Se trata del número de Whatsapp 11-6960-2391, que se suma a los canales de atención ya existentes como el teléfono de línea 5034-6200 internos 211, 212 y 213, disponible de lunes a viernes de 8 a 4 horas, el email defensaconsumidor@brown.gob.ar y la web www.almirantebrown.gov.ar/defensadelconsumidor

De esta manera, los vecinos y vecinas que tengan inconvenientes con el servicio eléctrico, tales como cortes, baja tensión o la pérdida de artefactos eléctricos o alimentos producto de las deficiencias de la prestadora privada podrán comunicarse de forma más rápida y directa.

Desde la Oficina de Defensa al Consumidor indicaron que el primer paso para iniciar el reclamo para el restablecimiento urgente del servicio es realizar la denuncia de la falta de suministro ante la empresa privada Edesur y presentar ese número de reclamo a cualquiera de los canales de comunicación mencionados.

En este sentido, además del número de reclamo se debe especificar también el número de cliente, el domicilio afectado y el nombre de la persona titular.

Una vez que el servicio eléctrico es restablecido, en caso de que haya daños en artefactos o alimentos producto del corte, se puede formalizar el reclamo y solicitar el resarcimiento económico al respecto. Por tal motivo es importante que los vecinos y vecinos guarden las facturas correspondientes de todos los elementos que serán denunciados como descompuestos.

“Ante el deficiente servicio brindado por la empresa Edesur, seguimos potenciando el acompañamiento y el asesoramiento a nuestros vecinos y vecinas de Almirante Brown a través de la Oficina de Defensa al Consumidor sumando nuevos canales de comunicación”, remarcó el intendente Mariano Cascallares.

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, se aprobó el 26 de octubre de 2021 y, según explicó Andrea Graciano, matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, "estamos celebrando un momento histórico en nuestro país".

Si bien fue aprobada en octubre de 2021, se promulgó como ley el 12 de noviembre y el 23 de marzo del 2022 se aprobó para ser puesta en vigencia por etapas desde agosto del año pasado.

La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) de Argentina realizó un monitoreo del cumplimiento de la ley en ocho supermercados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires donde, de un total de 138 productos, observaron que 4 de cada 10 productos incumplen la norma en algún aspecto.

"En el 88% de los supermercados vimos que había promociones asociadas a esos productos con sellos, que es una cualidad prohibida por la ley. Por ejemplo, 50% de descuento en la segunda unidad o dos por uno. Ese tipo de promociones están prohibidas justamente para desincentivar la compra de estos productos", señaló a Télam Victoria Tiscornia, magister en Nutrición e investigadora de FIC.

Según precisó la especialista, el incumplimiento que más observaron fue con respecto a las "técnicas de marketing".

"La ley prohíbe que los productos con al menos un sello no pueden presentar una técnica de marketing dirigida al público infantil, por ejemplo, personajes, regalos, juegos en el envase. El 28% de los casos evaluados tenían este tipo de técnicas", remarcó.

Por su parte, Ariana Krochik, coordinadora de Política Nacional en Consciente Colectivo, señaló a esta agencia que a pesar de que hay muchos puntos de la ley que se están cumpliendo de manera correcta, "aún queda mucho por hacer y seguir aplicando".

En ese sentido, la especialista indicó que hay productos que hoy vemos en góndolas que no tienen los octógonos de advertencia sobre sus ingredientes debido a las prórrogas para su aplicación y que esto "está confundiendo mucho al consumidor, porque cree que un alimento es saludable cuando no lo es".

"Esta es una ley que busca prevenir enfermedades no transmisibles como el cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y esto se previene brindando información a la gente y empoderando al consumidor para que pueda elegir", remarcó.

Y agregó que "los sellos de advertencia brindan información al consumidor para que pueda elegir de manera consciente y veraz, sabiendo qué tienen los productos y elegir qué consumir. No se prohíbe el consumo de ningún producto".

Para Graciano, la ley es "integral" y contiene múltiples regulaciones, entre ellas algunas "menos conocidas" como la protección de los entornos escolares.

"En esos artículos se establece la implementación obligatoria de contenidos de educación alimentaria y nutricional y se prohíbe que los productos que tengan aunque sea un sello de advertencia se ofrezcan o comercialicen en las escuelas", señaló e indicó que estos artículos son los que aún "no se ha avanzado".

