La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señalo que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.

La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Macri; a su asesor, el prófugo Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón; al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al ex secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.

La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señalo que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.

"La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias", sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.

"Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal", continuó.

Y prosiguió: "Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad".

"Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones", aseguró la jueza.

El fallo al que accedió Télam -y que fue revelado este lunes por el portal de noticias Infobae- benefició también al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.

Uno de los ejemplos salientes de la investigación, invocado en el dictamen fiscal, tiene que ver con la supuesta presión ejercida sobre la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para que dejara su cargo.

El fiscal remarcó en su apelación que lo que se investiga en la causa no son la sucesión de hechos aislados sino un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada 'mesa judicial'.

Las maniobras habrían estado destinadas a interferir indebidamente en la actuación funcional de ciertos magistrados para lograr fallos o decisiones en los que el Gobierno de Macri tenia interés: esa presión se habría llevado a cabo con la sistematización de denuncias contra magistrados, visitas personales y comunicaciones telefónicas y las acusaciones a través de medios y redes sociales.

La denuncia

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada 'mesa judicial' durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).

Según dijo, ese funcionario le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso.

Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno de Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como la 'mesa judicial' de aquella administración.

En la causa judicial, el fiscal Gabriel De Vedia declaró como testigo y ratificó las declaraciones periodísticas en las que contó que en 2017, antes de que la entonces procuradora presentara su renuncia, intentó frenar la embestida en su contra.

En declaraciones ante distintos medios de comunicación, De Vedia había contado que intentó frenar lo que él consideraba una "persecución", a través del vínculo familiar que tenía con Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, uno de los supuestos integrantes de la mesa judicial macrista.

"Yo le planteo el tema de la Procuradora. Primero negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el Ministerio Público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabe la persecución: ¿no se puede acabar? Me dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa", contó De Vedia, sobre su diálogo con Rodríguez Simón, en una entrevista radial.

La renuncia de Gils Carbó se dio en un contexto de creciente presión por parte del Gobierno de Macri, que no escondía su interés en desplazarla, pero además en un año en el que los números de teléfonos de los celulares de familiares suyos fueron publicados en el diario Clarín, y luego de que se la involucrara en una causa penal por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.

A pesar de este sobreseimiento, Rodríguez Simón sigue en condición de "rebeldía" en la causa en la cual lo investiga la jueza María Romilda Servini por la presunta persecución a los accionistas del Grupo Indalo: allí fue llamado a indagatoria en el 2020 y nunca se presentó.

Los jueces que deben llevar adelante la instancia oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y un centenar de empresarios, debe establecer la fecha de inicio del proceso.

En el caso de Baratta, la defensa del ex funcionario kirchnerista planteó la nulidad del caso Cuadernos porque se "forzó una competencia, vía conexidad" con otra causa penal que ya tramitaba en el juzgado federal del fallecido juez Claudio Bonadio, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

También se aludió a "la existencia de un escandaloso forum shopping", por la "auto adjudicación del caso por parte del juez de grado y del fiscal Carlos Stornelli".

También se aludió a "la existencia de un escandaloso forum shopping", por la "auto adjudicación del caso por parte del juez de grado y del fiscal Carlos Stornelli"

Los jueces del Tribunal que prepara el debate oral sin fecha de inicio aún, Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron los planteos que "no resultan novedosos y ya han sido tratados oportunamente" en dos instancias de revisión, la Cámara Federal porteña y la de Casación y por el mismo TOF6 al resolver otras incidencias.

En cuanto al empresario Paolini, el Tribunal desestimó el planteo de nulidad hecho en una causa conexa al "caso Cuadernos" donde está procesado por supuesto cohecho activo.

El empresario planteó la "nulidad de los requerimientos de elevación a juicio" de la fiscalía y de la querellante Unidad de Información Financiera "por entender que incumplen reglas procesales que garantizan el derecho de defensa".

El TOF7 está a cargo del futuro juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández, ex funcionarios de su gobierno y un centenar de empresarios por presunto pago de sobornos para la obtención de obra pública

Los jueces rechazaron el planteo porque "no se ha verificado en las piezas acusatorias atacadas vicio alguno que haya afectado garantías de raigambre constitucional".

El TOF7 está a cargo del futuro juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y un centenar de empresarios por presunto pago de sobornos para la obtención de obra pública.

El juez recordó que el fiscal Stornelli se había presentado como querellante en el expediente, invocando que "en los dispositivos secuestrados al imputado Ariel Zanchetta había, presuntamente, informes de inteligencia vinculados a él", según se indica en una resolución tomada por el magistrado.

La participación como querellante del fiscal en la investigación marca para Martínez De Giorgi "la imposibilidad de que Carlos Stornelli pueda actuar en calidad de fiscal de la causa".

