Se trata de una de las causas típicas del Lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), con las cuales se intentó justificar la detención arbitraria de la dirigente social.
Es importante que la opinión pública conozca que la dirigente política y social, fue acusada utilizando testigos que días antes de declarar en su contra pasaban a ser empleados del gobierno provincial de Cambiemos, el que además al llegar al poder amplió el número de miembros de la suprema corte provinical y colocó en esos cargos a legisladores de la UCR y dirigentes del PRO.
“El Ministerio Público de la Acusación parece haber advertido que no puede sostener las construcciones falaces que se hicieron para perseguir a Milagro Sala”, interpretó la abogada Paula Álvarez Carreras, representante legal de la dirigente social, respecto de la inacción del MPA que deriva en la confirmación de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Criminal que llevó adelante el juicio conocido como “balacera de Azopardo”.
La absolución, dictada en diciembre pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 “por el beneficio de la duda”, alcanzó a Sala y a otro de los imputados, Alberto Cardozo. Un tercer acusado, Fabián Ávila, fue condenado a seis años y seis meses de prisión. La fiscalía había recurrido el fallo a Casación, que ahora dio por concluido el trámite porque el MPA no insistió.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Álvarez Carreras confirmó: “Fuimos notificados por Casación de que, habiendo concluido el trámite, vuelve el expediente al tribunal donde se juzgó el hecho. Si bien no hace mención a la absolución de Milagro, lo deducimos”.
Esa conclusión surge porque el MPA había sido intimado el 1° de noviembre sostener dentro de un plazo de cinco días el recurso en el que insistían que Milagro Sala debía ser condenada. “Frente a la inacción del Ministerio Público, que no sostuvo su acusación, se entiende que quedaría firme la resolución del tribunal del juicio”.
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