En el procesamiento, el juez Garnica sostuvo que “cabe señalar que revistiendo el encartado la calidad de juez penal federal, se encontraba obligado a promover la acción procesal penal por ser delitos de acción pública y tenía competencia para ello, ya que la normativa procesal vigente para la época de los hechos no requería indispensablemente la promoción de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal o de la autoridad prevencional”.
Asimismo, planteó que no comparte la calificación de los hechos propugnada por el Ministerio Público Fiscal e interpreta que “el conocimiento adquirido por el imputado Rolando Evaristo Carrizo de los presuntos hechos delictivos de torturas y violación que habrían sufrido los detenidos a su disposición y la consecuente omisión de investigar tales delitos atribuida al nombrado, ha acontecido con posterioridad del momento consumativo de los mismos”.
Además, deja constancia de que “la mayoría de los detenidos fueron trasladados, por razones de seguridad, desde el Departamento Informaciones Policiales a la sede de la Unidad Regional Primera de la Policía de Mendoza, para ser requeridos en declaración indagatoria judicial por parte del Juez Federal Evaristo Carrizo lo que sucedió entre los días 26 y 27 de febrero de 1976”.
En 2017 Carrizo fue condenado a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por delitos de lesa humanidad.
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