Sin embargo, las especialistas coincidieron en que el impacto general "ha sido muy positivo".

"Donde es más efectivo el etiquetado frontal es en los productos falsamente percibidos como saludables. Aquellos productos que elegíamos con el convencimiento de que eran opciones saludables y nutritivas y que ahora podemos identificar que en realidad no lo son", enfatizó.

Por su parte, Tiscornia señaló que otro aspecto importante que se está evaluando es la reformulación de los productos por algo más saludables en algunos casos en donde cambiaron su composición.

"Lo ideal es cambiar los productos ultraprocesados por alimentos más naturales" señaló y agregó que "esperamos que con el tiempo se den resultados positivos en Argentina, sobre todo por la evidencia que ya existe en la región".

La especialista ejemplificó con el caso de Chile, que implementó la ley de Etiquetado Frontal en 2016, donde hubieron "resultados positivos en mejoras de los hábitos alimentarios"

"Facilitar la identificación de los productos no saludables de manera fácil y rápida cuando uno va a hacer las compras hizo que redujeran significativamente la compra de los productos con sellos, por ejemplo disminuyendo un 25% la compra de bebidas azucaradas a sólo seis meses implementada la ley", concluyó.

Según fuentes oficiales, Precios Justos Barriales estará disponible en almacenes y autoservicios con 108 productos básicos de los rubros de consumo masivo, alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza.

Esta nueva canasta, que se anunciaría el jueves próximo, apunta a que los comercios de barrio puedan ofrecer Precios Justos y reactivar el consumo en comercios de cercanía, según se informó.

Participan del acuerdo 32 proveedores, con los que se pactaron precios con pauta del 3,8% que se renovarán el 15 de julio próximo.

El 19 de mayo pasado la Secretaría de Comercio dispuso la continuidad hasta el 31 de julio de la canasta de 2.101 productos que conforman el programa Precios Justos, con una pauta mensual de 3,8%, y que se encuentra disponible en las 2.500 bocas de expendio acordadas.

De esta manera se extendió el acuerdo alcanzado a comienzos de abril para conformar una canasta de productos de consumo masivo, mediante adhesión voluntaria de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Precios Justos está disponible en las cadenas de supermercados de grandes superficies y en supermercados regionales; mientras que con la conformación de la canasta de Precios Justos Barriales, estarán presentes también en los comercios de proximidad.

La cartera dirigida por Matías Tombolini estableció las sanciones en más de 120 sucursales frente a los aumentos injustificados del 8,33% promedio comprobados tras los contronles del programa.

La última sanción que difundió la cartera que conduce Matías Tombolini fue el miércoles último, cuando suspendió a la cadena de supermercados Día por 30 días del programa debido a incumplimientos reiterados y aumentos injustificados, ahora la empresa dejará de tener acceso prioritario al uso de divisas para pago de importaciones.

De todos modos, Día deberá en este período seguir comercializando los productos de Precios Justos, ya que sus proveedores siguen siendo parte del plan y rige la obligación de comercializar los mismos a los valores acordados con el Gobierno.

La decisión fue tomada tras la realización de operativos de control en más de 120 sucursales, en los que se comprobaron aumentos del orden del 8,33% promedio en los productos que forman parte del programa, 3,33 puntos por encima del 5% acordado.

Previo a la suspensión de Día,  la secretaria de Comercio comunicó una sanción a las empresas Unilever y Mastellone por $ 160 millones y $ 60 millones, respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea productos con características similares, pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes.

Específicamente a fines de este mes la Secretaría comunicó el labrado de 769 multas a empresas alimenticias y supermercados por $ 806.450.000 en tan solo una semana debido a diversos tipos de irregularidades en torno del cumplimiento de Precios Justos.

Las multas recayeron en las cadenas de supermercados Día, Carrefour, las del Grupo Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y el mayorista Maxiconsumo, y en las empresas alimenticias Cabrales y Nestlé.

