También declaró la investigadora y docente de la UTN, ingeniera Adriana Beatriz García, quien coordinó en 2016 un trabajo de evaluación estructural del edificio donde funcionó El Infierno. La próxima jornada de juicio será el martes 12 de enero desde las 9:30.
(Por eldiariodeljuicioar.wordpress.com) El martes 5 de enero se llevó a cabo la primera de las dos jornadas previstas para el tiempo de feria judicial, a dos meses desde el inicio del histórico juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield y Quilmes y en El Infierno con sede en Avellaneda. Durante más de 4 horas el TOF 1 de La Plata recibió las declaraciones testimoniales de la investigadora de la CPM, Julieta Sahade, y de la ingeniera Adriana García, ambas en carácter de testigos de concepto o técnico.
Según detalló Sahade, desde su inicio formal en 1956 la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se articuló con la Comunidad Informativa a través del Decreto 776/56 de Creación de la SIDE.
Allí se estableció que “la Secretaría de Informaciones del Estado orientará, coordinará y centralizará la actividad informativa integral, procediendo a recibir, clasificar, seleccionar, analizar y distribuir entre los organismos competentes todas aquellas informaciones que produzcan los diversos servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas, los ministerios civiles, las gobernaciones de provincia y aquellas que obtenga por medios propios”.
Para ilustrar el funcionamiento de la Comunidad Informativa –que alude al trabajo conjunto y coordinado entre todas las agencias de Inteligencia del país- se expuso un extracto de un documento de 1963: “En cada reunión se repasan las informaciones ya elevadas a la SIDE respondiendo a las investigaciones que se estimaron necesarias realizar en la anterior asamblea (…) Se toma nota de lo que interese y se ordenan los trabajos a realizar, cuyo resultado debe ser directamente elevado a la SIDE, solicitando su distribución a la Comunidad Informativa, si ya no se hizo al término de tales trabajos”.
La DIPPBA fue cerrada en 1998 con la intervención civil de toda la fuerza y al año siguiente la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó una medida de no innovar sobre el archivo. Finalmente, en el 2000 la Legislatura provincial desclasificó el archivo y lo transfirió a la CPM.
“Como institución que custodia y administra este vasto archivo hemos realizado la digitalización casi completa para el resguardo del soporte físico y trabajamos sobre varios principios de abordaje: evaluación de las condiciones o contexto de producción de esos registros, que es lo que garantiza el sentido; que los documentos estén dentro de la integralidad y que no sean reorganizados por afinidad temática, por ejemplo; y que no pueda ser fragmentado. Son principios de gestión de fondos documentales que preservan la fiabilidad y autenticidad de un archivo”, explicó la testigo.
En cuanto al recorrido histórico de la DIPPBA, destacó que experimentó cambios orgánicos y burocráticos a través de los años aunque muchas de sus normas de actuación se conservaron desde sus inicios. Por ejemplo, en la utilización de siglas para la calificación de cada informante e información provista de acuerdo al grado de fiabilidad. Así, la calificación A1 denotaba un informante y su información como muy probable, más allá de ser una fuente orgánica (agente de la DIPPBA) o no orgánica (colaboradores civiles, infiltrados, entre otros).
Algunas continuidades también se manifiestan en sus principios operacionales y doctrinarios, como en una de las frases extraída del frondoso acervo documental: “El postulado parte de la base de saber quién es quién; es decir, tener registrados a los buenos para saber quiénes son cuando dejan de serlo”.
Desde 1949 -antes de la creación formal de la DIPPBA- ya operaban varias delegaciones en territorio bonaerense, como las de Lanús, San Martín, Junín, Mar del Plata, Bahía Blanca y Azul. La sede central se radicaría desde sus inicios en La Plata.
En 1976, con la irrupción de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica se produjo la creación de la delegación DIPPBA en Capital Federal por resolución 33857 de Ramón Camps, interventor militar de la Policía bonaerense. Esa delegación operaría como enlace con la Comunidad Informativa.
