Familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew aguardan con expectativas de lograr "una reparación" el comienzo del juicio civil en Estados Unidos, previsto para el 28 de febrero, al exteniente de la Armada Argentina Roberto Guillermo Bravo (RE) por su presunta responsabilidad en los fusilamientos de presos políticos perpetrado el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Marina.
Mientras tanto, los impulsores de esta acción legal continúan a la espera de que la Justicia del Estado de Florida se expida sobre la extradición del represor a Argentina, donde está acusado de cometer delitos de lesa humanidad.
"Tenemos esperanzas de lograr una condena y seguimos peleando por la extradición. Hace diez años logramos las condenas por la masacre y conseguimos que se declarara el hecho como un delito de lesa humanidad. ¿Cómo no vamos a tener expectativas de lograr ahora un resultado favorable", señaló a Télam Ilda Bonardi, integrante del colectivo de Familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew.
El marino llegó a los Estados Unidos un año después de la masacre, enviado por la dictadura militar de Agustín Lanusse como agregado naval, y desde entonces vive allí, donde obtuvo la ciudadanía y desarrolló una lucrativa actividad empresarial que le permitió obtener contratos con el Departamento de Estado.
"Parece una película de ficción política que uno de los hechos más cruentos del siglo pasado sea abordado por un jurado de ciudadanos norteamericano y en el marco de una causa civil", le indicó a Télam el abogado chubutense Eduardo Hualpa.
El letrado representó a los familiares de las víctimas en el juicio oral y público que se realizó en mayo de 2012 por la llamada "Masacre de Trelew", ordenado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Los acusados fueron los ex marinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista.
Los primeros tres fueron hallados culpables y los restantes absueltos en primera instancia, aunque luego se revocó esa sentencia y se ordenó un nuevo juicio que nunca se concretó porque fallecieron, ya entrados en años, en medio del largo proceso judicial.
De todos, el único que en la actualidad cumple condena es el excabo primero Carlos Marandino, quien fue hallado culpable de haber participado del fusilamiento que se realizó hace casi 50 años en las celdas de la guarnición militar a donde fueron llevados los presos políticos que habían logrado fugarse, una semana antes, de la cárcel de Rawson.
Paradójicamente el único detenido fue el que, con su confesión, permitió que la causa se reabriera tras haber sido cerrada en el ámbito castrense durante los años '70.
"Los acribillaron sin ton ni son" confesó Marandino en febrero de 2008, tras años de silencio.
El juicio civil próximo a desarrollarse será ante una corte federal del distrito sur de Florida, donde Bravo -que nunca pudo ser llevado a proceso- reside desde 1973.
La información sobre las audiencias que comenzarán el 28 de febrero próximo fue confirmada esta semana por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa como querellante en esta causa.
"Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas demandaron a Bravo por su presunto papel en el fusilamiento de militantes detenidos en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972", detalló el CELS.
Y en ese sentido, agregaron: "La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación. Es una de las tantas estrategias que han desplegado las víctimas desde 1972 para obtener verdad y justicia por estos graves delitos".
"Esperamos obtener una reparación por daños y perjuicios y luego seguir avanzando para que Bravo responda ante la Justicia argentina", indicó Sol Hourcade, abogada del CELS que sigue el caso.
Se estima que el juicio será breve y habrá un veredicto al cabo de tres jornadas, durante las cuales se presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos.
Se le pedirá a un jurado compuesto por 12 ciudadanos estadounidenses que determine la culpabilidad de Bravo, quien si eso se produce deberá otorgarle daños compensatorios y punitivos a las cuatro familias que impulsan la demanda.
Si bien la causa es civil y no penal, es inevitable que se establezca qué pasó esa madrugada del 22 de agosto de 1972 en las celdas de la Base Almirante Zar de la ciudad chubutense y en el pasillo que conectaba a esas pequeñas habitaciones.
Allí murieron Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
De los alcanzados por las ráfagas de ametralladoras automáticas sobrevivieron María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, que lograron dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables, antes de ser desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.
Si bien la causa se enmarca en el fuero civil, para la gran mayoría la expectativa no está puesta en el monto del resarcimiento económico -si así se decidiera- al que pudieran acceder los familiares de las víctimas, sino en determinar la responsabilidad de Bravo en la masacre.
Los testimonios de sus propios camaradas lo ubican en el lugar de los hechos, con una participación activa y "vaciando el cargador" frente a jóvenes indefensos que buscaban refugio en las pequeñas celdas cuando comenzó la balacera.
El 9 de marzo de 2020, se realizó una audiencia en la Corte de La Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".
La decisión de enviar a Bravo a Argentina está en manos del juez Edwin Torres, que no tiene un plazo establecido para dar una sentencia sobre el caso.
"Creemos que desde hace dos años todo está dado para que haya una decisión, aunque sabemos que el juez no tiene plazos. La pandemia (de coronavirus) demoró una resolución sobre la extradición que reclamamos", puntualizó Hourcade.
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