El gobernador bonaerense dijo presente en la movilización que se realiza en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Ya se logró algo central que es que desestimen esa locura, esa insensatez que querían hacer, pero que lo hayan bajado no significa que dejen de insistir", aseguró Kicillof respecto a la decisión del oficialismo de dar baja el capítulo de venta de tierras rurales a extranjeros ante la falta de votos, y consideró que "los restantes capítulos de esta ley también son nefastos".

En ese sentido, fue contudente: "Tenemos un gobierno que quiere vender nuestro territorio, nuestra patria y la quiere partir en pedacitos".

"Va pasando cada vez más el tiempo y a Milei se le va cayendo esa careta que tenía de outsider. Es un tipo que responde a los intereses más concentrados y está rodeado y forma parte de lo peor de la casta. Sus amigos responden a intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país", afirmó el mandatario bonaerense en diálogo con El Destape. 

Y agregó: "Lleva adelante causas que les son ajenas, ha subordinado nuestra política exterior a la de Estados Unidos e Israel, que nos ha metido en guerra que no son nuestras, que está pelado con nuestro vecino y principal socio comercial".

"Si fuera alguien que realmente pensara en el país, se daría cuenta que no podemos estar en este momento separándonos de la región y de nuestro principal socio comercial. Lo hace por cuenta y orden de Trump, lo hace por un proyecto de quedarse con este continente para la ultraderecha", alertó.

Por último, destacó la importancia de las movilizaciones para expresar el rechazo a la iniciativa oficialista: "Me parece muy significativo que haya una reacción transversal, cuando este gobierno pensaba que se iba a llevar puesto todo por enécima vez".

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA contradijo los discursos optimistas y alertó que el índice podría cerrar el año cercano al 35%. Señaló el impacto de la falta de recuperación salarial y el aumento de las tarifas en los hogares.

Durante una entrevista concedida a Futurock, Salvia fue contundente al analizar la dinámica del mercado laboral y los ingresos: "La pobreza dejó de bajar y empezó a subir. Una tendencia que venía a la baja de la pobreza se estancó". En ese marco, precisó que la indigencia experimentó un incremento al pasar del 6% al 6,5%, reflejando un deterioro en los sectores de menores recursos.

Salarios, tarifas y la proyección para fin de año

Al evaluar las causas de este retroceso, el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA remarcó la falta de dinamismo en los ingresos familiares y el mercado de trabajo. "Cuando no hay recuperación de salarios ni de empleo, la tendencia va a ser el aumento de la pobreza", explicó. Bajo esta premisa, proyectó un escenario preocupante de cara a los próximos meses: "La pobreza se encamina al 35% para fin de año".

Asimismo, Salvia puso el foco en el costo de los servicios públicos y su incidencia real en la canasta familiar. "La actualización de tarifas no está bien medida, y tienen un peso muy importante en los gastos fijos de los hogares. Consumen lo mismo pero es cada vez más en sus ingresos", analizó el sociólogo sobre el impacto del esquema tarifario en los presupuestos mensuales.

Un indicador que regresa a niveles de la pospandemia

La suma de un millón de personas pobres más en el país retrotrae la situación social a periodos previos de estancamiento. Al comparar la serie histórica reciente, el especialista advirtió sobre la magnitud del retroceso al señalar de manera drástica que "los niveles de pobreza están como en 2022, post pandemia".

La advertencia de la UCA contrasta con las proyecciones más optimistas de los sectores oficiales y plantea un severo llamado de atención sobre la necesidad de reactivar el empleo formal y recuperar el poder adquisitivo del salario frente al costo de vida.

También advirtió que la reforma libertaria, “ataca la jornada de 8 horas, restringe el derecho a huelga, ataca a las organizaciones sindicales y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”.

Fue durante la audiencia que se realizó en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional.

Además, el FreSU denunció la existencia de una política de persecución política y disciplinamiento “cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)” y “la persecución mediática, gremial, jurídica y personal” contra el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró.