El testimonio de Sahade también incluyó la proyección de un video explicativo sobre el funcionamiento de la DIPPBA y con datos generales de esa agencia de inteligencia: en la sede central, en La Plata, trabajaban alrededor de 200 agentes y se calculan que otros 1000 estaban repartidos en el territorio bonaerense, constituyéndose en una pieza clave en la persecución de las víctimas.
“Desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final la CPM ha aportado documentación probatoria del archivo de la DIPPBA en los juicios de lesa humanidad a través de 2735 informes, que dan cuenta de la compleja trama de vínculos entre las acciones de inteligencia y los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, todavía hoy no han sido juzgadas las acciones de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, completa el video, sobre el que una de las defensas particulares en el juicio pretendió, sin éxito, impedir su proyección.
Con respecto al archivo propiamente dicho, Sahade detalló que contiene registros desde 1937 hasta 1998: “Era el lugar donde se recepcionaba y guardaba la documentación. Se trata de registros elaborados, en su gran mayoría, en soporte de papel aunque hay también cintas magnetofónicas y de VHS. Hay alrededor de 5 millones de fojas digitalizadas, casi la totalidad del archivo”.
“Las actividades de la DIPPBA se desplegaban según diversos factores: estudiantil, político, comunal, gremial, económico, social, religioso, policial, operacional. Estos factores, a su vez, eran criterios para la organización en el archivo a través de distintas Mesas: A (factores estudiantil, político, comunal); B (gremial, laboral, económico); C (Comunismo); DE (social y religioso); Ds (delincuente subversivo); F (fichero); entre otros”, agregó.
En total el archivo DIPPBA cuenta con 217000 fichas, cada una con información de una sola persona que era seguida y observada, aunque también el amplio fichero contiene documentos normativos y doctrinarios de inteligencia.
Por último, la testigo hizo un breve repaso sobre otros dos fondos documentales bajo su custodia: el de Prefectura, con registros que van desde 1951 a 1988 y que fuera cedido a la CPM entre 2006 y 2009 por parte de la Fiscalía Federal de Bahía Blanca; y el de Unidades Penitenciarias, cedido en 2016 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y que contiene casi 4000 legajos personales que fueron producidos en las unidades penitenciarias 1 de Olmos, 2 de Sierra Chica, 3 de San Nicolás, 4 de Bahía Blanca, 5 de Mercedes, 7 de Azul, 8 de Olmos y 9 de La Plata.
Extrañas aberturas en una medianera de El Infierno
La otra declaración testimonial de la jornada estuvo a cargo de la investigadora y docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ingeniera Adriana Beatriz García –especializada en tecnología del hormigón y los materiales- quien describió un trabajo exploratorio y de diagnóstico realizado en 2016 sobre el inmueble donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) El Infierno, en Avellaneda.
La iniciativa, de la que también participó la Municipalidad de Avellaneda, tuvo como foco principal de indagación el cotejo de la obra y plano originales con las sucesivas modificaciones edilicias así como su incorporación u omisión en los planos con dichas reformas. También contempló la realización de sugerencias con fines de preservación y restauración, en atención al interés social, cultural e histórico de uno de los sitios de cautiverio en la Provincia.
Luego de enumerar los análisis de pisos, paredes, cochera y demás características de la obra, mencionó que “resulta raro, por ejemplo, algunas aberturas colocadas sobre un muro lindero”. Esas aberturas –que los investigadores no pudieron abrir por tratarse el inmueble aledaño de una propiedad privada – fueron agregadas con respecto a los planos originales y con el testimonio de la ingeniera García surgió el interrogante de su uso y funcionalidad. Eventualmente, el inmueble aledaño podría haber integrado el sitio de cautiverio.
De allí que, al finalizar el testimonio, desde la querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se solicitó al tribunal que remita oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia para que informe sobre los propietarios del edificio lindero a El Infierno.
(ANDAR)
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