Ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti formuló hoy los cargos contra los acusados Carlos Somoza, Miguel Angel Conde, Hugo Castaño Monge, Roberto Julio Fusco, Carlos Daniel Caimi, Arnaldo Jose Roman, Francisco Orlando Agostino, Luis Pacífico Britos y Ramón Vito Cabrera, quienes están siendo juzgados en el marco de la megacausa Campo de Mayo.
Desde las 10.00 de la mañana y hasta las 14.00, la representante del Ministerio Publico Fiscal desarrolló de forma virtual la undécima jornada de su alegato. Allí describió las distintas funciones que realizaban los acusados y enumeró las imputaciones por las que, a criterio del MPF, deben ser condenados.
A su vez, Sosti describió lo que fue el Área Militar 400, que incluía los distritos bonaerenses de Zárate y Campana, en donde “las fábricas, las calles, las rutas estaban llenas de soldados para producir el aniquilamiento subversivo de esa zona”. Además, destacó que “más de cien personas se registran como víctimas del área” y que “casi no dejaron personas vivas para que pudieran describir cada uno de esos sitios clandestinos”.
Los nueve acusados forman parte de la veintena de imputados que se juzgan en el juicio, por los crímenes de lesa humanidad que cometieron contra 350 víctimas entre 1976 y 1978, cuando desempeñaban funciones en la guarnición militar de Campo de Mayo.
Formulación de cargos
La representante del MPF comenzó con el caso de Carlos Somoza, a quien individualizó como uno de los interrogadores y torturadores que tuvo el centro clandestino de detención “El Campito”. Recordó que el acusado era conocido por el apodo “Gordo 2”. La auxiliar fiscal precisó que “era tan brutal cuando torturaba que hasta el siniestro Gordo 1 le tenía que parar la mano porque estaba matando a un conscripto, que se ve que Gordo 1 no quería matar en ese momento”.
La funcionaría siguió con la acusación a Miguel Angel Conde, conocido también como “Caramés”, quien formó parte del Batallón 601 del Ejército, como agente de inteligencia.
Sosti remarcó que en el Área Militar 400 “detectaron, persiguieron, secuestraron, interrogaron bajo tormento, asesinaron a gran cantidad de trabajadores y militantes del peronismo y de las organizaciones de izquierda”.
Posteriormente, la auxiliar fiscal se centró en el desempeño de los gendarmes que operaron dentro de El Campito. Afirmó que “la función no se limitó a cuidarles las espaldas a los jerarcas de Institutos Militares que deambulaban por El Campito ni a todos los de inteligencia que operaron ahí”. “La función central fue la de ser los carceleros de las personas secuestradas en los galpones y en esa tarea fueron los que generaron las condiciones inhumanas en que los mantuvieron en ese cautiverio y en muchos casos fueron torturadores directos de esas personas”, indicó Sosti.
La representante del MPF sostuvo que “no sólo son coautores por perfeccionar el delito de privación ilegal de la libertad, sino también de los tormentos y los homicidios” e indicó que “todo el sufrimiento que tuvieron las victimas fuera de los ‘quirófanos’ es responsabilidad también de los gendarmes que marcaron el terror en los galpones y que hacían el traslado permanente de las personas de ese lugar al lugar de los tormentos”.
En ese sentido, manifestó que en este juicio apenas se juzgan a dos personas de ese grupo –Hugo Castaño Monge y Roberto Julio Fusco-, pero remarcó que en realidad hubo muchos agentes de esa fuerza implicados. “El nivel de sadismo fue brutal, sólo se limitaron a castigar, a humillar, a reducir a la nada”, caracterizó Sosti a ese grupo, y agregó que “el trato sin picanas también es tortura, en donde, en este caso, la brutalidad del maltrato era constante”.
Mientras Hugo Castaño Monge se desempeñó como jefe de los celadores en El Campito desde marzo de 1976 a diciembre de 1977, Fusco cumplió tareas como celador en ese centro clandestino a pesar de ser músico de Gendarmería. En este caso, Sosti indicó que “la banda de música ya casi no funcionaba, porque estaban todos abocados a realizar tareas de exterminio”.
El juicio tiene veinte acusados y aborda los casos de 350 víctimas. El epicentro de las acciones fue la guarnición militar de Campo de Mayo.
Más adelante, Sosti continuó con las imputaciones de los ex comisarios Carlos Daniel Caimi, quien cumplió funciones en la seccional 2da de San Martín, en Villa Ballester, y Arnaldo José Román, ex comisario a cargo de la comisaria General Sarmiento 1ª de San Miguel. Sobre el rol de las comisarias Sosti sostuvo: "eran el primer centro clandestino donde empezaban esas bestiales torturas" y agregó "es de lamentar que no se investigue y se juzgue como corresponde a todos los comisarios de la Zona 4, ya que de ese modo se alcanzaría a determinar la envergadura abrumadora del aporte que hicieron".
Área 400
Luego, la funcionaria comenzó con las imputaciones a integrantes del Área militar 400. Acusó puntualmente al jefe del área, Francisco Orlando Agostino; al jefe de Personal de la plana mayor del área, Luis Pacífico Britos; y a Ramón Vito Cabrera, jefe de la Fuerza de Tarea de Campo, que tenía el control interno de la fábrica militar de Tolueno.
“Durante todo el alegato, fui hablando del área 400 cada vez que describí un operativo de secuestros en Campana y en Zárate, ciudades fabriles por excelencia”, señaló Sosti, y agregó que “en Zárate estaba Atucha, la construcción del puente Zárate brazo largo, cooperativas como el frigorífico Martín Fierro, la cooperativa Zarate Sulfúrico, mientras que en Campana el imperio Dálmine Siderca, y otras metalúrgicas”.
“Hablé del área cada vez que mencioné cómo las fuerzas conjuntas invadieron los barrios de los trabajadores, metiéndose en las casas con violencia, revolviendo todo, rompiendo todo y agrediendo a todos”, continuó la funcionaria con su alocución y agregó que en ocasiones “iban directamente a secuestrar con camiones del Ejército venidos del Sur, del V Cuerpo [del Ejército, con sede en Bahía Blanca], con los vehículos que usaban los marinos y los patrulleros de las comisarías de Zárate y Campana”.
Por último, Sosti resaltó la impactante infraestructura de recursos que se desplegó en esa zona para producir el “aniquilamiento subversivo”. “Detectaron, persiguieron, secuestraron, interrogaron bajo tormento, asesinaron a gran cantidad de trabajadores y militantes del peronismo y de las organizaciones de izquierda”, señaló y destacó que “casi no dejaron personas vivas para que pudieran describir cada uno de esos sitios clandestinos”.
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