En la madrugada del 15 de noviembre se produjo un incendio en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría que terminó con diez muertos: dos en el lugar y ocho en hospitales durante los días siguientes.
En ese sentido, la CPM solicita que se llame a declaración indagatoria al actual ministro de seguridad, Cristian Ritondo, y a Fabián Perroni, jefe de la policía bonaerense al momento de la masacre.
Los dos funcionarios tenían el deber de garante de la vida e integridad de las personas detenidas, y la capacidad de control y planificación para resguardar, con medidas efectivas, la integridad y seguridad de los detenidos. Al mismo tiempo, conocían sobradamente las graves condiciones de detención en la comisaría 3ª, sabían del riesgo inminente para la vida de las personas allí alojadas y no hicieron nada.
Los delitos de los cuales se los acusa son abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público. Ahora, el titular de la Unidad Fiscal 4 de Lomas de Zamora descentralizada de Monte Grande, Fernando Semisa, deberá resolver este pedido.
En la madrugada del 15 de noviembre se produjo un incendio en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría que terminó con diez muertos: dos en el lugar y ocho en hospitales durante los días siguientes. La mayoría eran jóvenes, detenidos por primera vez y por delitos con pena de expectativa baja. Algunos llevaban hasta varios meses detenidos, aun cuando las comisarías no están habilitadas para alojar personas por más de 48 horas.
Peor aún, desde el año 2011 la comisaría 3ª de Esteban Echeverría estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Sin embargo, aquella madrugada había 27.
El hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta de elementos de seguridad provocaron la peor masacre en comisarías del país. La comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes estaban vencidos y había colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos.
Cuando, esa madrugada, prendieron fuego unas mantas en señal de reclamo ante una arbitrariedad policial, todas las condiciones estructurales desataron un incendio mortal. Las condiciones eran tan siniestras que, a pesar de haber un cuartel de bomberos al lado de la comisaría, ni siquiera el auxilio inmediato podía evitar el desenlace final.
Todo esto era conocido sobradamente por Ritondo y Perroni. Al momento de la masacre, la comisaría tenía siete clausuras.
Después de la masacre de Pergamino ocurrida en marzo de 2017, donde murieron siete personas, la Corte llamó a Ritondo y al ministro de Justicia Gustavo Ferrari y los intimó a presentar un plan de reforma. Una vez más, pese a las reiteradas notificaciones e intimaciones judiciales, el Ministerio a su cargo no dio respuestas que permitieran revertir esta situación. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre comisarías, por la misma razón, también fueron desobedecidas.
Todo esto no hace más que reforzar la imputación de la CPM sobre las responsabilidades políticas y funcionales de quienes tenían la capacidad de actuar, el deber de garante, y no hicieron nada para impedir una masacre que era previsible, porque además había advertencias de sobra.
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