Marcha contra la Ley de Extranjerización de Tierras

La Asociación Trabajadores del Estado se movilizará este jueves al Congreso de la nación en rechazo a la Ley de Extranjerización de Tierras que permite la venta indiscriminada de parte del territorio nacional a extranjeros. El sindicato concentrará a partir de las 12 horas en Avenida Rivadavia y Rodriguez Peña (CABA).

“No podemos dejar que esta iniciativa avance. La soberanía nacional nunca estuvo tan comprometida como hoy y debemos salir a la calle a defenderla. Pretenden regalar la Argentina al mejor postor. Quieren vender provincias enteras”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este sentido, advirtió que “no es verdad que con esta iniciativa se puedan atraer inversiones o favorecer a los productores agropecuarios. Si se aprueba una norma de esta característica, el único resultado será tierra arrasada y miseria”. 

“Hay un consenso mayoritario para rechazar esta ley. Tenemos que salir en todo el país para que sea rechazada en su totalidad”, completó el referente gremial.

Cabe destacar que el sindicato dispuso una Jornada Nacional de Lucha para el jueves 6, por lo que las protestas además se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.

El proyecto de ley propone elevar el límite a la propiedad extranjera del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental del 15 %, como es actualmente, al 25 %. Aunque cabe destacar que la primera intención del oficialismo fue eliminar ese tope, por lo que los extranjeros podrían adquirir la totalidad de las tierras rurales de la Argentina.

Además, el proyecto propone eliminar el límite por nacionalidad que establece la ley vigente. Hoy ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% del cupo permitido, pero en caso de ser aprobada esa restricción desaparecería.

También se pretende eliminar restricciones actualmente vigentes sobre la compra de tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes; e inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

La Gendarmería analizará las grabaciones que comprometen a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en las que se habla de presuntos sobornos y sobreprecios para determinar su origen y su autenticidad.

En una primera instancia, los peritajes se iban a hacer el 22 de julio pasado, pero debido a que especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia por el receso judicial de invierno, el procedimiento se postergó. En ese contexto, la Justicia había citado a Diego Spagnuolo para que deje una muestra de su voz y compararla con los audios que lo comprometen. Pero el exdirector del organismo se negó alegando que sería "autoincriminarse" y que viola su derecho a no declarar contra sí mismo. Por eso insiste en pedir la nulidad ante la Cámara Federal para frenar el peritaje.

Por su parte, el juez Ariel Lijo decidió seguir adelante igual y, a pedido del fiscal Franco Picardi, los peritos podrán usar grabaciones públicas de Spagnuolo, como entrevistas que dio cuando era funcionario, para cotejar su voz con los audios bajo sospecha.

Finalmente, se fijó nueva fecha para el 26 de agosto. Ese día, los expertos deberán chequear si las grabaciones son auténticas o si fueron manipuladas, editadas o incluso alteradas con inteligencia artificial para clonar voces. Mientras tanto, el juez Ariel Lijo también tiene pendiente definir la situación de otros 30 imputados que ya declararon y podrían ser procesados.

LA VOZ DE SPAGNUOLLO Y LA SUIZO ARGENTINA

El juez federal Ariel Lijo ordenó que se convoque al extitular de la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. Contra ese material se comparará la voz que, aparentemente en un bar, fue grabada mientras el exfuncionario hacía referencia a coimas —vinculadas a la compra de medicamentos— cuyo destino final era la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei.

Esos audios que en su momento reveló el canal de streaming Carnaval fueron la noticia que disparó denuncias penales, que luego se convirtieron en una causa judicial. Sin embargo, los investigadores no utilizaron esas grabaciones como elemento de cargo y conocida la noticia criminal produjeron prueba independiente que permitió avanzar con la causa. Las defensas siempre insistieron en que se avance con el análisis de esas grabaciones. Y así lo ordenó el juez Lijo, siguiendo los lineamientos fijados por la Cámara Federal porteña.

