El mandamás de Esteban Echeverría explicó que “en lugar de utilizarlo para sostener la timba financiera y el beneficio de unos pocos, con ese dinero podrían, por ejemplo, construir 2.000 hospitales o 20.000 escuelas en todo el país. La Argentina tiene alrededor de 2.200 localidades, podrían construir casi un hospital en cada una”.

“En vez de mantener la apertura del cepo y la flotación del dólar entre $ 1.000 y $ 1.400, con el préstamo del FMI se podrían construir 400.000 viviendas, 20.000 kilómetros de ruta o comprar 500.000 patrulleros”, ejemplificó luego.

Desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, Gray recordó que “en 2018 Caputo nos endeudó por U$S 57.000 millones de dólares. Se gastaron y fugaron U$S 44.000 millones y ahora vuelve a pedir U$S 20.000 millones más”.

“Tenemos la deuda más grande en la historia del FMI que van a terminar pagando nuestros hijos, nietos y bisnietos. Hipotecaron el futuro de las argentinas y los argentinos”, concluyó el alcalde.

“El ministro Caputo ya nos endeudó en 2018 por 57.000 millones de dólares. Se gastaron y fugaron 44.000 millones. Ahora vuelve a pedir 20.000 millones más. Es un verdadero récord. Por eso, voy a proponerlo para el Libro Guinness de los récords como el ministro que más endeudó a un país en toda la historia del FMI”, argumentó el alcalde.

Acto seguido, el referente de Apertura Peronista reflexionó: “Es triste, muy triste. Pero esta deuda la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nietos y bisnietos”.

En igual tesitura, planteó que  esta política económica “hipoteca el futuro de millones de argentinas y argentinos”.

Con tono crítico, Gray llamó a visibilizar las consecuencias de los acuerdos con el FMI y denunció que el nuevo préstamo “sólo agrava la situación social y económica del país, mientras se recortan derechos y se ajusta sobre las trabajadoras y los trabajadores”.

Se trata de la reactivación de una obra de un total de 262 casas que comenzó en mayo de 2006, en el marco del Plan Federal, y se paralizó en el año 2010 con un 60 % de avance.

“Esta obra tiene 18 años de abandono. Decidimos retomarla y finalizar las primeras 32 viviendas para cumplir el sueño más legítimo de todas las familias, que es el techo propio”, afirmó Batakis durante la recorrida.

El complejo habitacional está ubicado en Los Andes 750, del barrio San Agustín de 9 de Abril. Las viviendas, dúplex con dos dormitorios, están distribuidas en ocho manzanas y forman parte de las más de 8 mil que la Provincia tiene en marcha en todo el territorio.

Según se destacó, esta nueva urbanización pretende brindar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano a las personas que se encuentran dentro del camino de sirga de lagunas y arroyos o zonas altamente inundables de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Gray argumentó que “la medida tomada por el Gobierno nacional lastima el poder adquisitivo de miles de vecinas y vecinos que toman dos o tres transportes por día para ir a trabajar o estudiar”.

“La medida tomada por el Gobierno nacional lastima el poder adquisitivo de miles de vecinas y vecinos de nuestro distrito y del Área Metropolitana de Buenos Aires que toman dos o tres transportes por día para ir a trabajar o estudiar”, expresó el jefe comunal.

Presenté un recurso de amparo ante la Justicia Federal por la eliminación del subsidio al programa Boleto Integrado de la Red SUBE para el transporte público que no corresponde a jurisdicción… pic.twitter.com/pPgvkfadNX

En este sentido, precisó que “presentamos este amparo para evitar esta inequidad y defender a las y los bonaerenses que necesitan viajar todos los días. Esta medida es un golpe más a la gente, que se suma a los aumentos en las tarifas de servicios públicos, combustible, prepagas, alquileres y educación, entre otros”.