"El rol de querellante pretendido por el Dr. Stornelli resulta incompatible con la función de titular de la acción penal recientemente asignada a la Fiscalía a su cargo, contradicción que podría implicar una afectación al principio de imparcialidad en su actuación como fiscal en concreto en esta causa", argumentó el juez en su decisión y difundida por fuentes judiciales.

El fiscal Stornelli le respondió pocas horas más tarde con una apelación en la que manifestó su "asombro" y aseguró que "el fallo puesto en crisis reviste una extrema gravedad institucional, pues avasalla -quizás como nunca antes se vio- la autonomía del Ministerio Público Fiscal".

Stornelli sostuvo que, con su decisión, el juez se erigió "en una suerte de alzada o superintendencia de los magistrados fiscales, decidiendo, por un imperio que se atribuyó pero que no existe, cuál es el fiscal que debe representar al órgano acusador, y cuál no".

"Uno de los ejes de la decisión sería, como se dijo, la existencia de archivos vinculados al suscripto, dentro del material extraído de los dispositivos incautados. Llamativamente, se omite señalar en el fallo que idéntica situación se habría presentado en relación a Vuestra Señoría", contraatacó el fiscal.

Stornelli había sido designado el miércoles pasado para intervenir en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a jueces, en la que se excusó su colega Gerado Pollicita, cuando Martínez De Giorgi decidió incorporar al expediente una denuncia contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

Para excusarse, Pollicita refirió que en 2018 Tailhade publicó una serie de posteos en la entonces red social Twitter vinculados a su persona, con su fotografía y ello derivó en la decisión de excusarse en todas las causas que se vincularan al diputado nacional.

Una de estas investigaciones se inició por una denuncia contra Tailhade presentada por el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, a raíz de la difusión por parte del diputado del contenido del chat de un grupo de Telegram, obtenido por el hackeo del teléfono celular del entonces funcionario.

Por este caso, Tailhade fue imputado por Martínez de Giorgi y además fue dejado cesante el subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Néstor Fabián Rodríguez.

La solicitud fue realizada en noviembre, pero fue "paralizada" en medio del proceso electoral y del juicio político impulsado a los miembros del máximo tribunal. La principal acusación es que mantuvo vínculos con personas y funcionarios vinculados a expedientes que se tramitaban en la Corte, entre ellos el ex ministro de Seguridad porteño, Mauricio D´Alessandro.

"Me dirijo a usted con el fin de solicitar el inmediato desplazamiento del Director General de su vocalía, Sr. Silvio Robles, por graves faltas éticas", disparó Lorenzetti en una carta enviada el 22 de noviembre pero cuyo texto completo se conoció este lunes.

Lorenzetti aclaró en esa misiva que si bien "respetó su decisión de paralizar todo tipo de decisiones hasta que terminen o el juicio político o el proceso electoral, incluyendo la situación del funcionario de su vocalía, Sr. Silvio Robles", nunca entendió que "ello significara ocultar esperando que el paso del tiempo haga olvidar, porque la sociedad no olvida; siempre reclama".

El conflicto entre Rosatti y Lorenzetti viene desde que el santafesino fue ungido presidente de la Corte, votándose a sí mismo y cuando Lorenzetti se encontraba de viaje.

Lorenzetti cuestionó el proceso que entronizó a Rosatti públicamente cuando ocurrió, en octubre de 2021, pero en privado sus colaboradores aclaraban que no impugnaban la figura de Rosatti sino la de su vocero, Robles.

En la extensa carta conocida este lunes, la principal acusación es que Robles mantuvo vínculos y comunicaciones con personas y funcionarios que participaban en expedientes que se tramitan en la Corte, como el caso del exministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Mauricio D'Alessandro.

"En esas reuniones habría transmitido información interna acerca del estado en el que están los expedientes, los votos que tiene cada uno de ellos y se habría comprometido a acelerar o demorar el procedimiento", cuestionó el expresidente de la Corte, ahora ministro.

Para Lorenzetti, la conducta del vocero "es un enorme daño a la credibilidad y la noción de imparcialidad que una de las partes en un proceso judicial pueda tener acceso a información privilegiada y a la elaboración de una sentencia".

"Nada similar ha ocurrido en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", alertó.

El procesamiento se dispuso por los delitos de presunto "encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público", según la resolución a la que tuvo acceso Telam.

El magistrado prohibió además la salida del país del acusado y lo embargó por 80 millones de pesos.

Según dos pericias hechas en la causa, Bacigalupo habría sido el autor de tachaduras, enmiendas y sobreescrituras a las anotaciones de Centeno en al menos dos cuadernos, en la causa en la que está procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros imputados.