Durante las verificaciones se corroboraron diversas irregularidades en relación con el cumplimiento del programa, vinculadas con faltantes de mercadería y stock, principalmente en los rubros de perfumería, cuidado personal, limpieza, aceites, atún, harina, yerba y fideos, así como la ausencia de señalización de los productos que forman parte del programa.

Incluso ayer Tombolini compartió en su cuenta de Twitter que durante los operativos de relevamiento a supermercados mayoristas Yaguar, Maxiconsumo, Vital, Makro y Diarco, detectaron incumplimientos que podrían constituir fraude en los precios de venta del aceite.

“Voy a enviar un requerimiento de subsanación del desvío detectado, exigiéndole a los mayoristas que acudan a los medios necesarios para resarcir a los consumidores afectados por las sumas indebidamente cobradas”, informó el secretario y señaló que “las empresas tendrán un plazo de 5 días para dar cumplimiento a lo requerido”.

“Estamos para evitar este tipo de abusos de algunos vivos, que buscan aprovecharse incumpliendo con los acuerdos voluntariamente celebrados”, aseguró Tombolini.

El eventual incumplimiento de este programa se puede denunciar a través de la app Precios Justos, que tiene como objetivo principal el control ciudadano de los precios en góndola de estos productos. Es decir, que el usuario pueda ver el precio fijado por el gobierno y si el precio establecido en el comercio es mayor, realizar una denuncia.

Así lo informó el área que conduce Matías Tombolini en un comunicado, donde indicó que además se emplazó a las firmas para que en el plazo de 24 horas arbitren los medios para que los productos cuestionados no sean ofrecidos para la venta a los consumidores y exhibidos en forma contigua y simultánea, a fin de evitar inducir a error, engaño o confusión a los potenciales consumidores.

Según explicó Comercio, estas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo último, en los cuales se constató que ambas empresas incumplieron con la ley 24.240.

En el caso de Unilever, se le aplicaron dos multas de $ 80 millones cada una.

Una de ellas es por comercializar la mayonesa Light Hellmanns Doy Pack de 237 gramos en dos presentaciones: una versión con el rótulo del producto y otra con la leyenda “Más Liviana, todo el sabor”, que tenía un incremento del 19% respecto al producto original.

Además, la firma comercializó el producto CIF ultra brillo de igual composición, pero con etiquetas similares con dos precios sustancialmente diferentes: en ese caso la diferencia era del 64%.

En el caso de Mastellone, fue multada en $ 60 millones por comercializar variantes de cuatro tipos de leche de la marca La Serenísima también a precios diferentes.

Se trata de las leches Clásica, Clásica Más Liviana, Liviana y Menos Calorías.

En este caso, sus variantes incluían en las etiquetas la leyenda “Fuente de vitaminas C y E”, pero el producto era el mismo.

La diferencia de precio entre las variantes y las leches originales era del 33%.

Además, en un hecho que no tiene antecedentes, las dos empresas deberán publicar en sus redes sociales y en las redes de las marcas implicadas la infracción que cometieron.

Dicha publicación deberá permanecer visible por 72 horas.

“A través de la Resolución 362/2023 firmada por el interventor del ENRE, Walter Martello, se concretó la sanción final que la distribuidora Edesur deberá abonar a las personas usuarias afectadas por cortes de suministro prolongados registrados entre el 5 y el 12 de diciembre de 2022”, informó el organismo en un comunicado.

Por instrucción del ENRE “la empresa deberá abonar un total de $ 132.665.280 en resarcimientos, monto que será distribuido entre las personas usuarias que estuvieron afectados por cortes con una duración superior a 10 horas”.

Además, determinó que “la distribuidora deberá acreditar en la próxima factura emitida, sin necesidad de trámite alguno por parte de cada usuario afectado, el monto del resarcimiento correspondiente en función de la cantidad de cortes sufridos en ese período”.

“La sanción es la primera de una serie de sanciones con las que Edesur deberá resarcir a los usuarios afectados por cortes durante el verano”, remarcó el ENRE.

Por su parte, Martello subrayó a Télam Radio que los cortes de febrero y marzo último "probablemente tengan como consecuencia una sanción de carácter más gravosa desde el punto de vista económico".

