“Es fundamental para pensar cualquier pacto social que los pueblos originarios finalmente tengamos el respeto que nos merecemos, de igual a igual. No con la mirada paternalista, sino en función de construir una sociedad mucho más colectiva, mucho más comunitaria, menos racista. Ese es un deber de la clase política y también de la sociedad: asumir el debate sobre cómo deconstruir esa argentinidad que nos tiene ocultos. Y el puntapié inicial para ese debate es reconocer un genocidio”.
De esta manera, Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, establece el punto de partida de una agenda para el próximo gobierno que involucre la discusión sobre una deuda social que ya lleva siglos.
En diálogo con Canal Abierto, el dirigente da cuenta del despojo territorial, el avasallamiento cultural, y el empobrecimiento a los que han sido sometidas las comunidades desde la Conquista. Así como también de la necesidad del reconocimiento de un genocidio como hecho fundante del Estado argentino.
“Como alguna vez un presidente le pidió perdón a las Madres (de Plaza de Mayo) por lo que habían vivido durante la dictadura militar, me parece que también hay que pedir perdón a todas las comunidades por la matanza, la violación de los derechos humanos, el secuestro de nuestros niños, la apropiación de las mujeres, la esclavitud. Y que sirva eso como puntapié inicial para conformar un nuevo país –analiza-. Porque si la Argentina es capaz de reconocer un genocidio del 76 al 83 que nadie discute, si la Argentina ha reconocido el genocidio armenio en otras tierras y no es capaz de reconocer lo que ha cometido en este territorio, no estamos hablando de una sociedad de iguales. Justicia, memoria y verdad nos interpela a todos”.
Para Carriqueo estamos transitando un cambio de Estado y el próximo gobierno debería dar cuenta de esa transformación. “El Estado que nació en 1800 ya no es posible en esta época, y en esas tensiones están nuestros reclamos sobre el territorio. Estas luchas generan el camino hacia un Estado que va a estar en los próximos 40 o 50 años, que se va a transformar en plurinacional, pluricultural, feminista, diverso. Es una construcción social que tiene que estar en el debate”, sostiene.
¿Cómo se va a pensar el territorio los próximos años? ¿Será más importante el petróleo, la minería, el fracking o el sostenimiento de los lagos, los ríos, los glaciares? ¿Qué queremos como sociedad para nuestros hijos? Sobre esas preguntas giran, para el líder mapuche, las discusiones que deberían signar la política del gobierno que asuma en diciembre.
“Estamos pidiendo que se atienda a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales, a la sociedad en la discusión del territorio en la urbanidad. Eso es también parte de lo que tiene que haber en estos próximos años. Porque las comunidades no quieren millones, quieren vivir bien”, resume el dirigente, que además es delegado de ATE en el ANSES de la ciudad de Roca, y secretario de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma de Río Negro.
La Justicia estigmatizante
“Este gobierno que hoy está conduciendo a la Argentina es parte de la Campaña del Desierto; es parte de la Década Infame, donde los terratenientes de la mano de la Gendarmería que recién nacía se apropiaron de más territorio; es parte de la dictadura del 76 pero también de la del 55. La sociedad argentina hoy vive un estado de excepción que pone en jaque todas las garantías constitucionales que tenemos como ciudadanos, como militantes políticos, como referentes comunitarios. Este gobierno ha influido en la Justicia, ha armado causas”, detalla el líder mapuche.
Una de las causas donde el accionar de la Justicia ha operado contra las comunidades es el de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda y en el marco de una represión de la Prefectura a la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a la que pertenecía y que se encontraba reclamando por la apropiación de tierras comunales por parte de Parques Nacionales. Esta semana, la Cámara Federal de General Roca revirtió el fallo de primera instancia de la justicia federal y dictó la prisión preventiva del cabo Francisco Pintos, imputado por el homicidio agravado de Rafael en noviembre de 2017.
Ayer, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó una denuncia penal contra la ministra Patricia Bullrich, funcionarios y ex miembros del Ministerio de Seguridad de la Nación por lo que denominaron “la existencia de un plan sistemático de represión ilegal sobre las comunidades mapuches”. Y pidió que se los investigara por los delitos de coacción agravada, lesiones graves, torturas psicológicas y físicas, abuso de autoridad y homicidio agravado.
“La estructura del Estado fue respondiendo a esas políticas que tenían como principal objetivo causar la estigmatización del pueblo mapuche, deslegitimar sus reclamos territoriales, y ponernos como el enemigo del Estado, del pueblo, de la ciudadanía”, analiza Carriqueo, cuya organización encabezará otra denuncia contra Bullrich, con el acompañamiento de la APDH.
Entrevista: Gladys Stagno
Publicar un comentario