Las adulteraciones fueron denunciadas por uno de los empresarios acusados, Armando Losón y a raíz de ello se abrió una causa penal en el juzgado de Martínez De Giorgi.

"Es posible concluir que la actividad desarrollada por Bacigalupo estuvo dirigida a favorecer a una persona, y a perjudicar a otra y, de ese modo, ayudarla a eludir su investigación en una causa penal, a través de la modificación de los asentamientos cuestionados", remarcó la resolución judicial.

Martínez De Giorgi consideró que "aparece válido y razonable sostener que la intervención caligráfica de Bacigalupo, de conformidad con los alcances delimitados por el estudio pericial, expone que las sospechas en torno a su actuación, ponen de manifiesto su participación en las modificaciones" de los cuadernos.

Tras enterarse que habían ido a allanar su casa, Jorge Abello volvió a su domicilio, que estaba con la puerta fajada, habló con los policías de consigna que estaba allí y entregó dos celulares y dos notebocks.

El magistrado ordenó que el operativo fuera realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa por presunto falso testimonio que Milman inició contra Abello.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el resultado del allanamiento, que tenía por objetivo secuestrar el teléfono celular del imputado y otros dispositivos electrónicos, dio negativo porque cuando la policía llegó el hombre no estaba en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.

Tras enterarse que habían ido a allanar su casa, Abello volvió a su domicilio, que estaba con la puerta fajada, habló con los policías de consigna que estaba allí y entregó dos celulares y dos notebocks.

Ercolini dispuso la medida a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, en busca del secuestro de teléfonos celulares "que se encuentren presentes en el domicilio y/o que se encuentren en poder de Jorge Alberto Abello y que sean utilizados o hayan sido utilizados por el nombrado", informaron fuentes judiciales.

Abello se presentó en tribunales el año pasado, después del intento de asesinato de la Vicepresidenta. y declaró haber escuchado a Milman decir en el bar Casablanca, cercano al Congreso Nacional, la frase "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa"

El asesor legislativo declaró bajo juramento de verdad ante la jueza María Eugenia Capuchetti y sus dichos abrieron una línea de investigación que para la querella de la Vicepresidenta, apuntaría a Milman como supuesto autor intelectual.

El diputado del PRO respondió con una denuncia por presunto falso testimonio contra Abello, que quedó a cargo del juez Ercolni.

El asesor dijo que dos días antes de que el detenido por el intento de homicidio Fernando Sabag Montiel gatillara sin éxito contra la Vicepresidenta, escuchó decir a Milman frente a dos asesoras esa frase, que el diputado negó haber pronunciado.

Las dos por entonces asesoras declararon también y rechazaron haberlo escuchado decir algo al respecto.

En la actualidad se someten a pericias los celulares de Milman y se ordenó un análisis para determinar si los tres detenidos por el intento de magnicidio, Sabag Montiel, su exnovia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo se comunicaron alguna vez con él o su entorno.

Luego de que trascendiera la noticia del allanamiento, el abogado Marcos Aldazabal, que representa a la vicepresidenta en la causa del atentado, sostuvo que la medida le parece "de una gravedad casi sin antecedentes, a pesar de que antecedentes de gravedad no faltan en Comodoro Py"-

"Todo lo comprobable de lo que relató Abello se constató. Obviamente, no puede saberse si dijo ´cuando la maten´, porque no hay audio. Pero hay varios indicios que hacen creíble a Abello", escribió Aldazabal en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de la red social X (exTwitter).

En ese hilo de posteos, recordó que se comprobó que Milman estuvo en el bar Casablanca en el día y la hora que el testigo dijo, que estaba acompañado por personas con las características que había señalado y que después de ello se fue a la Costa.

"Un elemento clave para creerle a Abello es que el testigo aportó un mensaje que envió una hora después del atentado en el que contaba lo que había escuchado en Casablanca. Esto es determinante, porque da cuenta que lo que dijo Abello el 23/09 no fue armado: lo dijo ya el 01/09", recordó.

En la actualidad se someten a pericias los celulares de Milman y se ordenó un análisis para determinar si los tres detenidos por el intento de magnicidio, Sabag Montiel, su ex novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo se comunicaron alguna vez con él o su entorno

"Por el contrario, no hay un sólo elemento que atente contra la credibilidad de Abello. Milman no marcó ni una sola contradicción en el testimonio de Abello, se limitó a decir que su testimonio era ´falso´, sin decir por qué", continuó el abogado.

"Un año después, Milman nunca fue allanado, le entregó a la justicia un celular trucho y organizó una reunión para borrar pruebas (según dijo una de sus asesoras). Nunca explicó su pedido de información sobre la custodia de CFK", avanzó en otro posteo.