De esos audios surgían datos que robustecen una línea de investigación que la fiscalía mantiene bajo siete llaves: la que conduce a la droguería Suizo Argentina como parte fundamental en el entramado de las presuntas coimas. Los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker ya fueron allanados, sus teléfonos secuestrados y la empresa también allanada. Todavía resuena en el expediente la negativa del jefe de sistemas de esa compañía a hacer un blanqueo de claves para que la justicia pudiera acceder a los correos electrónicos corporativos.

Ante la dura medida de los trabajadores, la Casa Rosada suspendió el decreto que desregulaba el practicaje, aceptó abrir una mesa de diálogo y desplazó al ministro de Desregulación de las negociaciones.

La decisión del Ejecutivo implicó un fuerte revés para Sturzenegger, principal impulsor de la iniciativa, puesto que el ministro quedó fuera de las conversaciones que continuarán en las próximas semanas y ni siquiera participó del acuerdo alcanzado entre las partes. La negociación quedó en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras que Diego Santilli intervino para acercar posiciones y facilitar el levantamiento de la medida de fuerza.

La raíz del conflicto 

El conflicto había comenzado tras la publicación del decreto, que eliminaba parte de las regulaciones sobre la actividad de prácticos, pilotos y baqueanos, habilitaba excepciones para capitanes extranjeros y modificaba las condiciones de prestación del servicio. Desde el sector denunciaban que la reforma había sido elaborada sin instancias de diálogo y advertían sobre los riesgos que implicaba para la navegación en el Río de la Plata y el Paraná.

Mientras el Gobierno amenazaba con denuncias penales, sanciones e inhabilitaciones para quienes sostuvieran el paro, la medida de fuerza dejó cerca de 180 buques demorados, además de pérdidas económicas que distintas fuentes del sector estimaron en cientos de millones de dólares. La imposibilidad de dictar una conciliación obligatoria, al tratarse de profesionales independientes y no de un conflicto sindical tradicional, limitó aun más el margen de acción del primero.

La paralización de la actividad también generó preocupación entre las empresas exportadoras y energéticas. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) advirtieron que cada buque demorado implica costos de entre 50 mil y 100 mil dólares diarios y alertaron sobre el riesgo de afectar la confiabilidad del país como proveedor internacional. El conflicto interrumpió operaciones en Bahía Blanca y complicó obras vinculadas a Vaca Muerta, además del abastecimiento de combustibles.

El acuerdo al que accedió el Gobierno acepta revisar integralmente la reforma y mantener, por ahora, aspectos que el sector consideraba innegociables, como el rol de la Armada en la formación y capacitación de los prácticos. También quedó en suspenso la discusión sobre el resto de los cambios previstos en el decreto, que serán analizados en la mesa de negociación abierta. 

Uno de los relevamientos, elaborado por el Instituto Universitario CIAS, muestra un fuerte impacto de la crisis en los barrios populares. El 75% de los jóvenes de entre 16 y 24 años considera que la economía empeoró, mientras que el 60% afirmó que su hogar debió reducir consumos o gastos y el 57% reconoció haber tenido que pedir dinero prestado para afrontar sus necesidades.

En la misma línea, la encuesta nacional de Zubán Córdoba & Asociados señala que el 64% de los consultados cree que el rumbo del Gobierno es incorrecto y que el 53,9% asegura estar peor en términos personales. Además, el 61,9% manifestó que preferiría un cambio de gobierno en 2027. El estudio también registra un fuerte deterioro de la imagen presidencial: la desaprobación de la gestión supera el 65% y la imagen negativa de Milei alcanza el 61,3%.

