Asimismo Lasso alerta que es para descartar presunto fraude, no para fraguar uno y reconoce que no tiene sustento legal el acuerdo al que llegó con el candidato presidencial Yaku Pérez, de Pachakutik.
En una carta dirigida a la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, Lasso dice que es el primer interesado en que queden claras la transparencia del proceso electoral y su votación en la primera vuelta, pero también deja claro que el tal acuerdo es supralegal (que está por encima de la ley).
Lasso también rechaza que se quiera descalificar a Andrés Arauz, de UNES, candidato ganador de la primer vuelta electoral, utilizando acusaciones en su contra, en referencia al supuesto financiamiento del ELN.
“Aprovecho la ocasión para expresar, respecto de la pública acusación contra el candidato Andrés Arauz (sin entrar a analizar la cuestión de fondo e incluso su correspondiente y oportuna pena, si fuese cierta y luego del debido proceso), que rechazo que se la pretenda utilizar para descalificarlo, pues, de acuerdo con los resultados del propio CNE, ocupa el primer lugar, así como yo el segundo.
El CNE no puede, con una actuación al margen de la ley, crear un precedente funesto para las próximas elecciones, afectando los resultados electorales y destruyendo la democracia electoral, que es su deber preservar”, avisa.
Sobre el acuerdo, señala que propuso, sin ninguna obligación legal, por ética, que se abran todas las urnas de la provincia del Guayas, donde el candidato Yaku Pérez supone, sin razón, que ha existido un fraude en su contra.
“Aquello es posible hacerlo mediante un acuerdo con ese candidato y, además, con el consentimiento de los otros candidatos a la Presidencia, que han participado en la primera vuelta electoral, bajo la supervisión de la comunidad, la prensa, los observadores internacionales y el propio CNE”, plantea.
Propone que todos los candidatos presidenciales formalicen el acuerdo, por consenso, como debe de ser, y no mediante la imposición de condiciones formuladas exclusivamente por uno de ellos, en referencia a Pérez.
Advierte que el CNE, como institución sometida al derecho público, solamente puede resolver lo que está previsto en la ley y nada más. “Por lo que, para los demás casos, la apertura de urnas (una o miles) requerirá inevitablemente la presentación por parte del reclamante, de las actas correspondientes, con la identificación de la inconsistencia que motiva el reclamo (Art. 136 Código de la Democracia).
Si el CNE procede de otra manera, no solo sería injusto, sino ilegal y hasta delictivo, porque se presumiría la comisión de uno o varios delitos y además acarreará la nulidad del proceso electoral”, alerta la carta de Lasso.
“El acuerdo es para evidenciar la transparencia de la votación del pueblo, descartando un presunto fraude, y no para fraguar uno”, remarca.
Declara estar dispuesto a participar en el acuerdo ya citado, proponiendo que este se haga (consensuado con los demás candidatos a la presidencia de la República, pues el tema tiene que ver con la primera vuelta electoral en que participaron), sujeto a los siguientes lineamientos:
El CNE debe proclamar los resultados de la primera vuelta electoral, sin perjuicio de las correspondientes impugnaciones que se presentaren conforme a la Ley, así como de la vigencia y ejecución del acuerdo entre candidatos al que se llegue.
Me ratifico en que se abra el 100% de las actas de la provincia del Guayas, y, si hubiere consenso con los demás candidatos, hasta el 50% de las siguientes provincias: Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha y Bolívar, que inicialmente fueron las mencionadas públicamente por el candidato Yaku Pérez. Me parece inoficioso y una pérdida de tiempo, abrir el 50% de las urnas de las otras 9 provincias, que ha escogido unilateralmente el candidato Pérez, ya que en ellas, el me ganó ampliamente y yo acepto ese resultado. Lo que no aceptaría jamás es una posible intención de aumentar en esas provincias ilegalmente el resultado en su favor y en mi perjuicio. Lo dicho, sin perjuicio del derecho del candidato Pérez a impugnar, en cualquier provincia, por separado, las actas que considere, con arreglo a lo previsto en la Ley.
Que en ningún momento se interrumpa la cadena de custodia de la urnas y que a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se brinde, a los observadores, prensa y personas participantes en el proceso de revisión de los votos pertinentes, la protección suficiente y permanente para que puedan cumplir con su deber sin amenazas, presiones o actos de fuerza de ningún tipo.
Que el proceso de revisión se desarrolle con absoluta transparencia y publicidad, con la intervención de los observadores internacionales, en cantidad suficiente y permanente, de la prensa nacional e internacional, y la participación del CNE, con apego a la ley y al acuerdo.
Que el CNE demuestre que posee la cantidad suficiente de personas, así como los recursos económicos necesarios para afrontar eficiente y rápidamente este objetivo.
Lasso, en su misiva, adelanta que impugnará y apelará, según corresponda en derecho, cualquier acto o resolución del CNE que viole la ley expresa o que pretenda imponer procedimientos que no consten en un acuerdo consensuado formalmente entre los candidatos a la Presidencia de la República, que participaron en la primera vuelta electoral.
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