Finalmente, escribió: "En vez, sin un sólo elemento, hoy allanan a Abello. Recordemos que acá se investiga un intento de atentado contra CFK. CFK es la víctima. ¿Y qué hacen los jueces? Pierden el celular del imputado el primer día y luego embarran toda la investigación. La frutilla del postre: cuando un testigo da información que puede poner en cuestión la teoría de los loquitos sueltos, lo allanan sin motivo aparente. Un lindo mensaje mafioso para disuadir a quien quiera aportar algo a la causa".

La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se produce a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio político a los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.

Los cuatro dictámenes de mayoría fueron firmados por los 16 miembros del Frente de Todos (FdT), ya que los 14 diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron despachos de rechazo a esos pedidos de enjuiciamiento y lo mismo hizo el representarnte de Consenso Federal Alejandro "Topo" Rodriguez.

El FdT pidió el juicio político de los cuatro miembros en la causal sobre el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires; y de Rosatti, Rosenkratz y Maqueda en la causa sobre la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura donde se repuso una ley que había perdido vigencia en el 2006.

En cambio, en el caso de la obra social, el FdT solo pidió el juicio político de Maqueda y en el caso del fallo del 2x1 en favor de represores, la solicitud de enjuiciamiento es contra Rosatti y Rosenkrantz.

De este modo y a un día que venza el plazo para poder emitir dictamenes, el oficialismo consiguió emitir despachos sobre los 14 pedidos de juicio político que se habian comenzado analizar el pasado 26 de enero, aunque la admisibilidad se aprobó el 9 de febrero, cuando se comenzó la etapa de apertura a prueba.

Ahora, los dictámenes estarán vigentes por un año y en este lapso el nuevo oficialismo representado por la Libertad Avanza podrá dejar sin tratamiento esos expedientes o impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones para que se rechacen los juicios políticos, ya que el futuro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, anticipó su oposición a estos enjuciamiento impulsado por el FdT.

Al abrir la reunión, a las 15.15, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un resumen del proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones y dijo que se elaboró un dictamen por cada juez acusado.

Gaillard precisó que se realizaron 26 reuniones desde que se abrió el proceso de apertura a prueba "en la cual prestaron testimonio 65 testigos" y aseveró que "las audiencias fueron públicas y transmitidas por el canal de la Cámara de Diputados".

El dictamen de mayoria fue firmado por Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Monica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdes, Hugo Yasky y Carolina Yutrovic.

La conformación del FdT en la comisión fue modificada en los últimos días y hoy se incorporaron en la última reunión de éste organismo Macha, Hagman, Paula Pennaca, Selva, Mastaler y Yutrovic.

Las modificaciones fueron defendidos por el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, quien señaló que "nosotros hicimos seis cambios y ustedes (JxC) cinco" desde que se inicio el proceso de juicio político y dijo que "39 diputados de mi bloque trabajaron" en toda la instancia del trabajo realizado desde enero.

Al argumentar a favor del juicio político, el diputado del FdT Leopoldo Moreau negó que el juicio político se haya impulsado como un acto "supuestamente arbitrario, revanchista o de carácter vinculado a generar desprestigio en una institución como la Corte Suprema de Justicia".

El Frente de Todos pidió en la causa sobre coparticipación el enjuiciamiento de los cuatro miembros del tribunal, aunque sumó otros argumentos en la acusación contra el presidente de la Corte Rosatti por no haberse excusado para "evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad", respecto a los vínculos de "íntima confianza" del Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Marcelo D'Alessandro, que "exhibirían actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que contribuirían al desprestigio del Poder Judicial".

También se lo objeta por "no haber ordenado la sustanciación de investigación sumaria" para "esclarecer hechos que le atribuirían supuesto tráfico de influencias que contribuirían al desprestigio del tribunal".

Y "haber dictado una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitiendo la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia, Horacio Rodríguez Larreta".

En la causa de la derogación del Consejo de la Magistratura, el FdT pidió el juicio político de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda por considerar que esos magistrados se han "atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución" y "apropiado de funciones que la reforma constitucional le había quitado".

También acusó a los ministros del tribunal de haber "manejado discrecional y arbitrariamente los tiempos de una causa judicial", interrumpir "el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura" y dictar "una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura".

En la causa del fallo del 2x1 en favor de represores, el FdT acusa de mal desempeño a Rosenkrantz por haber "retenido en su vocalía, durante el trámite del caso "Muiña", la causa "Schiffrin", mientras se hallaba en trámite el amparo que había presentado la Dra. (Elena) Highton de Nolasco, para conservar su cargo como jueza de la CSJN, y al juez Horacio Daniel Rosatti se le reprocha haber consentido esta maniobra".

Sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, el FdT argumentó que "surgen una serie de conductas y actos irregulares en el ejercicio de la supervisión durante el periodo investigado, comprendido entre abril de 2008 a septiembre de 2021".