Respecto del escenario electoral, el informe de Zubán Córdoba ubica al peronismo al frente de la intención de voto con el 31,3%, por encima de La Libertad Avanza, que reúne el 28%. Sin embargo, un relevamiento de CB Global Data ofrece un panorama distinto: Milei aparece como el dirigente con mayor intención de voto individual, con el 32,4%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner (15,2%) y Axel Kicillof (14,7%). En simulaciones de balotaje, el Presidente conserva una ventaja frente a ambos referentes peronistas.

Pese a esa fortaleza relativa en un eventual mano a mano, el mismo estudio de CB Global Data detecta una señal de alerta para el oficialismo: el 54,5% de los encuestados expresó su preferencia por un cambio de gobierno, frente a un 33,4% que respaldó la continuidad. En ese contexto, el desempeño económico de los próximos meses aparece como un factor decisivo para las perspectivas políticas del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Un informe privado analizó la dura realidad de los argentinos bajo el gobierno de Javier Milei, donde pedir un préstamo se transformó en una verdadera trampa. En este marco, la mora del crédito en entidades financieras y billeteras virtuales se quintuplicó en 18 meses, pasando del 2,0%, en noviembre de 2024, a 9,7%, en mayo de 2026. A su vez, el incumplimiento en los pagos fue mayor en personas (16,1%) que empresas (3,5%) y, en entidades no financieras que financieras (30,3% vs 7,6%). Por su parte, cerca del 40% de los jóvenes entre 18 y 29 años se halla en mora.

El trabajo, realizado por la consultora Equilibra, analiza que el boom de crédito privado llegó acompañado por el equilibrio fiscal logrado por el Gobierno: "Al revertirse el crowding out del Tesoro, los bancos volvieron a prestar y los hogares usaron el crédito para amortiguar la caída de ingresos. La mora de personas duplicó el pico de 2019 (16,1% vs 7,8%)".

En mayo de este año, el incumplimiento de pagos a nivel individuos fue masivo: de las 20,7 millones de personas que tomaron un crédito formal, 5,8 millones se encuentra en mora. "El incumplimiento entre quienes sólo acceden a entidades no financieras supera el 50%, mientras que la mora con crédito exclusivamente con entidades financieras ronda 20% y entre aquellos que se endeudaron por partida doble alcanza 17%", detalla el trabajo de la consultora.

El rango etario más complicado es la franja de entre 18 y 29 años, donde solo 4 de cada 10 tienen acceso al crédito formal y cerca del 40% de ellos se halla en mora. El crédito y la mora de los adultos jóvenes es mayor en entidades no financieras, que financieras.

Para Equilibra, "el crédito en pesos a personas se encuentra claramente dañado, alertando sobre un problema socioeconómico mayor: el 28% de las personas endeudadas se vuelven morosas producto de ingresos familiares insuficientes, una situación que comienza a desbordarse desde el repago del crédito formal hacia el aumento de atrasos en expensas, prepagas, etc". "El boom de crédito escondió transitoriamente el deterioro de la hoja de balance de los hogares, pero revertir la anemia de la demanda interna de los últimos 5 trimestres no será sencillo", concluyó.

Días atrás, el vocero presidencial Adrián Ravier se refirió al crecimiento de la morosidad en los pagos crediticios por parte de las familias y advirtió que "a veces la gente misma se expone a riesgos de impago, simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones". En rueda de prensa, consultado sobre las estadísticas oficiales que muestran un alza en los impagos, aseguró que el Gobierno está "estudiando" el tema pero aclaró que "es normal que cuando una economía recupera el crédito aparezca la morosidad"

Por un lado, Ravier afirmó que "el banco tiene que ver a quién le otorga el crédito" y por otro lado "las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos" porque "uno lleva la tarjeta al límite y al otro mes está muy apretado". "Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestro ingresos nos permiten, hasta qué cuota puedo pagar. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago, simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones", amplió.

Y concluyó que "es un proceso de aprendizaje que después de tanto tiempo sin crédito debemos pasar" y pronosticó que se irá solucionando "con el correr de tiempo, las bajas de las tasas de interés y las refinanciaciones".