Desde el fin de semana los líderes oficialistas han dedicado varios mensajes en sus redes sociales y en sus declaraciones ante los medios para invitar al "pueblo boliviano" a unirse a la marcha.
"La #MarchaPorLaPatria es pacífica, fundamentalmente en defensa de la democracia porque la derecha racista que dio el golpe en #Bolivia en 2019 intenta recuperar el poder político que perdió con el voto del pueblo con planes de desestabilización para ‘tumbar’ a nuestro gobierno", escribió Morales en su cuenta de Twitter.
En otro mensaje el ex presidente añadió que la marcha "significa defender nuestras nacionalizaciones y políticas sociales, defender la democracia en #Bolivia defender a nuestro gobierno que logró 55 % de votos y defender nuestra revolución democrática y cultural".
Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes del Senado, Andrónico Rodríguez, de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, varias ministros, autoridades y legisladores del MAS han confirmado a lo largo de este lunes su participación en la "marcha por la patria".
Rodríguez señaló que esta movilización también es en "defensa de la recuperación de la democracia" y en "defensa del conjunto de los logros" que se han tenido en el primer año de gestión de Arce y del MAS tras recuperar el poder luego de la crisis de 2019.
La marcha, a la que se espera que se unan durante el recorrido ciudadanos y sectores afines al oficialismo, se prevé que llegue el día 29 de noviembre a La Paz, donde harán una gran concentración.
Organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) instruyó a participar en la marcha de manera «disciplinada y obligatoria» a todas las confederaciones, federaciones y demás bases campesinas, indígenas y cívicas.
La semana pasada el país estuvo semiparalizado por cuenta de un paro que duró nueves días en el que varios sectores cívicos y gremiales exigían la anulación de una polémica ley, que finalmente fue abrogada por decreto presidencial.
El paro de comerciantes, transportistas, cívicos y plataformas de opositores fue señalado por el Gobierno y sectores oficialistas como un intento de "desestabilización" y un "pretexto" para gestar un nuevo "golpe de Estado" como consideran que sucedió en la crisis de 2019.
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