Según un comunicado, la Presidencia guatemalteca explicó que no se llevaría a cabo el encuentro debido a los cuestionamientos internos ante la posibilidad de que el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, firmara con su par estadounidense, Donald Trump, un pacto que convertiría a Guatemala en “tercer país seguro”.
“Debido a las especulaciones y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte”, informó el domingo la Presidencia de Guatemala.
Al menos tres acciones de amparo fueron interpuestas ante esa máxima instancia jurídica en contra del presidente Morales y sus ministros del Exterior y del Interior, Sandra Jovel y Enrique Degenhart, respectivamente, para evitar que Guatemala se convierta en tercer país seguro para migrantes.
No obstante, y pese a que funcionarios guatemaltecos habían reconocido negociaciones, la nota oficial niega que eso pudiera alcanzarse dicho pacto: “En ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro”, precisa.
Debido a las especulaciones y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte”, informó el domingo la Presidencia de Guatemala, sobre la suspensión de un encuentro entre los presidentes de Guatemala y EE.UU.
El comunicado también expresa la disposición de las autoridades guatemaltecas a seguir abordando los asuntos bilaterales, incluida la migración, con los funcionarios estadounidenses.
La supuesta firma de un acuerdo para declarar a Guatemala como tercer país seguro desató críticas y un fuerte rechazo a la decisión del presidente Morales, criticado por seguir las políticas antimigrantes de su par estadounidense.
Bajo ese concepto, los migrantes puedan solicitar asilo en Guatemala y ya no tendrían que llegar hasta EE. UU. para pedir refugio. Sin embargo, también supone que el país centroamericano se haga cargo de los extranjeros mientras dura el proceso de solicitud —aproximadamente un año—, es decir, alimentación vivienda, seguridad, servicio de salud y otras necesidades.
La oposición tiene como principal argumento que la pobreza —que alcanza al 59 % de los 17,7 millones de habitantes— empuja incluso a los propios guatemaltecos a migrar a Estados Unidos.
El rechazo llegó a la Justicia con la interposición de tres amparos contra la medida en la Corte de Constitucionalidad, la máxima entidad judicial del país. Este domingo, el pleno de magistrados del alto tribunal se reunirá para conocer los amparos.
La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), los dos candidatos que se disputarán la Presidencia el próximo 11 de agosto, Sandra Torres y Alejandro Giammattei, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ex cancilleres y grupos de la sociedad civil, se oponen a este eventual convenio.
“Exijo a Jimmy Morales que no firme el acuerdo” porque “lesiona la soberanía que decía defender”, escribió Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en su cuenta de Twitter.
El territorio de Guatemala en el istmo centroamericano al sur de México forma una segunda división física entre el resto de América Latina y Estados Unidos.
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