La acción se enmarca en una política que lleva adelante la cartera de Derechos Humanos conducida por Horacio Pietragalla Corti, para "recordar a las víctimas" y expresar "el repudio del Estado" contra los crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad y evitar que vuelvan a ocurrir, informó la Secretaría en un comunicado.
La colocación del cartel número 30 se realizará en homenaje a Nahuel Salvatierra, víctima de violencia institucional por parte de un policía de esa provincia en 2018.
A partir de la finalización del aislamiento derivado de la pandemia de coronavirus, la Secretaría de Derechos Humanos inició una política de señalizaciones de hechos graves de violencia institucional, que implica la colocación de carteles con las fotos de las víctimas y la reseña de los hechos.
Esta política persigue "la finalidad de promover la Memoria, Verdad y Justicia como pilares fundamentales para la no repetición de estos sucesos", remarcó la Secretaría.
Asimismo, se informó que la señalización tiene el doble objetivo de "fijar una clara postura del Estado en repudio a los casos de violencia institucional perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad", así como de "realizar un homenaje a las víctimas, que sirva como un acto de reparación y visibilización ante el daño causado".
En la web de la secretaría (argentina.gob.ar/derechoshumanos) se encuentra disponible un mapa interactivo con las ubicaciones e información de la totalidad de los carteles colocados hasta el momento en todo el país.
Además de las señalizaciones, la cartera de Derechos Humanos, mediante la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, interviene como querellante en trece causas de violencia institucional.
También presta asistencia como "observadora" y "amiga del Tribunal" en diversos juicios orales.
Según se detalló en el comunicado, hasta fines del 2022, la Secretaría ha asistido a 16 juicios orales como observadora.
Además, cuenta desde 2020 con un Centro de Denuncias de Violencia Institucional, las cuales pueden realizarse a través de una línea telefónica gratuita, vía WhatsApp o por correo electrónico.
El procedimiento consta de diversas etapas, en las que cada caso que ingresa se registra, se llama al denunciante o a la víctima y se realizan notificaciones a las autoridades políticas pertinentes.
También se brinda asesoramiento jurídico, se garantiza la denuncia penal y se efectúa un seguimiento de las causas para evitar la impunidad.
Desde la creación del Centro de Denuncias se han gestionado más de tres mil casos de violencia institucional, informaron.
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