Más de 100 casas palestinas enfrentan la demolición y alrededor de 1.550 residentes, incluidos más de 800 niños, quedarán sin hogar a manos del municipio israelí que administra de facto la ciudad de Jerusalén ocupada.
Cabe recordar que según los Convenios de Ginebra y todos los estamentos de la legalidad internacional, Israel carece de jurisdicción para desplazar a la población palestina bajo ocupación e intervenir o cambiar urbanística y demográficamente los recintos bajo ocupación militar.
El proyecto israelí pretende construir una plaza pública denominada “Jardín del Rey” justo en el sector de las casas del barrio Al Bustan en la zona de Silwan en Jerusalén ocupada. Israel alega que hace unos 3.000 años en este sector se encontraba un jardín supuestamente perteneciente a los reyes de Israel.
De acuerdo con información entregada por los afectados, llevar los casos a tribunales israelíes podría constar a los residentes palestinos más de US$ 500.000, donde la esperanza de que estos tribunales -al servicio de la ocupación- hagan algo de justicia es casi nula.
El Monitor Mediterráneo Derechos Humanos (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor) dijo en un comunicado que la "operación de destrucción masiva y desplazamiento contra la población puede equivaler a una limpieza étnica y un crimen de guerra".
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