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Boluarte niega tener 'toda la responsabildad' por las muertes en las protestas

(03/01/23 - Perú)-.La presidenta de Perú, Dina Boluarte, criticó hoy a quienes achacan "toda la responsabilidad" a su Gobierno por la treintena de muertes que dejó la represión de las protestas de las últimas semanas a favor del depuesto mandatario Pedro Castillo, insistió en que hay "otro lado" de esa violencia e hizo un llamado a las organizaciones para que futuras marchas "no generen desorden ni caos".

"Hemos tomado las decisiones necesarias para salvaguardar la paz, la tranquilidad y la vida de 33 millones de personas (...). Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho 'oigan, salgan a la calle y tomen aeropuertos; salgan a la calle e incendien acá o incendien allá', dijo la jefa de Estado en una entrevista al diario local La República.

Boluarte abordó la necesidad de "mirar en la amplitud" lo que ocurre en su país, en una crítica a los medios de comunicación que -según señaló- no puede centrar sus críticas en un solo lado: "La prensa no puede venir a decir 'usted, usted, usted'", dijo.

Consultada concretamente sobre si su Gobierno asumirá la responsabilidad política por las muertes, la mandataria respondió que "quienes han llevado a la violencia, quienes están detrás de esa violencia, quienes hayan dicho `vamos y quememos, vamos e incendiemos, vamos y tomemos aeropuertos`, ellos serán los responsables", dijo.

"¿Qué hay del otro lado de la violencia?" -se preguntó- "¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables", aseguró durante la entrevista, en la que también acusó a otros líderes políticos -sin nombrarlos- de "azuzar" a la población para que se manifieste, "distorsionando la historia deliberadamente", por lo que "deberán asumir responsabilidades" advirtió.

"Dina Boluarte no provocó la violencia", remarcó la mandataria, una violencia que ni ella ni "nadie" se podría haber imaginado que provocaría su toma de posesión tras el arresto de Castillo.

"Para el Ejecutivo no ha sido fácil tomar las medidas de declarar el estado de emergencia nacional", dijo.

Cuestionada sobre su responsabilidad como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, la mandataria dijo que su Gobierno está dando todas "las facilidades" a los fiscales para que investiguen estas muertes, recordando además que algunos policías están graves por heridas de bala.

"Nos hemos enfrentado a organizaciones como el narcotráfico y la minería ilegal. No son personas que caminan con bandera blanca", dijo, tras insistir en que sus instrucciones fueron contener la violencia que pudiera surgir en las protestas "de manera disuasiva" y con gases lacrimógenos, enfatizando que ni siquiera dio orden de usar "lo que está permitido por ley", como balas de goma "que no son letales, pero sí pueden causar impacto".

La presidente peruana recalcó además que desde su Gobierno "no están ajenos" al dolor de las familias de las víctimas y pidió dejar trabajar tanto a la Fiscalía, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de emitir juicios precipitados sobre el origen de estas muertes.

"No podemos estar estigmatizando tampoco el trabajo de las Fuerzas Armadas", reclamó y recriminó que las protestas no estén relacionadas con "reclamos no atendidos de programas sociales", sino con "adelanto de elecciones, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, renuncia de Dina Boluarte y liberación de Pedro Castillo".

Subrayó que no tiene ninguna intención de continuar como presidenta de Perú más allá de su mandato constitucional y que la posibilidad de adelantar elecciones para 2023 y "que la población se tranquilice" depende del Congreso.

Perú vive una tensa situación política, que incluyó una reciente ola de protestas desatada el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió el Gobierno.

Ese día, su antecesor, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso luego de que anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

Desde entonces, Castillo está preso. La Justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por entender que intentó dar un golpe de Estado.

Las protestas disminuyeron con la cercanía de las fiestas de fin de año, pero diversas organizaciones sindicales y sociales anunciaron su próximoa reanudación en al menos siete regiones del país.

"Constitucionalmente, esas protestas están amparadas", dijo Boluarte, pero pidió a los organizadores y participantes "que sean marchas pacíficas, que no generen desorden, caos, incendios, tomas de carreteras. Eso ya no es marcha en calidad de protesta, eso ya es salirse del marco legal", concluyó.

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