“Cuando los primeros resultados electorales comenzaron a dar la victoria a Castillo, [Keiko] Fujimori declaró fraude electoral y realizó demandas sin fundamento buscando anular cientos de miles de papeletas emitidas principalmente por población pobre y rural que voto por Castillo”, afirmó Human Rights Watch.
La HRW criticó a Fujimori y a su partido por presentar cientos de demandas infundadas para anular las elecciones, sin que hayan presentado evidencias creíbles para fundamentar sus denuncias.
Además, dijo que miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú y otras autoridades padecieron intimidación durante las campañas electorales y el proceso de conteo de votos por parte del partido fujimorista.
Castillo, del partido Perú Libre, asumió las riendas del país andino para el período 2021-2026, después de que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclamara en agosto ganador del balotaje del 6 de junio frente al derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.
Castillo ganó las presidenciales con 44 000 votos de ventaja sobre su rival derechista. No obstante, Fujimori, sin presentar pruebas, acusó a Castillo de orquestar un “fraude sistemático en mesa” y pidió a las autoridades electorales anular miles de votos que iban por el candidato izquierdista. A su vez, el JNE rechazó estas reclamaciones y defendió su “transparencia”.
Además, desde la juramentación del profesor de primaria, el 28 de julio de 2021, los partidos de derecha del país andino han intentado preparar las condiciones para destituirlo, presentado acusaciones en su contra de haber mantenido con empresarios para favorecerlos ilegalmente. Castillo ha rechazado tales acusaciones y las considera como un acto antidemocrático los intentos por manchar su honor y reputación.
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