Se la acusa por su responsabilidad en las represiones de noviembre de 2019 en Cochabamba y El Alto. Para aprobar el proceso se necesitan dos tercios de los votos. La expresidenta de facto afronta otras causas penales.
"Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (...) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez", informó anoche el presidente del TSJ, Ricardo Torres.
La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo.
De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo, informó la agencia de noticias AFP.
Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión.
Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la ex mandataria.
La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene una mayoría suficiente.
La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de "masacres".
También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes.
La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, Morales, renunciara presionado por mandos militares y se viera obligado a exiliarse en México y luego en Argentina tras ganar las elecciones para un cuarto mandato.
Tras la contienda electoral, 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales y por la represión de las fuerzas de seguridad de marchas de partidarios del derrocado mandatario de izquierda.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección del presidente Luis Arce, delfín de Morales, y en marzo fue detenida.
Junto a varios de sus ministros y ex jefes militares y policiales, es señalada como coautora de un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los Gobiernos del expresidente argentino Mauricio Macri y del exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno.
También el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, es cuestionado por su papel en la revisión de los resultados de esas elecciones.
La oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas.
Asimismo, la CIDH pone el ojo sobre la Justicia boliviana al destacar su "falta de independencia" y la "ausencia de garantías del debido proceso", además del "uso excesivo de la detención preventiva".
Áñez, de 54 años, intentó suicidarse el sábado tras conocer los cargos de genocidio en su contra.
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