El programa Boleto Integrado de la Red SUBE es un régimen destinado a compensar los incrementos de costos de las empresas urbanas y suburbanas de transporte público. 

Con este beneficio, las personas que hacen combinación entre trenes, subtes o colectivos en un plazo de dos horas, pagan la tarifa plena en el primer viaje, el segundo con un 50% de descuento y el tercero, con un 75 % de rebaja.

Gray hizo una presentación para que la Secretaría de Energía control los valore del gas envasado, ante la situación de vulnerabilidad de los vecinos.

“El Gobierno nacional desreguló el mercado del gas envasado y eliminó los precios máximos de referencia de las garrafas. A partir de ahora, las empresas definirán cuánto costará un insumo fundamental para más de 20 millones de argentinas y argentinos que no tienen acceso a la red de gas natural y deben recurrir a las garrafas, lo que les resulta mucho más caro. Por eso le solicitamos formalmente al Gobierno nacional que controle y regule el precio de gas envasado y se morigeren los aumentos de gas”, señaló Fernando Gray.

Asimismo, el jefe comunal indicó que “desde esta madrugada, con lluvia y frío, cientos de familias bonaerenses hacen fila en los distintos puntos de venta de gas para comprar una garrafa”.

Y detalló el periplo que realizan a diario los vecinos en busca de valores más bajos: “Las vecinas y los vecinos se agolpan en los mayoristas y, en muchos casos, recorren varios kilómetros y se trasladan a otros distritos para conseguir mejores precios, ya que en determinados lugares y barrios, el precio de la garrafa duplica la tarifa de lista”.

“Actualmente, esta empresa familiar de tres generaciones se encuentra afectada por las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional y tuvo que reducir el personal y la producción en los últimos dos meses. En este momento está trabajando al 20 % de su capacidad productiva”, indicó Gray.

Según informó el INDEC, el índice de producción industrial manufacturero mostró una caída de 21,2 % en marzo respecto al mismo mes de 2023. Además, en el acumulado del primer trimestre de 2024 se presenta una disminución de 14,8 % respecto al mismo período de 2023.

Durante el encuentro, el jefe comunal, acompañado por el presidente de Galfione y CIA, Luciano Galfione, y Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), señaló que “es alarmante ver el desplome de la producción industrial en los últimos meses. Esto se ve reflejado por la apertura de las importaciones, la caída del poder adquisitivo y del consumo, y los constantes aumentos en los servicios básicos como la luz, el gas y el agua”.

“En los últimos años, esta empresa hizo una gran inversión. Duplicaron los puestos de trabajo y aumentaron la producción, pero hoy se encuentra muy afectada por la caída de la actividad económica”, resaltó el intendente y agregó: “Argentina necesita políticas públicas a mediano y a largo plazo que le den previsibilidad a las empresas para que tengan crédito y puedan seguir produciendo, invertir y generar más puestos de trabajo.

Por su parte, Juan Zabaleta expresó: “Hay que construir modelos de gestión que no sean tan personalistas, que tengan más que ver con la necesidad de cada empresario, como esta fábrica que invierte y genera trabajo. Estamos viendo un gobierno que está más atento a cuánto está el dólar y las acciones, y, por el contrario, la Argentina crece cuando hay generación de empleo”.

En tanto, Facundo Moyano remarcó: “Las recetas que plantea el Gobierno nacional ya son conocidas. Necesitamos una propuesta que cuide el trabajo argentino, un Estado que regule y controle, pero que no limite. Un Estado que potencie”. “Esta crisis que atraviesa Argentina, posiblemente se vaya a profundizar con más despidos. Hay que salir de este laberinto por arriba, con propuestas que contengan la crisis sistémica del mercado laboral y protejan el trabajo argentino”, finalizó Moyano.

