En el Auditorio de la Casa de las Culturas, el Juzgado Federal N°1 de Resistencia continuó ayer y hoy con la recepción de los testimonios en el marco del proceso por averiguación de verdad de la Masacre de Napalpí, que abarca los crímenes perpetrados por el Estado en 1924 contra integrantes de pueblos originarios y campesinos en el entonces territorio nacional del Chaco. En el debate interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.
De los distintos relatos se pudo conocer cómo ocurrieron los hechos, se destacó la persecución realizada por el Estado hacia los pueblos originarios, el reclamo laboral que los indígenas llevaron adelante y el rol que ocuparon los diarios de la época.
Durante las últimas dos jornadas se recibieron los testimonios de familiares como Ramona Pinay y Florencio Ruiz, y se incorporaron los correspondientes a los fallecidos Mario Irigoyen, Carmen Rosa Delgado y Felipa Laleqori, hijos de sobrevivientes, cuyos relatos se pudieron apreciar a través de videos y de la lectura de entrevistas que se les hicieron. Además, se reprodujeron filmaciones de las entrevistas realizadas a las fallecidas Melitona Enríquez y Rosa Chara, quienes fueron testigos y sobrevivientes a la masacre.
También declararon quienes trabajaron en las investigaciones que hizo Juan Chico, como David García y Analia Noriega, y de otros especialistas que ofrecieron su análisis y opinión sobre el hecho y el contexto. Entre ellos, dieron testimonio Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Romero, Teresa Artieda y Laura Rosso, entre otros. También participó del juicio la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
En el comienzo de ambas audiencias, la jueza Zunilda Niremperger describió nuevamente las características que posee el juicio. Al respecto señaló que “este juicio por la verdad tiene la finalidad de conocer la verdad de los acontecimientos, que según la teoría del caso habrían acaecido el 19 de julio de 1924 en Napalpi y que fue calificado por la fiscalía como delito de lesa humanidad, ejecutado por el Estado y civiles, con el fin de acallar la protesta de los pueblos indígenas por mejores condiciones de trabajo”.
Por otra parte, remarcó que el debate no busca responsabilidades penales, sino que busca hacer una determinación judicial de los hechos y conocer la verdad de lo acontecido. Al respectó la jueza indicó que “los juicios por la verdad no tienen relevancia penal ni van a tener consecuencias penales, no buscan la responsabilidad o la imputación de una persona determinada ni la imposición de penas, sino que están enmarcados dentro del compromiso que tiene el Estado frente a la comunidad internacional de investigar y perseguir todas aquellas violaciones graves a los derechos humanos”.
“No les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos. Bajaban los pájaros que se comían los cadáveres. Es algo muy triste esta historia, por eso no quiero casi ni hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas y los hicieron trofeo”.
Testimonios de sobrevivientes y familiares
Durante el martes se pudo ver y escuchar, a través de dos videos, los testimonios de las sobrevivientes Melitona Enrique, del pueblo qom, y Rosa Chará, los cuales surgen de las entrevistas que les hizo la investigadora Bergallo y que fueron grabados años antes de sus muertes. Con la ayuda de la traducción de sus hijos, que mediaron como intérpretes, se pudo escuchar el relato de Melitona, quien sobre la masacre expresó: “Arrasaron con todo. Murieron ancianos, niños, mujeres embarazadas que querían trabajar y estar en paz”. Además, contó que vio sobrevolar aviones “buscando más aborígenes para exterminar” y que ella junto a los que lograron sobrevivir escaparon al monte, donde estuvieron dos días sin comer.
El martes también declaró Ramona Pinay, nieta de la sobreviviente fallecida Palota Dominga y de la cual conoce su relato sobre lo sucedido. Con respecto a los hechos, Ramona explicó que su abuela cosechaba y que se escapó a refugiarse en el monte cuando aparecieron los aviones, desde donde se arrojaban caramelos.
Por último, el miércoles se pudo escuchar los testimonios de los fallecidos Mario Irigoyen, hijo de Melitona Enrique, y Felipa Laleqori, hija de Enrique Laleqori, del pueblo moqoit. A través de la lectura de una entrevista, se pudo apreciar el testimonio de Mario, quien dijo: “Según me contó mi madre, un avión recorría los días antes y estaba agrupado un ejército de policías que los amenazaba con que los iba a fusilar por el reclamo que estaban haciendo”.
A su vez, señaló que ese 19 de julio, a las 8.00 de la mañana, llegaron las fuerzas policiales, que se colocaron a 300 metros de la toldería –el lugar de protesta-, y que a pesar de que uno de los caciques intentó hablar con el jefe policial, éste ordenó el ataque. “Le jugaron a mi pueblo”, leyó el secretario del juzgado las declaraciones de Mario Irigoyen. En otro pasaje del mismo testimonio se agregó: “No les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos. Bajaban los pájaros que se comían los cadáveres. Es algo muy triste esta historia, por eso no quiero casi ni hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas y los hicieron trofeo”.
“Este juicio por la verdad tiene la finalidad de conocer la verdad de los acontecimientos, que según la teoría del caso habrían acaecido el 19 de julio de 1924 en Napalpi y que fue calificado por la fiscalía como delito de lesa humanidad, ejecutado por el Estado y civiles, con el fin de acallar la protesta de los pueblos indígenas por mejores condiciones de trabajo”.
Equipo técnico de Juan Chico
En las audiencias también prestaron declaración los profesionales que formaron parte del equipo técnico o que trabajaron con el investigador qom Juan Chico, quien, a través de su fundación, comenzó con las investigaciones en 1999 y ayudó a motorizar el juicio por la verdad.
El martes por la mañana dio testimonio David Garcia, auxiliar docente aborigen, quien realizó las traducciones del relato de los sobrevivientes, acompañando las investigaciones de Juan Chico, y que participó del proceso de reconstrucción histórica de la comunidad. “Mi interés es que se haga el juicio para tener veracidad de la verdad, que el Estado se haga cargo y quitarles la culpabilidad a los indígenas”, manifestó.
Ese día también declaró Analia Noriega, trabajadora social que desde el año 2011 formó parte del equipo técnico de la fundación Napalpí. Colaboró en la investigación que llevo adelante Juan Chico sobre la masacre y contó que su rol fue asistir en los registros pos entrevistas, articular con los textos y archivos de académicos que venían trabajando el tema y analizar las entrevistas.
Con respecto a los días previos al 19 de julio de 1924, la investigadora relató que había una situación de reclamo por hambrunas y que por eso los líderes de la comunidad iniciaron una protesta. Añadió que apareció un avión y que por el territorio se hizo presente la policía, que comenzó a dispararles a las personas. Sobre los aviones señaló que aparecieron al inicio de la masacre, arrojando caramelos con la intención de que la gente se amuche. En respuesta a la pregunta que le hizo la jueza sobre su intención sobre el juicio, Noriega manifestó que “en nombre de mis compañeros de equipo pedimos que se haga justicia, que se escuche las voces de los indígenas, y que no nos olvidemos que nuestro Estado se conformó en base a un genocidio invisibilizado”
Contexto
Por otra parte, también participaron del debate distintos investigadores del caso y sobre otros temas relacionados a los pueblos indígenas, quienes dejaron su opinión y su análisis sobre los hechos ocurridos. Uno de los testimonios fue el Graciela Bergallo, magister en antropología y autora del libro “Danza en el Viento, Memoria y Resistencia Qom”, publicado en 2009, con el apoyo del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco y del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).
Sobre el contexto en el que se generó la masacre, contó que en esa época ya había habido huelgas, movimientos de resistencia, en el que también intervino la policía y que no fueron tan conocidos, pero que se sucedieron. Expresó que la situación contextual era muy grave, y que entre los factores desencadenantes de protesta y de malestar de la comunidad se encontraban la prohibición de los indígenas de salir del territorio chaqueño, la disminución de la paga al indígena en Napalpi y la muerte de un chamán por parte de la policía. Además, manifestó que la movilización de distintos pueblos indígenas a Napalpi generó en el gobernador de Chaco el temor de que haya una rebelión indígena.
El escritor Neri Romero destacó la apropiación de la tierra chaqueña como fenómeno sustancial para entender el contexto de desigualdad en el que se sucedió la masacre: “5.600 millones hectáreas de las actuales provincias de Chaco y Formosa se entregaron a 112 adjudicatarios particulares donde prevalecen apellidos franco británicos”.
Otro de los testimonios fue el de la historiadora Mariana Giordano, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y autora de distintas investigaciones científicas sobre las representaciones visuales de pueblos originarios del gran Chaco. En su declaración contó que analizó el discurso periodístico de la época y destacó que, previo a la masacre, el diario “La Voz del Chaco” -que respondía a los “colonos”-, identificó al escenario como un enfrentamiento entre tobas y mocovies. Además, dijo que tuvo palabras estigmatizantes hacia los indígenas, en donde los caracterizaba como “alzados” o “indígenas taimados”, y de que construían la idea de una inseguridad en la región que avecinaba un malón indígena.
Sobre este aspecto también habló el escritor Neri Romero, quien expresó que hubo una construcción política periodística de “la amenaza del malón como creación de las condiciones objetivas para la justificación de la masacre”. Por otra parte, como otro de los factores, señaló que el decreto firmado por el gobernador les prohibía a los indígenas abandonar el territorio por expreso pedido de los empresarios de la zona ligados al cultivo del algodón, que buscaban impedir que los indígenas salieran del Chaco -para trabajar en los ingenios del noroeste argentino-, para tenerlos a disposición como mano de obra barata.
En ese sentido, señaló que la quita del 15 por ciento de su cosecha de algodón también fue un factor en el malestar de la comunidad indígena. “Por eso se agruparon, para reclamar mejores condiciones de trabajo, las cuales fueron reconocidas por el gobernador y acordadas con los líderes indígenas que volvieron a trabajar con la promesa de que apoyaría sus peticiones y resolvería tales demandas”, indicó Romero y agregó que “finalmente las demandas que motivaron esa huelga pacifica no fueron cumplidas" y que "mientras esperaraban respuestas, eran acosados para que no se fueran de Chaco”. “Así los días se volvieron tensos, todo estaba a punto de estallar”, resaltó el historiador.
Destacó además la apropiación de la tierra chaqueña como fenómeno sustancial para entender el contexto de desigualdad en el que se sucedió la masacre. Sobre ello manifestó que ya en la llamada “campaña del desierto” los terratenientes fueron los ganadores de la guerra contra el indio y que “5.600 millones hectáreas de las actuales provincias de Chaco y Formosa se entregaron a 112 adjudicatarios particulares donde prevalecen apellidos franco británicos”. En ese sentido, destacó que la reducción de Napalpi fue producto de ese proceso, al que lo calificó como campo de disciplinamiento forzado de la mano de obra semi esclava y como un campo de concentración.
Responsabilidad estatal
También dio su testimonio María Barrios, magister en políticas sociales y trabajadora del Instituto de Cultura de Chaco, quien aportó documentos oficiales de la Policía de Chaco referidos al día de la masacre. Allí se describe el listado de los 35 gendarmes que participaron, el tipo de equipo que tenían y la cantidad de tiros de guerra, que en total eran 2400.
En ese mismo sentido, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, que participó hoy de la audiencia, también mostró documentos oficiales, en el que se destacan los informes de los comisarios Roberto Saenz Sosa y Jose Machado. Alejandro Jasinsky, representante del organismo nacional, dividió en tres momentos la responsabilidad estatal: cuando se da el accionar represivo, el momento del aparato político –cuando llega la denuncia al Congreso- y la etapa judicial, que concluye sobreseyendo a los responsables.
Por último, Jasinsky manifestó que la Masacre de Napalpi fue “un eslabón más de un ciclo represivo". Sobre ello destacó que ese ciclo se dió desde 1918 a 1924, “seis años en los que se producen varias masacres en el país y que se comunican entre ellas en varios sentidos: en lo discursivo, en el accionar y en el uso del aparato represivo de forma ilegal”. Al respecto enumeró la “Masacre de la Forestal” en el norte de Santa Fe en 1921, la “Masacre de la Patagonia” en 1922, la masacre y represión en las Palmas en Chaco, que es un proceso de 1922 a 1924, y la represión en la Ciudad de Buenos aires, en los talleres metalúrgicos de Vasena, en el ferrocarril y en el Puerto de Buenos Aires.
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