La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado en La Plata solicitó el llamado a declaración indagatoria de catorce civiles, policías bonaerenses y militares de inteligencia por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTYE) Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield -que funcionaron en los recintos de las brigadas de investigaciones de la Policía bonaerense de esas ciudades- que incluyen nuevas víctimas, entre ellas personas trans y travestis cuyos casos se conocieron recientemente.
Las presentaciones de la Unidad Fiscal, integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda y el y la auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, fueron formuladas ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.
Todos los imputados requeridos por la fiscalía se encuentran detenidos en diferentes causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa y otras jurisdicciones. En efecto, actualmente están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Plata por su presunta responsabilidad en otros hechos perpetrados en los pozos de Banfield y Quilmes y en el CCDYTE “El Infierno”, que funcionó en la Brigada de Avellaneda. La fiscalía le indicó al juez que su intención es que los nuevos hechos puedan ser elevados a juicio oral para que se incorporen al juicio en curso. "La pretensión de esta parte es que los hechos (...) puedan unificarse en dicha instancia, en atención a la vinculación con los elementos de prueba valorados para atribuir responsabilidad penal a los imputados", señaló el MPF.
La fiscalía resaltó "el ensañamiento particular sobre los cuerpos de las mujeres cis en los CCDTYE y, por otro, la intensificación de la persecución, el ensañamiento y las violencias diferenciales sufridas por gays, lesbianas y personas trans y travestis en esos años".
Los acusados son el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Bergés; y los ex miembros del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército en La Plata: el entonces jefe de Actividades Psicológicas Guillermo Alberto Domínguez Matheu, los ex jefes de Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales Roberto Armando Balmaceda y Ricardo Armando Fernández, el jefe de la Sección de Operaciones Especiales Jorge Héctor Di Pasquale, el jefe de la Sección Central de Reunión Emilio Alberto Herrero Anzorena, el ex jefe de la Sección Reunión Interior Carlos María Romero Pavón y los ex capitanes Julio Alberto Candioti, Carlos Gustavo Fontana y Carlos del Señor Hidalgo Garzón.
A todos ellos la fiscalía les imputó los crímenes investigados en ambas causas, mientras que acusó sólo por los hechos del Pozo de Banfield al entonces director de Investigaciones "Zona Metropolitana" de la Policía bonaerense, Juan Miguel Wolk, y al ex jefe del Regimiento de Infantería de La Tablada, Federico Minicucci.
El Ministerio Público Fiscal detalló seis casos de víctimas del colectivo trans en la causa del Pozo de Banfield. En base al testimonio brindado por investigadores en ciencias sociales -con estudios sobre esa población y sobre los legajos de inteligencia policial- en la sede del juzgado, la fiscalía señaló que "el terrorismo de Estado argentino se caracterizó por imponer un modelo de país que tuvo diferentes aristas", entre las cuales "bregaba por garantizar la hegemonía de un modelo sexo-genérico en el cual los roles de mujeres (cis) y varones (cis) estaban completamente estereotipados y encorsetados: se esperaba que las mujeres desarrollaran sus vidas en el ámbito doméstico (como madres, como cuidadoras, como amas de casa) y, en cambio, los varones lo hicieran en el ámbito público".
La Unidad Fiscal añadió que "ese modelo no era nuevo y estaba fuertemente arraigado en la cultura machista de los años setenta" y que "nadie podía trasgredir la cis/heteronormatividad y quienes lo hacían recibían como respuesta la criminalización disciplinante". Precisó que ese aspecto "explica, por un lado, el ensañamiento particular sobre los cuerpos de las mujeres cis en los CCDTYE y, por otro, la intensificación de la persecución, el ensañamiento y las violencias diferenciales sufridas por gays, lesbianas y personas trans y travestis en esos años".
La presentación de la Unidad Fiscal sumó al objeto procesal de la causa otros 44 casos de personas que pasaron por aquél centro clandestino, por los que también pidió la convocatoria a prestar declaración indagatoria de los imputados, a quienes acusó de los delitos de privación ilegal de la libertad; abuso sexual con acceso carnal (violación) y abuso sexual simple (abuso deshonesto), delitos que tuvieron como víctimas a las personas trans y travestis; reducción a servidumbre, por cuanto individualizó casos de víctimas a quienes les obligaron "a limpiar, picar cascotes para arreglos edilicios que estaban llevando a cabo, lavar autos utilizados en operativos, cocinar, entre otras"; desaparición forzada; y homicidio calificado.
Por otro lado, la ampliación del objeto procesal requerida por la fiscalía en la causa por los crímenes en el Pozo de Quilmes abarca treinta nuevos casos, que comprenden a 53 víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos sustracción, retención y ocultamiento de una persona menor de diez años, desaparición forzada y homicidio calificado.
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