La iniciativa impulsada por la legisladora Ana Carolina Gaillard, propone modificar la Ley 23.737 del Régimen Penal de Estupefacientes con el fin de despenalizar el consumo personal, “con el objeto de despenalizar el consumo personal de estupefacientes, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que retoma la ya fijada por la misma Corte, en el histórico fallo, Bazterrica y Capalvo que declaró inconstitucional la persecución de personas usuarias de todas las sustancias”.
“La guerra contra las drogas fracasó, el prohibicionismo también”, afirmó Gaillard, al referirse a la iniciativa, y sostuvo que “el paradigma es el de salud pública por sobre la seguridad, y debemos legislar al respecto”.
El proyecto introduce cambios en diferentes artículos de la normativa. De esta manera,
el artículo 5 quedará redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de tres a 15 años y multa de 45 a 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes con fines de comercialización ilegal”.
“Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes con el fin de su comercialización ilegal; comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, estupefacientes, precursores químicos o materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización ilegal, los distribuya, los dé en pago, los almacene o los transporte; entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso”, añade el articulado.
Asimismo, se prevé que “la pena será de 2 a 8 años y multa de veinte (20) a seiscientas (600) unidades fijas, si la entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes se hiciera a título gratuito a una persona menor de edad, por parte de una persona mayor de edad”.
El proyecto es acompañado por los diputados oficialistas Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer.
La norma también establece la derogación del artículo 14 “resituando el propósito de la persecución penal orientada a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y desterrando figuras penales sui generis que no cumplen con el objetivo de proteger el bien jurídico que se propone la ley (salud pública) y son por el contrario fuente de sistemáticas afectaciones a los derechos fundamentales”.
Por otra parte, plantea eliminar la punibilidad en situaciones de “extrema vulnerabilidad o violencia de género, en atención a las recomendaciones efectuadas en tal sentido, por los órganos internacionales, y a la vista de una característica generalizada entre las llamadas ‘mulas’ o ‘camellos’, que suelen ser personas –generalmente mujeres- que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad socio económica o también, en virtud de situaciones de violencia de género, quedando expuestas a la sanción punitiva por una actividad que les es impuesta por sus parejas afectivas en el marco de una relación violenta”.
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