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Al borde de la destitución, el presidente Lasso disolvió el parlamento y los ecuatorianos iran a las urnas en noventa días

(18/05/23 - Ecuador)-.El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó hoy la disolución de la Asamblea Nacional horas después de que el Parlamento le iniciara un proceso de juicio político, una decisión polémica que implica la celebración de nuevas elecciones generales en pocos meses y que, hasta entonces, lo habilita a gobernar por decreto.

La medida del impopular mandatario de derecha, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue rechazada por el expresidente de izquierda y líder opositor Rafael Correa, que acusó a Lasso de "golpe de Estado", y por el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, que dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la mediada de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores solo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero.

En un mensaje a la Nación, el conservador Lasso dijo que, en virtud de una atribución constitucional conocida popularmente como "muerte cruzada", firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar por decreto hasta las próximas elecciones, que, por ley, deberían celebrarse antes de octubre.

Lasso acusó al Parlamento de querer "desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado" y dijo que tomó la decisión "por grave crisis política y conmoción interna", una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución.

En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el aumento del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda, que domina el Congreso, para recuperar fuerzas.

La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025.

A su vez, la ley ecuatoriana indica que el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir cuatro meses.

Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral puede disponer la realización de las elecciones en un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria, con lo que los comicios no deben realizarse más allá del mes de septiembre.

Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza en la Asamblea destituida, con 49 de los 137 escaños, tildó de "ilegal" y de "golpe de Estado" la decisión de Lasso, pero matizó que su decisión abría una "gran oportunidad" para deshacerse de su Gobierno y "recuperar la Patria".

La poderosa confederación indígena Conaie, cuyas protestas derivaron en el derrocamiento de tres presidentes desde 1997 y pusieron en apuros al propio Lasso el año pasado, dijo que la decisión dibujaba "un escenario de dictadura" y que pronto analizará y adoptará "decisiones colectivas".

En su mensaje a la nación, el presidente dijo que todos los esfuerzos del Poder Legislativo estaban enfocados en desestabilizar al Gobierno "con un juicio político infundado", y agregó que Asamblea buscaba "usurpar todos los poderes del Estado".

"Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", anunció Lasso, un banquero de 67 años.

El gobernante se presentó ayer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio de un juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.

Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.

El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.

El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.

Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

El máximo jefe militar de Ecuador, general Nelson Proaño, dijo en un video junto al jefe de la Policía Nacional que la decisión de Lasso había sido legal y que las fuerzas de seguridad actuarán "con firmeza" frente a alteraciones del orden público y velarán por los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

La sede de la Asamblea Nacional amaneció hoy bajo resguardo de cientos de policías antimotines con grandes escudos, mientras que en el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, informó la agencia de noticias AFP.

El jefe de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dijo en el video junto a Proaño que el edificio del Parlamento y otras dependencias donde también funcionaban oficinas del Legislativo serán desde hoy custodiadas por la Policía Nacional, y que los legisladores podrán retirar sus pertenencias mediante un tercero.

"La Asamblea militarmente cercada. Se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella", dijo Correa en su cuenta de Twitter.

"Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse", agregó.

"En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria", dijo.

Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.

Entre 1997 y 2005 tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.

En esta ocasión, la oposición parecía reunir los 92 votos necesarios en la cámara, que tiene 137 escaños.

El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar hoy antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la "muerte cruzada".

La "muerte cruzada", el mecanismo usado por Lasso para disolver el Parlamento de Ecuador

Horas después de concluir la primera sesión de un juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, echó hoy mano a un recurso constitucional llamado "muerte cruzada" para evitar ser destituido por el Parlamento por corrupción.

Se trata de una figura legal, amparada por el artículo 148 de la Constitución, de 2008, que le permite al Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral del país, al tiempo que otorga un plazo máximo de siete días al Consejo Nacional Electoral para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

El plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días (cuatro meses).

Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, le da la potestad al Consejo Nacional Electoral a que puede disponer la realización de las elecciones en "un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria".

Es decir que el proceso electoral no debe realizarse más allá del mes de septiembre.

Las nuevas autoridades electas estarán en funciones hasta el término del periodo vigente

Hasta el desarrollo del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-leyes de necesidad y urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo.

Lasso y los diputados asumieron en mayo de 2021, y su mandato termina en 2025.

La Constitución fija tres causales para que el Ejecutivo declare la "muerte cruzada", incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado hoy por Lasso, que atribuyó este estado a la crisis política generada por el juicio político en su contra.

Las otras causales son que el Parlamento se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

A su vez, la Asamblea Nacional, con otras causales, también puede invocar el mecanismo para destituir al Presidente de la República sin un juicio político previo, de allí que se denomine "muerte cruzada".

La decisión de Lasso se produce un día después de que se presentara en la Asamblea Nacional y rechazara acusaciones de la oposición legislativa, en el inicio de un juicio político en su contra por presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo.

Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Se trata de la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.

Incorporada en el texto de la Constitución en un proceso iniciado por el ex presidente y líder opositor Rafael Correa, la "muerte cruzada" fue incluida teniendo en cuenta la historia turbulenta del Ecuador que acabó con tres mandatos presidenciales en nueve años: los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

El bloque opositor le había advertido a Lasso que, de recurrir a esta vía, aumentaría aún más la tensión política y social.

Sin embargo, el mandatario no sólo coqueteaba con ella sino que sugirió que podría ser de nuevo candidato a presidente en los comicios que, merced a esta situación, serán adelantados.

La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso desciende en su popularidad según los últimos sondeos.

Aun así, cerca de un 39% de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5% que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5% que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.

En junio pasado, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.

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