Galfione y CIA se fundó en la Ciudad de Buenos Aires en 1947 como una pequeña fábrica de medias. Con el paso del tiempo, la empresa evolucionó hacia la producción de hilados texturizados de fibras sintéticas. Hoy es una compañía nacional referente en el mercado textil y cuenta con tres plantas industriales, dos en la Capital Federal y otra en La Plata. Su capacidad anual de producción alcanza 4.200 toneladas de hilado fino.

La empresa ofrece una amplia gama de productos divididos en dos sectores: hilados de nylon y poliéster de alta tenacidad para el sector industrial, incluyendo la fabricación de tapizados de automotores e hilados de costura; y una variedad diversificada de hilados para el sector de indumentaria.

Este viernes, a las 15 horas, estaba prevista una audiencia pública para tratar el aumento de la tarifa de subtes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este contexto, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se inscribió para participar de dicha convocatoria, ya que una parte importante de las trabajadoras y los trabajadores del municipio usan ese medio de transporte público para desarrollar sus actividades.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida por el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires porque no se pudo transmitir a través de la plataforma YouTube para cumplir con el requisito de publicidad de los actos públicos de gobierno.

Ante esta situación, el intendente Fernando Gray solicitó que se inicie nuevamente un proceso formal para una nueva convocatoria, situación que conlleva a una postergación de hecho del aumento de la tarifa de subtes de la Capital Federal.

En efecto, ratificó su tajante rechazo al incremento de la tarifa.

“Esta medida busca defender la libertad de expresión, la institucionalidad y los puestos de trabajo, y resguardar el derecho a la información”, expresó el jefe comunal y detalló que la presentación –a la que tuvo acceso Somos Télam– contó con el patrocinio letrado del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

En el escrito se solicita que se suspenda la vigencia del DNU 70/2023 “por su manifiesta inconstitucionalidad” y se plantea que se disponga “la continuidad de la operatoria en plenitud de la Agencia Télam, con todo el personal de sus agencias, conforme estado de situación previa al 1º de marzo de 2024”.

También pide que se fije perentorio plazo de 48 horas para el cumplimiento de la sentencia judicial, “la que no se suspenderá por eventuales recursos que pudiera intentar la parte demandada y que sólo serán concedidos en relación y con efecto devolutivo”.

El escrito señala la importancia de la información pública “veraz, adecuada y objetiva en el ejercicio pleno de la ciudadanía” y su valor “como testimonio del carácter evolutivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. 

“Suprimir el funcionamiento de la agencia Télam demuestra el grado de ignorancia y prepotencia institucional con que ha obrado el actual Gobierno nacional”, destaca la presentación. 

La acción judicial también tiene como objetivo proteger el archivo fotográfico y documental de Télam que, junto con el Archivo General de la Nación, constituyen la base histórica documental más importante del país.

La importancia de las imágenes

En ese sentido, el jefe comunal graficó que “dentro de los registros de gran valor histórico que pertenecen a la agencia, se encuentra, por ejemplo, la mayor colección de imágenes de la Guerra de Malvinas”.

Asimismo, el amparo hace hincapié en las consecuencias de la medida respecto a la pérdida de fuentes de trabajo y, al respecto, Gray afirmó: “Cerrar Télam también implica dejar a más de 700 profesionales de extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación sin su sustento diario en un contexto de grave crisis económica, por lo que estamos hablando de una decisión de extrema insensibilidad”.

En el texto también se destaca “el prestigio informativo de esta agencia, que es la única con corresponsales en todo el territorio nacional” y se pone de relieve que Télam, que cuenta con 803 medios suscriptos en todo el país, “funciona como archivo histórico de información de la Argentina a través de sus 38.000 registros audiovisuales y documentos periodísticos”.

Se indica, paralelamente, que la agencia de noticias “produce y provee material informativo a medios de comunicación, empresas y organismos” e indica que “el cierre de Télam perjudica al Municipio de Esteban Echeverría como usuario de su servicio informativo y a cada una y uno de sus habitantes porque afecta el derecho colectivo a la información pública”.