“Sé perfectamente que las multas no reparan el malestar que ocasionan los cortes prolongados y la ineficiencia de la empresa, pero es mi obligación hacerlo y no dudaré en continuar con ello. Mientras trabajamos en conclusiones del informe al congreso y la denuncia penal presentada”, afirmó el funcionario.

Puntualmente, la falda tendrá hasta fin de mes un valor de $697 por kilogramo, mientras que el asado y la tapa de asado costarán $1.068 por kilo, en casa caso.

Asimismo, la paleta saldrá $1.149 por kilogramo, el kilo de matambre $1.352, el kilo de vacío se comercializará a $1.394 y la nalga a $1.419 por kilogramo.

Los precios de los cortes surgen del incremento del 3,2% mensual que la Secretaría acordó con representantes del sector ganadero, fundamentalmente las empresas nucleadas en el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC).

Al respecto, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, subrayó hoy en su cuenta personal de Twitter que "extendimos los acuerdos de #PreciosJustos carne hasta el 30 de abril" y, a continuación, dio a conocer los valores de los cortes al compartir una publicación de la Secretaría.

Comercio también reafirmó la vigencia del 10% de reintegro en las compras realizadas con tarjetas de débito en las carnicerías y minimercados adheridos; y el 35% de reintegro en los pagos con tarjetas del Banco Nación y a través de MODO.

“Nosotros partimos de la premisa que Edesur es una empresa que miente sistemáticamente, ha mentido cuando dijo que iba a hacer inversiones y ha mentido cuando dijo que iba a prestar un servicio eléctrico razonable”, subrayó Lorenzino.

El titular de la Defensoría indicó que es “la justicia quien tiene que investigar a los directivos y la mala fe que ha tenido la empresa en todos estos años”:

“Estamos con la tranquilidad de que la investigación va en el sentido que creemos que tiene que ir y que la mala fe de la empresa se va a terminar comprobando”, enfatizó el ombudsman bonaerense.

La Justicia federal de Lomas de Zamora dispuso ayer el secuestro de documentación de Edesur en cuatro de sus instalaciones como parte de las causas que investigan presuntos delitos en los cortes de suministro de energía eléctrica en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, zona de concesión de la empresa.

Los procedimientos, encomendados por el juez federal Ernesto Kreplak a la Policia Federal, apuntan a buscar información sobre cómo se comunicaron los cortes entre distintos organismos vinculados al sector energético, por ejemplo entre Edesur y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y cómo fue también la comunicación interna de la empresa, detallaron las fuentes.

Además de esta causa, en los tribunales federales de Retiro se tramita una denuncia penal que presentó el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello por supuesta "defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos".

En paralelo, el martes pasado, Jorge Ferraresi asumió la intervención administrativa de Edesur, una decisión tomada por la Secretaría de Energía tras la falta de respuesta de la empresa por los cortes de luz registrados durante las dos últimas semanas y para poner en marcha un programa de inversiones que permita mejorar la calidad de servicio.

Según Lorenzino, hubo intencionalidad por parte de la empresa en cortes de los últimos meses donde “actuó de mala fe”.

“El año pasado, el CEO de la empresa (Francisco Starace) dijo que se querían ir del país. Nosotros creemos que en el último tiempo, más allá que siempre prestaron un muy mal servicio, hubo una intencionalidad como para que el Estado rápidamente les revoque la concesión y allí poder cobrar ellos en el CIADI los millones de dólares que seguramente tendríamos que haber pagado si tomábamos esta decisión intempestiva”, denunció el funcionario.

Asimismo, indicó que hubo una “adulteración de instrumentos e información pública” al referirse a los cortes de luz de febrero que Edesur responsabilizó a un faltante de generación de energía, algo que fue desmentido por Cammesa, operador del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“Hubo una premisa que cuando haya tarifas van a llegar las inversiones. Eso es mentira. Tuvieron cuatro años de más del 2.000% de aumentos de 2015 a 2019, no pusieron un peso y lo único que hicieron fue transferir sus ganancias al exterior. Eso está comprobado en los asientos contables”, señaló Lorenzino.

Por último, el defensor del Pueblo bonaerense reclamó “revisar” los contratos de concesión de las distribuidoras pues –indicó- “no tienen correlato con la realidad de hoy”, en especial en lo que respecta a los reclamos de los usuarios por desperfectos en artefactos.