En un hecho cuando menos curioso y claramente en contra de derecho, Casal desconoció deliberadamente, y a tono con la postura del sector político que lo ungió como PROcurador interino que el DNU (que tiene fuerza de Ley hasta tanto lo desestimen ambas cámaras del congreso) no es constitucional.
El funcionario emitió opinión en contra de la constitucionalidad del decreto que suspendió por 15 días la presencialidad escolar en el Área Metropolitana, en un escrito enviado a la Corte, que debe definir la disputa entre Nación y Ciudad.
El PROcurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy en contra de la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual el presidente Alberto Fernández dispuso el cese de las clases presenciales por un período de 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), informaron fuentes judiciales.
El dictamen, que es de carácter no vinculante, fue entregado a la Corte Suprema de justicia, que quedó en condiciones de decidir sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.
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