Arrúa se fue decepcionada por las políticas económicas implementadas por el gobierno y luego, cuando estalló el escándalo de los aportantes truchos a la campaña de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reveló decenas de casos de vecinos de Esteban Echeverría (partido de la Provincia donde ella militaba y había sido funcionaria) que figuraban en las listas como aportantes del dinero al partido, sin que hubieran hecho esas donaciones.
Ahora, la joven ex dirigente del Pro vuelve a aparecer en escena tras brindar su testimonio en una causa por “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos” que apunta a Pedro “Piter” Robledo, subsecretario del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) –un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social-.
En diálogo con Diario Pulse, Arrúa –quien fue Presidenta de los Jóvenes PRO en Esteban Echeverría y Subcoordinadora de la Tercera Sección Electoral (nombrada por el Consejo Directivo Provincial del Partido) entre 2016 y 2018- ayuda a desenredar una trama de irregularidades con el manejo de fondos en el INJUVE que involucra a Robledo y que se conoció casi de casualidad, luego de que a fines de 2017 Rosaura Ciprés, una empleada del Instituto, fuera despedida de su puesto como Agente Territorial del programa “Acá Estamos”.
El caso Rosaura
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| Karen Arrúa junto a Pedro Piter Robledo. |
Cuatro meses más tarde, en abril de 2018, Rosaura fue a la Anses para tramitar el monotributo social (y de este modo tener acceso a una obra social), pero su solicitud fue rechazada. ¿La razón? En el sistema ella todavía figuraba como empleada del Ministerio de Desarrollo Social (del que depende INJUVE) con un sueldo mensual de 150 mil pesos.
A su sorpresa inicial, le siguió la bronca: durante cuatro meses -desde enero hasta abril- alguien había cobrado ese dinero depositado en su cuenta sueldo. En total, habían usado su nombre para cobrar unos 600 mil pesos. Enterada de esta situación, Ciprés fue a la Justicia.
Por medio de su abogada, la doctora Micaela Whon, presentó una denuncia penal contra Robledo por los delitos de “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”. La causa recayó en el juzgado federal 7 a cargo del juez Sebastián Casanello y la denuncia quedó bajo la órbita del fiscal Carlos Stornelli.
En agosto del año pasado, Rosaura y su abogada dieron a conocer el caso públicamente en un programa de Crónica TV y fue entonces cuando Arrúa se comunicó con ellas.
“Yo me entero por los medios de comunicación. Escuché el testimonio de Rosaura, que verdaderamente es desgarrador, es una chica que vive en una situación de vulnerabilidad, que la han dejado sin trabajo con un hijo en camino, con otros dos chicos a cargo, sin darle explicaciones y sin pagarle un centavo”, relata.
Luego de conocer el caso, la ex dirigente PRO comenzó una suerte de investigación por su cuenta ya que -añade- el testimonio de Ciprés le hizo “ruido”. Así, lo vinculó con algunas cuestiones que le habían comentado en otras oportunidades.
“Anteriormente, por rumores de agentes territoriales, yo ya advertía que había irregularidades en esta subsecretaría que es hoy lo que es el INJUVE”, dice Arrúa. Y agrega que a raíz de esta situación se pone en contacto con distintos ex compañeros: “Una persona en particular (un agente territorial, cuyo nombre no da a conocer para no perjudicarlo) me comienza a contar sobre este circuito de dinero y también a qué corresponderían estos 150 mil pesos que Rosaura advierte en su cuenta sueldo que tenía depositados luego de haber sido dada de baja” en su puesto.
“La subsecretaría realizaba jornadas recreativas en distintos distritos y estas jornadas tenían un tope máximo para invertir, o hacerlas, de 150 mil pesos. Todo esto está documentado en un pdf (un formato de archivo) que fue diseñado por el área de Legales de la Subsecretaría de Juventud en donde se comenta todo el procedimiento para poder llevarlo adelante”, detalla.
