El decreto 820/16 desnaturalizó ilegalmente el objetivo central de la norma, es decir, frenar a través de la regulación estatal el creciente proceso de extranjerización de grandes superficies de tierras en nuestro país, y benefició de manera directa a -entre otros extranjeros que dejaron de tener limitaciones legales para avanzar en la adquisición de tierras- el amigo de Mauricio Macri Joe Lewis.
De acuerdo a lo expuesto por Tailhade, la redacción del decreto estuvo a cargo del Estudio Jurídico Brons & Salas, abogados de Lewis y en cuyo domicilio también se inscribió el domicilio social de Hidden Lake S.A., la sociedad de Lewis que es la titular de las tierras en Lago Escondido.
Es decir, a través de sus abogados, Lewis redactó a medida el decreto que lo beneficiaba.
Entre los elementos de prueba acreditados en la denuncia, se destacan los que demuestran cómo una abogada del estudio Brons & Salas, que había trabajado hasta unos meses antes en la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley), asegura haber participado de la redacción del decreto, y reconoce la connivencia entre los abogados de Lewis y la entonces directora del Registro de Tierras, Cristina Brunet, que reportaba al ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, quien ya inició la investigación. Pidió, entre otras medidas de prueba, que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación le remita todas las actuaciones administrativas relacionadas con el dictado de ese decreto.
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