El 18 de diciembre, a las 9 de la mañana, dara incio la audiencia premilinar en la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje del juicio contra seis defensores ambientales de Punilla, imputados por su participación en una protesta pacifica realizada en agosto de 2022 en la ciudad de Cosquín contra la construcción de la Autovía de Punilla. La manifestación, que incluyó cortes y movilizaciones, se enmarcó en la resistencia de asambleas y vecinos que vienen cuestionando el proyecto vial por el desmonte de monte nativo y los riesgos sobre cuencas hídricas de la región.
Según denuncian organizaciones convocantes, la causa penal forma parte de “una avanzada judicial en la criminalización y judicialización de la protesta” impulsada por el gobierno provincial encabezado por Martín Llaryora, en sintonía con la política nacional, con el objetivo de disciplinar las luchas ambientales y sociales. La central sindical advierte que se busca enviar un mensaje ejemplificador a quienes cuestionan el modelo extractivista y el agronegocio que domina la provincia desde hace décadas.
Las y los vecinos de Punilla fueron elevados a juicio luego de haber participado, en agosto de 2022, de una manifestación en defensa del ambiente en la que solicitaron información pública sobre el uso de suelo al entonces intendente Gabriel Musso. La respuesta fue represión policial e imputaciones.
Las organizaciones que acompañan a les imputades sostienen que el único “delito” cometido fue defender el monte nativo y el derecho al agua, sintetizado en consignas que hoy se multiplican en pancartas y redes: “Defender el monte nativo no es delito” y “Absolución ya de lxs defensores ambientales de Punilla”. Desde asambleas socioambientales, ferias agroecológicas y sindicatos llaman a concentrar frente a los tribunales de Cruz del Eje durante el inicio del debate oral y apelan a la solidaridad para afrontar gastos legales y de traslado.
Los y las imputadas deberán afrontar traslados, gastos legales y ausencias laborales, por lo que convocan a organizaciones sociales, ambientales, sindicales, de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía en general a acompañar pacificamnete la causa y a estar presentes el 18 de diciembre a las 9 horas en la puerta de los Tribunales de Cruz del Eje.
Referentes ambientales remarcan que el caso se inscribe en una tendencia regional de persecución a quienes cuestionan proyectos de infraestructura o extractivistas sin “licencia social”, como en el caso de la Autovía de Punilla, señalada por avanzar sobre zonas rojas de protección de bosque nativo. Plantean que el juicio no sólo pone en el banquillo a seis personas, sino al propio derecho a la protesta y a la defensa de los bienes comunes en Córdoba.
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