La maniobra con el dinero no sorprendió a Arrúa: “Yo de estos 150 mil pesos ya tenía conocimiento porque acá en Esteban Echeverría, principalmente en el período de elecciones legislativas, se habían realizado jornadas. Tengo conocimiento de una jornada en El Jagüel que se ha realizado y justamente esto corresponde al monto de la jornada y es lo que le hice saber a la Justicia”. Y añade que ese archivo en formato pdf con la información de Legales fue aportado por ella a la instrucción de la causa.
Según pudo saber la ex dirigente de Cambiemos, a través del relato de un agente territorial de la subsecretaría, “había diferentes modalidades para hacer el pago a los proveedores (de las jornadas): una de ellas era depositar el dinero en la cuenta sueldo de los agentes territoriales. Es decir, de las personas que pertenecían (al programa) a ‘Acá estamos’. En alguna de esas cuentas se realizaba el depósito, ese agente se dirigía al Banco Nación y retiraba por ventanilla este dinero y luego se hacía el pago a los proveedores. Pero también había otras modalidades, como -por ejemplo- cheques a nombre de los agentes, que iban por ventanilla y retiraban el dinero y luego los mismos agentes hacían los pagos y una tercera modalidad que consistía en hacer los depósitos directamente en cuenta del proveedor”.
Había una opción más. La agente en cuestión le comentó a Arrúa que era posible que personal de la subsecretaría asistiera al Banco Nación y “retirara la plata depositada en la cuenta de uno de los agentes territoriales sin su presencia y sin ningún tipo de orden firmada”. Esto habría ocurrido en “más de una ocasión”. Una mecánica similar a la utilizada por Cambiemos con los aportes truchos.
“Son distintas modalidades que ahora la Subsecretaría tendrá que explicar, porque verdaderamente llaman mucho la atención”, afirmó la joven, quien detalló que esta información que ella recabó se la brindó a la doctora Whon, abogada de Ciprés, con quien se comunicó a través de las redes sociales luego de haber conocido el caso de Rosaura.
“Me reuní con la abogada y ella consideró que mi testimonio era importante porque podía aportar para el avance de la causa”. Así fue que semanas atrás, precisamente el 12 de marzo, Arrúa declaró en la causa ante el juez Casanello.
Si bien Arrúa dijo desconocer si hay otras denuncias similares a la de Ciprés en la Justicia federal, consideró “muy probable” que no se trate de un hecho aislado. En este sentido, explica: “A Rosaura la despidieron de su puesto en diciembre de 2017 y entiendo que usaban a los agentes para poder depositar esa plata. Es muy probable que muchos agentes sigan trabajando y consintiendo ese uso de su cuenta sueldo”.
“La gran mayoría del personal que hoy tiene la Subsecretaría son militantes de la Juventud del PRO, por lo que se entiende que no hablen y se callen. Debe haber mucha más gente que sepa“, dijo Arrúa, al tiempo que pidió que sería “importante que quienes estén al tanto de esto ayuden a Rosaura, que al fin y al cabo es una damnificada y si los que saben, hablan, va a poder tener Justicia”.
Las amenazas
La misma situación que vivió Ciprés luego de denunciar su caso en la justicia y de darlo a conocer en los medios. “Desde que me fui del partido el 10 de abril del año pasado sufrí de todo: acusaciones y noticias falsas en los medios… y llega un momento en que uno se cansa de vivir denunciando, porque uno no puede vivir en una comisaría denunciando, es un desgaste físico y mental muy grande. Pero tengo hechas una denuncia penal y una judicial sobre las amenazas que recibí. De hecho, una vez me han seguido por la calle principal de mi barrio y todas esas amenazas y denuncias están hoy adjuntas en el expediente de la causa de Rosaura Ciprés. Uno termina temiendo por su integridad física”, detalla.
Por ello, Arrúa cuenta que tuvo miedo y dudó en brindar su testimonio. “Fue una decisión muy difícil presentarme a declarar como testigo en la causa de Rosaura porque, con el antecedente de haber recibido amenazas, uno siente que está en peligro. Rosaura también está amenazada”, afirma Arrúa.
