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Hace un cuarto de siglo, el Caso Carrasco determinaba el fin del servicio militar obligatorio

(06/04/19 - DD HH)-.El brutal asesinato de un soldado conscripto, como marco de lo que eran constantes abusos por parte de los militares a cargo de la instrucción que venían generando rechazo desde hacía años, generó que finalmente se aboliera el servicio militar obligatorio.

Finalmente, después de jornadas de incertidumbre seguidas por el país entero, el cuerpo sin vida y con inocultables signos de violencia del soldado conscripto Omar Carrasco (Cutral-Có, 1973) era hallado hace 25 años -un 6 de abril de 1994- en el predio de una unidad del Ejercito ubicada en Zapala, Neuquén. 

El hecho y la publicación en los medios de los partes de la investigación produjeron una conmoción pública tal que el gobierno de Carlos Saúl Menem decidió pocos meses después terminar con el servicio militar obligatorio, que había sido establecido por la ley 4301 (o Ley Riccheri) durante la presidencia de Julio Argentino Roca, en 1901.

El 3 de marzo de 1994, Carrasco había llegado al Grupo 161 de Artillería proveniente de la localidad neuquina de Cutral Có para cumplir con el enrolamiento obligatorio. Sin embargo, a los tres días de haber sido reclutado se lo declaró como "desaparecido" y como "desertor", algo que le fue comunicado a sus padres dos semanas después, cuando el soldado no llegó al hogar familiar en el que iba a ser el primer día franco de su servicio.

El cadáver del soldado apareció a 700 metros de la compañía donde había sido reclutado durante un segundo rastrillaje, ya que en el primero una patrulla había pasado por el mismo lugar 15 días antes sin hallar nada.

El cuerpo de Carrasco estaba con el torso desnudo, tenía un ojo reventado, varias costillas quebradas y los peritajes que se le practicaron determinaron que había sido movido antes de permanecer en un sitio húmedo y oscuro, lo que explicaba el estado de momificación que exhibía.

El juez de Neuquén Rubén Caro -quien años más tarde debió afrontar un pedido de juicio político por su actuación en la causa- orientó la investigación hacia un presunto "baile" y varios castigos físicos que había recibido Carrasco en los primeros días de la instrucción por parte de los conscriptos "viejos" Cristian Suárez y Víctor Salazar, quienes a su vez habían respondido a órdenes directas del subteniente Ignacio Canevaro.

Un año y medio después del crimen, tras ser llevado el caso a la Justicia, Canevaro recibió una condena de 15 años de cárcel, en tanto que Suárez y Salazar fueron sentenciados a 10 cada uno, y el sargento Carlos Sánchez recibió una pena de tres años por encubrimiento.

Tras el sonado juicio del caso Carrasco se abrió un segundo proceso conocido como el caso Carrasco II, en el cual se investigaron las circunstancias que siguieron tras la muerte de Carrasco en esa unidad militar de Zapala. En aquella investigación, una pericia de la Policía Federal estableció que Carrasco tuvo una sobrevida de entre 48 y 60 horas luego de la golpiza que le habían propinado.

Esta pericia apuntaba a que, como producto de una mala atención médica, Carrasco sufrió una hemorragia interna y una lesión pulmonar que le causó la muerte, pero las conclusiones de este informe no fueron tenidas en cuenta en el juicio por el encubrimiento y 11 años después del hecho la causa prescribió.

El caso Carrasco causó gran conmoción en la sociedad argentina, sensibilizada por los hechos represivos y de violencia institucional que se conocieron al investigar los crímenes de la última dictadura. La indignación general creó el clima para que pudiera ser eliminado sin ninguna clase de resistencia el Servicio Militar Obligatorio.

Se acababa de sancionar en Santa Fe la reforma de la Constitución Nacional y el denominado Pacto de Olivos posibilitaba la reelección presidencial, de modo que la decisión de Carlos Menem constituyó un elemento más de la campaña electoral en curso, con los resultados conocidos.

Tras la eliminación del servicio militar, el reclutamiento para las fuerzas arnmadas pasó a ser voluntario y rentado, como lo sigue siendo hasta hoy.

La Ley Riccheri había sido saludada en la República del Centenario como una forma de producir la cohesión nacional entre los hijos de los inmigrantes. Pero los abusos que soportaron a lo largo de décadas las clases incorporadas, los casos de soldados desaparecidos durante el terrorismo de Estado y la derrota en la guerra de Malvinas contribuyeron a generar un gran rechazo a la continuidad de la tristemente popular "Colimba". 

En la actualidad, toda una generación de argentinos desconoce lo que significa permanecer durante un año "bajo bandera" en una unidad militar. Y a pesar de algunos intentos de restablecer el régimen con el pretexto de contener a la juventud, la idea no prosperó, hasta hoy.

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