El debate de esta megacausa arrancará mañana a las 9, en la sede del TOF, ubicado en la calle Chacabuco 125, en el centro de la capital tucumana.
En mayo del año pasado, el TOF había llevado adelante una audiencia preliminar destinada a establecer, entre las partes, un acuerdo referido al desarrollo del juicio, y los magistrados propusieron que el inicio del proceso oral y público comenzara después del receso invernal del 2022.
En ese entonces, los fiscales y las querellas solicitaron adelantar el inicio del debate y que las audiencias tuvieran lugar con más periodicidad, un pedido que el TOF debía resolver, sin embargo, no se había fijado una fecha hasta marzo de este año.
Se trata de una megacausa en la que se juzga la responsabilidad de 30 imputados, entre los que se encuentran policías y militares, imputados por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966.
El Tribunal está integrado por Jorge Basbus, Noel Costa y Juan Carlos Reynaga, quienes escucharán a lo largo del debate a más de 300 testigos, que brindarán testimonios sobre los delitos que se perpetraron en perjuicio de 237 víctimas.
Actúan en la causa como acusadores el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc).
En tanto, uno de los imputados, Luis Rolando Ocaranza, cuenta con una abogada particular que llevará adelante su representación, mientras que los restantes son asistidos por el Ministerio Público de la Defensa.
Los hechos que se debatirán integran la tercera parte del universo procesal de Jefatura de Policía de Tucumán.
Las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y las comisarías de casi todo el territorio provincial.
En efecto, Tucumán contaba entonces con 80 comisarías y al menos 32 de ellas fueron escenario de los delitos descriptos por la Fiscalía.
"En todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departamento de Policía de la provincia de Tucumán", señalaron los encargados de impulsar la acción penal en 2015.
En cuanto a los imputados, se trata de autores mediatos, autores directos, partícipes necesarios y partícipes secundarios, según el caso.
"Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabiendas, de una macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad", indicaron.
Cada uno de ellos "cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales", según se explica en la elevación a juicio elaborada por el Ministerio Público Fiscal.
Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.
Además se los acusa por homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad, violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas, abuso deshonesto, asociación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.
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