de futuras incursiones terrestres, so pretexto de ‘combatir el narcotráfico’,— constituyen una prueba clara de las “renovadas pretensiones colonialistas de la doctrina Monroe”.

El presidente cubano fustigó a Estados Unidos por intentar “imponerse por la fuerza sobre la independencia y el derecho a la libre determinación” de los países latinoamericanos, subrayando que esta región es soberana e insumisa.

“América Latina y el Caribe no es patio trasero ni siquiera delantero de nadie […] Nosotros somos Estados soberanos. Los recursos y las riquezas naturales de nuestras naciones pertenecen a nuestros pueblos”, destacó.

El documento, presentado a principios de este mes, pone el foco de atención de Washington sobre la región, aboga contra las “migraciones masivas” y por restaurar el “predominio estadounidense” en América Latina, con un “Corolario Trump” a la doctrina Monroe.

Díaz-Canel aprovechó también su discurso para exigir a Washington cesar de manera “inmediato y sin condicionamiento” todas las medidas “coercitivas unilaterales” que aplican contra los países que “no se alinean con los intereses”, avisando que tales medidas socavan la soberanía de los Estados.

“Tales acciones no solo causan un daño directo y deliberado a la soberanía e independencia de los Estados, sino que también quebrantan el principio de no intervención en los asuntos internos y obstaculizan los esfuerzos de estos países por promover el legítimo desarrollo de sus pueblos”, manifestó.

La XXV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de ALBA-TCP, emitió una declaración final en la que condena enérgicamente el propósito de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., orientada a reafirmar la “obsoleta” doctrina Monroe, y demandó el cese de toda amenaza militar contra cualquier país de la región.

EE.UU. y Venezuela viven una escalada de tensiones desde el pasado agosto, cuando Washington desplegó sus activos militares y miles de marines en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo la excusa de ‘combatir el narcotráfico’, fenómeno al que vincula, sin pruebas, a Caracas.

Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas y el narcoterrorismo.

Mientras, Caracas reitera que las acciones de EE.UU. cerca de las costas venezolanas están dirigidas a imponer un cambio de gobierno con el verdadero objetivo de apropiarse de los recursos estratégicos del país bolivariano, como el petróleo, el gas y el oro.

Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte local, informaron que los operativos incluyen la realización de controles de alcoholemia para constatar la aptitud de los conductores, junto con la verificación completa de la documentación del chofer y del vehículo, garantizando que cada unidad se encuentre en condiciones reglamentarias.

Previo a cada salida los inspectores municipales también llevan adelante un exhaustivo control de las unidades, verificando su estado general y los elementos de seguridad obligatorios. Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que los contingentes viajen en condiciones óptimas y brindar tranquilidad a las familias.

Uno de los últimos operativos concretados tuvo lugar en el Club Pucará, donde se efectuaron los controles preventivos y la revisión pertinente antes de la partida de un contingente estudiantil.

Al respecto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó, “En Almirante Brown seguimos potenciando este importante servicio, donde realizamos controles a conductores de micros antes del inicio de los viajes educativos, recreativos o deportivos para garantizar la seguridad de los contingentes y llevar tranquilidad a las familias”. Además, remarcó la importancia de contar con un Estado Municipal presente, que trabaje de manera preventiva y cercana a la comunidad.

De esta manera, la Comuna reafirma su compromiso con la seguridad de los jóvenes que emprenden viajes de egresados y con todos los grupos que se trasladan en el distrito.

Finalmente, las instituciones interesadas pueden solicitar estos controles completando el formulario disponible en: http://www.educacion.brown.gob.ar/solicitudes-escolares o enviando un email a Transito@brown.gob.ar.

Las actividades comenzarán el martes 2 en la Plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este), continuarán el miércoles 3 en la Plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste) y finalizarán el jueves 4 en la Plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

A través de esta iniciativa, las y los lanusenses podrán acceder a toma de signos vitales, control de peso y talla, talleres de alimentación saludable y diversas actividades físicas grupales, entre ellas caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos coordinados por profesores de educación física.

También se ofrecerán charlas informativas sobre acceso al sistema de salud y programas de medicación, además de juegos y actividades lúdicas pensadas para toda la familia. Como en cada edición, se otorgarán turnos para nutrición.

Esta acción forma parte de la política pública que impulsa la gestión municipal para ampliar las oportunidades de cuidado, prevención y bienestar en cada barrio del distrito.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual impulsada por el gobernador Axel Kicillof declara la actividad audiovisual como “estratégica y productiva”; crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones; instituye un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor con representación sectorial y una red de salas y programas de profesionalización.

La norma fue aprobada con amplio consenso político, incluso en un contexto de fuerte tensión legislativa por el paquete de leyes que envió el oficialismo, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal, ya aprobados por el parlamento provincial, y el proyecto de financiamiento, que se cayó el viernes por falta de quórum.

Para el gobierno provincial, el objetivo es claro: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío federal por parte de la administración libertaria.

Dos modelos sobre el rol del Estado en la cultura

El contraste aparece al observar la política nacional: desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.

Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento.

También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo, luego parcialmente revertidas, y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un “sinceramiento” de un sector, según señalaron, sobredimensionado.

Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.

La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita: para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable.

Mientras que para Milei, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe “reducir su tamaño”, “ordenar gastos” y limitar su participación en la financiación de contenidos.

Un capítulo más en la puja Kicillof–Milei

El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos modelos políticos: el peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores estratégicos; los libertarios, a una reducción al mínimo de la intervención pública.

Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un Gobierno cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.

En este escenario, la verdadera “batalla cultural” sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos vacíos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas.