El ex marino Roberto Guillermo Bravo declaró en la segunda audiencia del juicio civil que se le sigue en una corte de Florida, en Estados Unidos, por su responsabilidad en la Masacre de Trelew, y los querellantes consideraron que su testimonio estuvo plagado de "inconsistencias" en relación a los hechos cometidos el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada, donde fueron asesinados 16 militantes políticos que se encontraban detenidos.
"Algunos detalles del testimonio de Bravo no coinciden con sus anteriores declaraciones juradas sobre los eventos en Trelew, como cuáles soldados estaban presentes, quién abrió las puertas de las celdas, cuántos tiros supuestamente disparó un prisionero y la posición de cada soldado cuando comenzó el tiroteo", se señaló en el diario de este juicio que publica el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que asiste legalmente a familiares de las víctimas que demandaron al ex marino en EEUU.
En una audiencia realizada este martes, Bravo incurrió en contradicciones sobre quién abrió las puertas de las celdas para que fueran ejecutados los prisioneros y las posiciones que ocupaban los militares cuando comenzó la balacera, según se consigna en la página del Cels.
El juicio comenzó tras la demanda presentada por familiares de cuatro víctimas de aquel hecho (Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps) e impulsada por abogados del Cels y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos estadounidense
"Bravo expresó que la noche del 22 de agosto llegó al bloque de celdas debido a las quejas de un marino no identificado. Sintiéndose incómodo, recogió una ametralladora PAM que uno de los cabos dejó por seguridad. Dijo que su temor surgía de la fuga de la prisión que precipitó los eventos en Trelew y en la cual se dijo que un guardia fue asesinado. Una vez que a los prisioneros se les ordenó salir de sus celdas, uno de ellos se impuso al capitán Sosa, agarró su pistola .45 y disparó dos tiros a los soldados", relató el acusado.
Fuentes del Cels informaron que el imputado proseguirá este miércoles con su declaración en este juicio, el primero en el cual se analiza su responsabilidad por los hechos ocurridos hace 50 años en la Masacre de Trelew
El lunes comenzó el juicio tras la demanda presentada por familiares de cuatro víctimas de aquel hecho (Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps) e impulsada por abogados del Cels y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos estadounidense.
Durante la primera jornada se escucharon los alegatos iniciales del abogado de la parte demandante, Ajay Krishnan, y luego, por parte de la defensa, se expidió el abogado Steve Davis, según lo detallado en un informe elaborado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad estatal de Florida y la Clínica Internacional de Derechos Humanos, presentes en la sala.
Este miércoles, el abogado de los demandantes dijo que con posterioridad los militares "encubrieron los eventos" en Trelew y que como "parte del plan, enviaron a Bravo a EEUU como asistente militar" mientras "persiguieron sin tregua a las víctimas que sobrevivieron y a las familias".
Krishnan describió a las víctimas fallecidas y señaló a los parientes que pudieron viajar y estaban presentes en la sala de audiencias.
Luego destacó puntos centrales de la demanda: que "Bravo y sus cómplices conspiraron para matar a 19 prisioneros desarmados"; que la afirmación del exmilitar de que actuó "en defensa propia es falsa" y parte de "una conspiración para encubrir la masacre" y que la prescripción del delito "fue pausada y entonces no puede usarla como defensa válida".
Concluyó su alegato remarcando que sus "clientes merecen justicia y compensación" y que "mientras las familias de las víctimas tuvieron que vivir escapando, Bravo estuvo viviendo con toda comodidad en Miami".
Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado como agregado naval por el gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse. En EEUU obtuvo la ciudanía y forjó una posición social de importancia al convertirse en contratista del departamento de Estado.
En 2010, el ex marino logró que la Justicia de EEUU rechazara un pedido de extradición formulado por los tribunales argentinos.
En 2014, al producirse una condena en primera instancia sobre la causa, las autoridades argentinas volvieron a reclamar la comparecencia de Bravo.
El abogado querellante concluyó su alegato remarcando que sus "clientes merecen justicia y compensación" y que "mientras las familias de las víctimas tuvieron que vivir escapando, Bravo estuvo viviendo con toda comodidad en Miami"
A fines de 2019, el exmilitar fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares, según fuentes de las querellas.
El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "EEUU no puede ser refugio de asesinos en masa".
La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a la Argentina para dar cuenta de los crímenes de los que se lo acusa.
Mientras aguardan una resolución sobre la extradición, familiares decidieron iniciar una demanda civil contra Bravo en otra corte del distrito sur de Florida.
El juicio oral y público se realizó en mayo de 2012 y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Los acusados fueron los exmarinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista.
Los primeros tres fueron hallados culpables y los restantes absueltos en primera instancia, aunque luego se revocó esa sentencia y se ordenó un nuevo juicio que nunca se concretó porque fallecieron en medio del largo proceso judicial.
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