Muchos enumeran, incluso con lujo de detalles, los acontecimientos más significativos acaecidos en el enfrentamiento armado desde entonces hasta el estado de emergencia nacional por los próximos seis meses que decretó el Gobierno y aprobó el Parlamento la semana pasada.
Sin embargo, aquella fue la gota que colmó la escalada de enfrentamientos y hostilidades políticas entre el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, siglas en inglés) y el gobierno desde abril de 2018, fecha del ascenso al poder de Abiy Ahmed, tras años de protestas contra las autoridades federales.
Ahmed, primer oromo (etnia más grande del país) en ejercer la jefatura del gobierno, inició radicales reformas económicas y políticas que le valieron aprobación popular e incluso atrajo la mirada de las naciones occidentales, pero causó descontento en el Frente.
Una de las más sonadas muestras de respaldo público a la nueva administración sucedió entre junio y septiembre de 2018, cuando finiquitó el conflicto de casi 20 años con Eritrea, recibió al mandatario de esa nación, Isaías Afewerki, y quedó firmado un acuerdo de paz entre ambos estados.
Antes archienemigos, los países cerraron un largo capítulo de escaramuzas, pugnas y hostilidades de todo tipo, incluida una guerra entre 1998 y 2000, que segó la vida de casi 80 mil personas y descompuso miles de familias en ambos territorios.
La pacificación fue el principal argumento del Comité Noruego del Nobel para declarar a Abiy Ahmed Premio Nobel de la Paz-2019, en cuestión ahora debido al estallido, duración y saldo del conflicto armado en Tigray.
Tras las mamparas de las transformaciones, el TPLF, fuerza dominante de la coalición gobernante desde 1991, perdió protagonismo a partir de las acusaciones de tráfico de influencias, represión y otras prácticas ilegales o éticamente objetables contra algunos de sus líderes.
Y su reacción fue torpedear los pasos de las autoridades desde Tigray, territorio en el cual mantuvo hegemonía política, porque los consideraron peligrosos para el sistema federal del cual eran exponentes y son defensores e intentos de centralizar el poder.
Dos decisiones, una de ellas de la independiente Junta Nacional Electoral (NEBE), sobresalieron en las contradicciones hasta ahora irreconciliables entre el Frente y Abiy, como llaman aquí al primer ministro: la fundación del Partido de la Prosperidad y el aplazamiento varias veces de las elecciones generales.
Como parte de las reformas políticas, antes de finalizar 2019 fue desintegrado el Frente Democrático Revolucionario Popular Etíope, la otrora coalición gobernante formada por cuatro partidos étnicos y del cual el propio Primer Ministro era integrante cuando asumió el cargo.
Inmediatamente surgió el Partido de la Prosperidad, compuesto por ocho organizaciones regionales, del cual se desligó el TPLF, el más fuerte de la coalición disuelta, y fijó su posición opositora a la administración de Ahmed, ya expresada de dispares maneras.
Previstos para agosto de 2020 después de un primer aplazamiento, los sufragios fueron retrasados hasta dos veces más.
Inicialmente, la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento) determinó realizarlos cuando la Covid-19 no amenazara la situación epidemiológica del país, pero luego reconsideró esa disposición y resolvió celebrarlos el 5 de junio de 2021, pese al incremento de la enfermedad.
Debido a irregularidades en el registro de votantes e inestabilidades sociales en algunos estados regionales, las elecciones fueron aplazadas otra vez y finalmente las realizaron el 21 de junio último, aunque en varios colegios el proceso electoral concluyó más tarde.
Inhabilitado en el proceso de inscripción por la NEBE (siglas en inglés) y declarado organización terrorista por el Consejo de Ministro y el Parlamento, el TPLF no participó en las elecciones y dejó casi sin oposición al gobernante Partido de la Prosperidad, que ganó abrumadoramente.
Para el TPLF, las suspensiones de los sufragios fueron estrategias de Ahmed para prolongar su mandato, y en septiembre de 2020 organizó y realizó elecciones regionales, interpretadas como violación de la Constitución de la República y desacato a disposiciones parlamentarias.
Tigray desafió al gobierno central que no reconocía, ni reconoció después porque no participó en las elecciones generales. Y el Gobierno calificó de ilegal al TPLF y adoptó medidas acogidas en la septentrional jurisdicción como una declaración de intenciones agresivas.
Grosso modo, la conflagración estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro ordenó desplegar tropas en el estado, según alegó, en respuesta al ataque del Frente contra el Comando Norte del ejército federal.
Al parecer, había ya mucho líquido en el vaso de las discrepancias políticas o el recipiente era muy pequeño para las asperezas entre los principales actores políticos de la nación.
Sobrevino entonces una guerra colmada de cruces de acusaciones, masacres y violaciones de derechos humanos, millares de muertos y millones de desplazados, con alcance internacional y capaz de hundir al segundo país más poblado de África y la economía más importante del denominado Cuerno Africano.
Por: Rafael Arzuaga Junco, Prensa Latina
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