De hecho, Ciprés vive con custodia policial desde que se presentó en Crónica TV para difundir su caso y recibió una nota anónima en su casa que decía -con letras recortadas de diarios y revistas- la frase: “Los tiempos Pro cambian. TV? Yo lo pensaría”.
Al ser consultada sobre si cree que Robledo estaba al tanto de estas maniobras que se realizaban en la subsecretaría a su cargo, o si en cambio era un accionar que se circunscribía a empleados de segunda y tercera línea, Arrúa dice que no tiene elementos para afirmar que el funcionario sabía lo que ocurría. No obstante, destaca que “hay una responsabilidad directa (de Robledo) porque él es el director de la institución, tiene que controlar que todo funcione correctamente”.
De este modo, resalta que “hay una responsabilidad que es ineludible, más allá de que él haya estado presente o no, que es su responsabilidad que todo sea transparente. En este gobierno se habla mucho de transparencia y, por ello, tiene velar porque estas cosas no sucedan. Y no solamente está el tema de los depósitos, también hay que tener en cuenta que le han vulnerado un derecho a Rosaura, su derecho a poder acceder al monotributo social para así poder tramitar una obra social y atender a su embarazo de riesgo. Esto también es muy grave”.
Mientras la Justicia investiga las maniobras realizadas con los fondos del INJUVE, se supo que Robledo dejará su cargo en el ministerio a cargo de Carolina Stanley en los próximos meses. El funcionario renunciará y se irá del país al menos por un año, ya que obtuvo una beca para estudiar la Maestría en Asuntos Internacionales con especialización en Finanzas en China.
Amenazas con reminiscencias dictatoriales
No es la primera vez que recibe amenazas de este tipo, por lo que nuevamente ratificó las denuncias por intimidaciones ante la Justicia.
Arrúa estuvo durante más de una hora dando información sobre las amenazas que recibió, tanto por redes sociales como en su domicilio, y respondiendo a las cuarenta preguntas que le hicieron en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N 2 de Esteban Echeverría. “Ratifiqué la denuncia original por amenazas de muerte que tengo realizada desde la causa ‘aportantes truchos’ del año pasado”, contó la ex dirigente a Diario Pulse.
Y añadió: “Pude ampliar la información de estos perfiles (de redes sociales) que me envían estos mensajes y también incluir las últimas amenazas que recibí a raíz de mi declaración en la causa Ciprés-Robledo, el mensaje intimidatorio que recibí después de la nota que sacó diario Pulse y la nota que me llegó el viernes a mi domicilio que dice la palabra ‘Falcon’. Todo eso ya está incluido en esta causa por amenazas”.
Tras esta presentación, detalló los próximos pasos. “Lo que sigue es que la UFI tome las medidas que considere necesarias para poder dar con estos perfiles que amenazan por redes sociales”. Asimismo, Arrúa debe “dar conocimiento al Juzgado Federal Numero 7 para que puedan arbitrar las medidas necesarias de seguridad” y protección de la ex dirigente del PRO.
El anónimo con amenazas -con una clara alusión a los Ford Falcon que los grupos de tareas utilizaban durante la dictadura para desaparecer gente- fue dejado en el buzón de su casa de Esteban Echeverría el viernes por la tarde.
“Si hay algo que todas las amenazas tienen en común es que siempre me llegan luego de brindar una o varias notas (periodísticas): pasó en abril, julio, agosto y diciembre del año pasado. Y ahora, luego de que Pulse y varios medios independientes más difundan mi testimonial, en la causa CFP 10742/2018″, explica en su perfil de Facebook.
Y agrega que en un primer momento dudó en dar a conocer estas amenazas. “Pensé en no publicarlo, en pasarlo por alto. Pero me parece importante que la gente sepa que los dirigentes, del partido que se llena la boca hablando de respeto y tolerancia, poco y nada saben de respetar las disidencias y a las personas que denuncian irregularidades”, explica.
Arrúa hace referencia a su declaración en la causa que investiga los manejos irregulares de fondos del INJUVE (organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), por la que su titular, Pedro “Piter” Robledo, se encuentra sospechado de los delitos de “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”.
Fuente: Pulse
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