El fiscal imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.
Entre las primeras medidas, González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.
La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada "autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad".
Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron "armas de colección que no se consiguen en el mercado" como revólveres Ruger y Colt Trooper.
El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.
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