"Por Constitución sabemos que las marchas están permitidas si son de carácter pacífica, por eso quiero dirigirme a los hermanos para hablarles de la importancia de la paz y la unión y del compromiso que debemos tener todos por el bien de nuestras familias y la gran familia que es el Perú", declaró Boluarte, informó el medio local RPP.
Las protestas que se registran en el país desde el 7 de diciembre dejaron casi una treintena de muertos y cientos de heridos, en muchos casos por la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones que reclaman, centralmente, la renuncia de Boluarte y un llamado inmediato a nuevas elecciones.
Estas declaraciones de Boluarte se conocen un día después de la renuncia del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el coronel Juan Carlos Liendo O’Connor, luego de que la presidenta se mostrara en desacuerdo con tratar las protestas como "insurgencia terrorista".
La designación de O'Connor en diciembre pasado había generado polémica desde un principio, no solo porque Boluarte había admitido desconocer quién era y cuál era su currículum, sino también porque celebraba la "eficacia" del Ejército durante las protestas.
Entre las razones que O'Connor citó en su carta de renuncia se destacan "serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley".
Horas antes, durante una entrevista con Radio Programas, O'Connor manifestó que presentaría su dimisión por claras discrepancias con Boluarte e insistió en que existían "organizaciones terroristas" detrás de las protestas, aunque sin identificarlas.
En ese sentido, remarcó que de acuerdo con la definición de terrorismo presente en la legislación peruana, "las acciones que se vienen realizando en las manifestaciones evidencian actos de terrorismo" y pese a que puedan existir "demandas legítimas" hay "planeamiento y objetivos desde organizaciones clandestinas".
Antes de ser elegido para presidir el DINI, O'Connor trabajó en una de las anteriores versiones del organismo, el Servicio Nacional de Inteligencia entre 1991 y 1998, cuando estaba bajo control del expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ahora presos por delitos de lesa humanidad y diversos delitos de narcotráfico y asesinato, respectivamente.
Durante esos años O'Connor trabajó junto a Julio Salazar Monroe, exministro de Defensa con Fujimori, que cumple actualmente una pena de 35 años de cárcel por la matanza de La Cantuta, en la que nueve estudiantes y un profesor fueron asesinados para luego hacerlos pasar por terroristas.
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